por Mariano Féliz

El 3 de febrero renunció Marco Lavagna, el director del INDEC, presionado por el gobierno de Javier Milei para no actualizar el índice de precios al consumidor (IPC). Luis “Toto” Caputo no quiere que la inflación siga subiendo y prefiere poner en juego la confianza en las estadísticas, que presentar números realistas. Frente al fracaso de la política económica, el Instituto de Estadísticas queda bajo una intervención de facto para seguir pisando la inflación.

Desde el gobierno de Alberto Fernández se viene demorando la actualización de la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor (IPC) realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El IPC debe registrar el cambio en los precios del conjunto de los bienes y servicios de consumo masivo. Para su cálculo se usa una base de comparación que debe ser actualizada periódicamente para que el indicador refleje el cambio en los patrones de consumo. El índice actual tiene una base de referencia en 2004/2005, cuando se realizó una Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo). En 2018 se realizó un nuevo relevamiento de la ENGHo, pero los nuevos datos no se incorporaron al cálculo del IPC.

Con la llegada de Milei, luego de la devaluación feroz a fines de 2023, la desregulación del DNU 70/23 y la ley Bases, y el ajuste violento en las tarifas de servicios públicos, la base de 2004/2005 quedaba ya demasiado lejos. Los consumos habían cambiado muchísimo: el consumo de servicios se multiplicó (nuevos productos, precios más altos) y bajó el peso relativo de los alimentos (precios relativamente más baratos por el dólar congelado). El IPC claramente no refleja el impacto que el ajuste de “Toto” Caputo y compañía producían en la capacidad de compra de los hogares, en particular por el fuerte incremento de las tarifas de servicios públicos (ej., luz, gas, y transporte) y privados (ej., prepagas).

Bajo una creciente presión, el INDEC dirigido por Marco Lavagna anunció a finales de 2025 que a comienzos de 2026 se reemplazaría la base 2004/2005 por la más reciente de 2018, menos desactualizada. Lavagna había ingresado al INDEC de la mano de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández y continuó tras la llegada de Milei.

En los meses previos a esa decisión, estimaciones privadas calculaban que teniendo en cuenta los datos existentes de la ENGHo 2018, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 era, al menos, 40 puntos porcentuales más alta que la registrada por el INDEC (288,2% contra 249,5%). Esto significaba que el poder de compra de los salarios había bajado al menos 9 puntos porcentuales más que la estimación oficial. Desde el inicio del gobierno de Milei los salarios reales no bajaron 6,4% sino que cayeron un brutal 15%. Ese número es claramente más compatible con caídas impactantes en los distintos rubros de consumo masivo. Además, este cambio provocaría que el cálculo de la pobreza por ingresos sea mayor al informado oficialmente. Por otro lado, un cálculo de inflación más alto, aumentaría el pago de intereses por la deuda pública en pesos ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y también afecta los plazos fijos UVA, que se actualizan por el IPC.

A pocos días de la publicación del nuevo IPC (martes 10 de febrero), la renuncia de Lavagna (reemplazado por un técnico del INDEC Pedro Lines) abrió un sinnúmero de suspicacias. Para completarlo, el Ministro de Economía Caputo anunció por radio que se postergaría indefinidamente la actualización del IPC. Según sus palabras, sólo se actualizará cuando “la desinflación esté consolidada”, es decir, cuando ellos digan que es así. Les trabajadorxs de ATE-INDEC salieron a denunciar la medida y exigen un “INDEC independiente de los gobiernos de turno”, como han hecho siempre.

Por una decisión similar (intervención del INDEC bajo la supervisión de Guillermo Moreno), durante el primer gobierno de CFK, la oposición liderada en su momento por Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Margarita Stolbizer, Sergio Massa y compañía, salieron a denunciar una intervención del organismo y publicaron por varios meses el índice de “inflación del Congreso”, una suerte de índice “blue” (paralelo), calculado como promedio de estimaciones privadas. Ese índice era, por lo menos, poco riguroso en su cálculo, pero sirvió para alimentar el cuestionamiento al gobierno de Cristina Fernández. ¿Hoy esos mismos personajes, u otros, harán lo mismo? ¿Quién cuestionará la manipulación estadística del gobierno anarco-capitalista más loco del mundo?

Imagen de portada generada con Inteligencia Artificial (Chat GPT)

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