En un giro determinante para uno de los casos de derechos humanos y justicia política más extensos de la transición, Según informa hoy El Mercurio, los tribunales de segunda instancia de Argentina retiraron la calidad de refugiado a Galvarino Apablaza Guerra. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), conocido como el “comandante Salvador”, es requerido por la justicia chilena como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards en 1991.
La resolución, dictada por la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal, reactiva un proceso de extradición que permanecía “congelado” desde 2010, año en que el gobierno de Cristina Fernández le otorgó asilo político. Aunque la defensa del exfrentista ya adelantó que recurrirá a la Corte Suprema argentina, el fallo representa un triunfo jurídico para el Estado de Chile, que ha insistido durante décadas en que existan garantías democráticas para su juzgamiento.
El fin de un blindaje político-judicial
La batalla por el estatus de Apablaza ha cruzado diversos gobiernos trasandinos. Bajo la administración de Mauricio Macri se le retiró el beneficio por primera vez, pero una serie de apelaciones habían mantenido su protección hasta hoy. El abogado querellante de la familia Guzmán, Pablo Toloza, valoró la noticia señalando que, de confirmarse el fallo, “se puede concretar la extradición decretada por la Corte Suprema Federal el 14 de septiembre de 2010”.
Por su parte, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien dirige la indagatoria en Chile, ya fue informada de la sentencia. El proceso ha sido seguido de cerca por la Cancillería y la PDI, quienes esperan la notificación formal para coordinar los pasos operativos una vez que el fallo quede ejecutoriado.
Los argumentos de la defensa y el factor psicológico
Pese al avance, el defensor de Apablaza en Chile, Alberto Espinoza, subrayó que la condición de refugiado se mantiene vigente “mientras el fallo no quede firme”. En el pasado, la defensa ha argumentado que el exfrentista no está en condiciones psicológicas de enfrentar un juicio en Chile debido a las torturas sufridas durante el régimen militar, tesis que fue recordada por el embajador José Antonio Viera-Gallo ante el Senado en 2024.
No obstante, el criterio de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo parece alinearse con la postura de que el sistema judicial chileno actual ofrece todas las garantías de un debido proceso. La resolución de la Corte Suprema argentina será la última instancia que defina si, después de 35 años del crimen del fundador de la UDI, su presunto autor intelectual regresará al país para enfrentar a la justicia.
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