por Aratz Estonba Iturriza*  

La situación actual de la justicia en Chile vuelve a quedar en entredicho tras la sentencia dictada en el denominado Caso Quilleco, un proceso judicial marcado por dilaciones injustificadas, graves vulneraciones al debido proceso y una condena que incluso supera las penas solicitadas por el propio Ministerio Público, dejando en evidencia un preocupante alineamiento entre el Poder Judicial, el empresariado forestal y el Gobierno.

Tras dos postergaciones del juicio oral finalmente se realizó el proceso contra los 7 comuneros mapuche, todos los cuales fueron condenados, sin pruebas condenatorias. Así y todo, el tribunal dictó penas de 17 ,15 ,7 y 5 años de prisión, asignando a dos de ellos la calidad de autores intelectuales y a los otros cinco la de autores directos del delito de quema de camiones y amenazas.

Estas condenas resultan especialmente graves, ya que exceden lo solicitado por la Fiscalía, lo que refuerza la percepción de una sentencia ejemplificadora y de carácter político, orientada a satisfacer intereses empresariales antes que los estándares mínimos de justicia.

Un juicio marcado por dilaciones y vulneraciones de derechos

Desde el 13 de octubre de 2023, cinco de los imputados del Caso Quilleco permanecieron privados de libertad en prisión preventiva por más de dos años, sin antecedentes penales previos. Durante ese período, la autoridad judicial postergó en al menos dos ocasiones la etapa procesal del juicio caso, vulnerando estándares internacionales básicos en materia de Derechos Humanos, como el derecho al debido proceso y a ser juzgados en un plazo razonable, obligaciones que el Estado chileno está comprometido a cumplir.

El proceso estuvo liderado por el cuestionado fiscal Juan Yáñez, y contó con la activa participación como querellante de Forestal Arauco (Grupo Angelini), junto a otros actores con gran poder económico, lo que desde un inicio generó dudas fundadas sobre la imparcialidad de la persecución penal.

Durante la investigación se denunciaron múltiples irregularidades, entre ellas una reformalización que habría sobrepasado los márgenes que permite la propia legislación chilena, la entrega tardía e incompleta de antecedentes a la defensa y el uso de testigos sin rostro, muchos de ellos vinculados al sector forestal.

Condenas más altas que lo pedido por la Fiscalía

Uno de los elementos más alarmantes del fallo es que el tribunal impuso penas superiores a las solicitadas incluso por el Ministerio Público, dejando en evidencia que la sentencia no responde únicamente a la acusación fiscal, sino a una lógica de castigo ejemplar que pasa por alto el principio de proporcionalidad y refuerza la tesis de una justicia subordinada al entramado empresarial forestal en colusión con el Gobierno.

Este hecho desnuda una realidad inquietante: la justicia chilena actuando más allá de su propio acusador, endureciendo penas como señal política hacia el movimiento mapuche y las comunidades en resistencia.

Un proceso plagado de irregularidades

El Caso Quilleco se origina en hechos ocurridos el 13 de octubre de 2023 en la comuna de Quilleco, donde —según la Fiscalía— un grupo de encapuchados habría intimidado a un trabajador forestal, robado una camioneta y quemado dos camiones, imputándoles además delitos de porte de armas e incluso un supuesto homicidio frustrado contra Carabineros.

Los comuneros imputados son Óscar Cañupan, Bastián Llaitul, José Lienqueo, Roberto Garling y Axel Campos. Las querellas fueron impulsadas por Forestal Arauco, un contratista de Forestal Mininco/CMPC (Grupo Matte), Trasportes  Inostroza y la Delegación Presidencial del Biobío y el Ministerio Público.

Durante el juicio oral, realizado en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, se realizaron  jornadas excesivas, audiencias de más de cinco horas, imputados permanentemente engrillados de manos, incluso en modalidad semipresencial, sin que se permitiera en ningún momento retirar las medidas de sujeción.

El juez presidente, Marcos Pincheira, incluso cuestionó la presencia de observadores internacionales de Derechos Humanos, solicitando las acreditaciones .

Prisión preventiva como castigo anticipado

Resulta especialmente grave que, en un Estado que se define como democrático y respetuoso del derecho, personas que debieran presumirse inocentes hayan permanecido más de dos años en prisión preventiva, sin soporte legal suficiente y sin antecedentes penales.

Durante este periodo, los presos políticos mapuche realizaron dos huelgas de hambre, exigiendo garantías mínimas como la presencialidad en audiencias y el respeto a un plazo razonable, demandas que solo fueron parcialmente acogidas y que, en la práctica, no impidieron nuevas vulneraciones.

Criminalización política y patrón estructural

Para la Nación Mapuche y diversas organizaciones sociales, el Caso Quilleco no es un hecho aislado, sino parte de un patrón estructural de criminalización política, donde se repiten las mismas prácticas: uso de testigos sin rostro, dilaciones injustificadas, prisión preventiva prolongada y sentencias desproporcionadas.

El fallo confirma un escenario de represión jurídica continuada, en el que el capital forestal y el aparato estatal operan como una unión neocolonial, utilizando la jurisprudencia como herramienta de control territorial y disciplinamiento político.

Diversas organizaciones han denunciado incluso la falta de pruebas suficientes para sustentar la condena, lo que refuerza la percepción de un juicio orientado más a castigar que a esclarecer los hechos.

¿Puede el Estado chileno garantizar justicia al pueblo mapuche?

Los hechos evidenciados en el Caso Quilleco abren una pregunta de fondo:

¿Tiene el Estado chileno la capacidad real —y la voluntad política— de garantizar un debido proceso a los presos políticos mapuche?

Mientras no se ponga fin a estas prácticas, mientras las condenas sigan respondiendo a intereses empresariales y no a pruebas concretas, y mientras la prisión preventiva continúe siendo utilizada como castigo anticipado, la justicia en Chile seguirá siendo cuestionada, especialmente en el Wallmapu.

Las demandas históricas de los comuneros siguen siendo claras: libertad a los presos políticos mapuche, fin a los testigos sin rostro, no aplicación de la Ley Antiterrorista, fin al estado de excepción, respeto a las garantías judiciales y culturales, solidaridad activa y permanente a los presos políticos mapuche, a las familias y lof que sostienen la resistencia.

* El autor es un abogado vasco y observador internacional de derechos humanos