por Alfredo Seguel
Ante un nuevo periodo de megaincendios forestales, en el Congreso continúa una ley clave de prevención (presentada en 2023), que ha permanecido estancada en el Senado. Hace algunos días, se lanzó una campaña ciudadana exigiendo su aprobación urgente. Proyectos similares fueron presentados hace más de una década y terminaron archivándose en el Congreso, evidenciando una inacción política sistemática.
Un historial de inacción legislativa frente a megaincendios forestales
Mientras Chile enfrenta una devastadora temporada de incendios forestales, con un saldo trágico de víctimas fatales y miles de hectáreas consumidas, el Congreso Nacional se encuentra pronto a su receso de verano, con vacaciones establecidas por su autorreglamento, que partirán el sábado 31 de enero y se extenderán hasta el 2 de marzo.
En este contexto, una ley clave para la prevención y combate de estos siniestros, ingresada en 2023, permanece estancada en el Senado, reactivando el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado y la urgencia de las políticas públicas ante la crisis climática.
Lanzan petición ciudadana para exigir al Congreso la aprobación de la ley de incendios
La organización ambientalista Greenpeace lanzó el miércoles 21 de enero la campaña #ChileSinCenizas, una petición ciudadana que busca presionar al Senado para que apruebe con la máxima celeridad la Ley de Prevención de Incendios Forestales. La iniciativa, detenida en su segundo trámite constitutivo hace casi dos años, es considerada por la ONG como un «avance fundamental» para prevenir nuevos desastres. Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace, cuestionó la demora: “Cuesta entender la demora del Senado para avanzar proactivamente en esta discusión”.
Greenpeace fundamenta su llamado de urgencia en las alarmantes cifras de la temporada 2025-2026. “La superficie afectada por estos alcanza las 58.934,8 hectáreas, equivalentes a un 207% de aumento respecto de la temporada anterior, lo que significa que este año se ha quemado tres veces más superficie”, explicó Espinosa. El proyecto de ley, que cuenta con urgencia suma, fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y desde entonces permanece en la Comisión de Hacienda del Senado.
Más allá de la ley específica, Greenpeace enfatiza la necesidad de una planificación territorial que incorpore la gestión del riesgo, políticas efectivas de prevención y educación ambiental, y la protección de ecosistemas nativos e hídricos. La vocera concluyó con un llamado a la acción: “No podemos esperar a que el fuego vuelva a arrasar con todo… es urgente que la ciudadanía exija a parlamentarias y parlamentarios aprobar de inmediato la Ley”. La organización dispuso una plataforma para que la ciudadanía envíe mensajes de presión directamente a los senadores.
**Las otras leyes sobre incendios que se archivaron en el Congreso:
La historia legislativa de esta norma es un ciclo repetitivo de advertencias e inacción. A modo de ejemplo, un proyecto de ley (boletín 9810-01) presentado en diciembre de 2014 por el exsenador Alejandro Navarro, proponía una franja de seguridad de 500 metros entre plantaciones forestales y poblados, reemplazando pinos y eucaliptos por cultivos de bajo riesgo. En agosto de 2016, se refundió con una moción aún más estricta del fallecido senador Antonio Horvath (boletín 10.030-01), que exigía mil metros de distancia y prohibía nuevas plantaciones pirógenas cerca de poblados. Esta fusión, lejos de acelerar el trámite, sólo consolidó el estancamiento en la Comisión de Agricultura del Senado, en tiempos que presidía el senador UDI Juan Antonio Coloma.
Pese a las catástrofes, los llamados de urgencia cayeron en saco roto. En julio de 2018, tras los mortíferos incendios, Navarro pidió urgencia al gobierno de Piñera, argumentando que «el modelo forestal no puede seguir siendo intocable». En enero de 2021, emplazó directamente al presidente de la comisión, Juan Castro, y al entonces presidente Piñera: «No puede ser que los pinos y los eucaliptus sigan siendo más importantes que vidas de los chilenos». La respuesta fue el silencio, y el proyecto fue finalmente archivado en junio de 2024.
El bloqueo no se limita a la ley de distancias. Un paquete de iniciativas complementarias y cruciales sufre la misma parálisis desde hace años. Un proyecto que obliga a las forestales a tener planes de prevención y combate de incendios (también de 2014), una moción para capacitar y financiar a Juntas de Vecinos rurales como brigadas preventivas (2019), y una ley para garantizar derechos laborales y seguridad a los brigadistas forestales, yacen en distintas comisiones del Congreso sin avance.
Esta inacción legislativa persistente contrasta con la evidencia dramática en los territorios. Las tragedias de 2017, 2023 y ahora 2026 han sido «prevenibles», según Navarro, quien denuncia una «omisión premeditada» al no exigir responsabilidades a las empresas dueñas de «la materia prima donde está el fuego». Mientras el Estado ha subsidiado seguros para el sector forestal, las comunidades siguen expuestas, y las leyes que podrían protegerlas acumulan polvo en los escritorios de los “honorables”.
El reciente caso de Penco – Lirquén no es una fatalidad aislada, sino el resultado predecible de un modelo forestal desregulado y de una falla sistémica de la política. Más de una década de advertencias, proyectos de ley y tragedias recurrentes no han sido suficientes para que el Congreso priorice la seguridad de las personas por sobre los intereses de un modelo que ha demostrado ser, literalmente, incendiario.
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