La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una denuncia penal ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, solicitando la investigación y procesamiento de Rom Kovtun bajo la Ley 20.357 de Chile, que tipifica como delito el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma.

La demanda fue presentada formalmente por el abogado chileno Pablo Andrés Araya Zacarías , socio de Silva-Riesco Abogados y representante de HRF. La demanda invoca la jurisdicción universal, activada por la presencia física de Kovtun en Chile.

El acusado y su papel operativo

Según la denuncia, Rom Kovtun, un israelí-ucraniano, sirvió como francotirador en el 424º Batallón “Shaked” de la Brigada Givati , que operaba bajo la 401ª Brigada Blindada durante las operaciones a gran escala de Israel en Gaza.

La presentación detalla su presunta participación en el asedio y destrucción del Hospital Al-Shifa entre marzo y abril de 2024, una operación que resultó en una destrucción masiva de infraestructura médica y muertes de civiles, incluidos pacientes y personal médico.

La denuncia alega que Kovtun:

Participó en el cerco y control militar del recinto hospitalario;

Operaba como parte de las posiciones de francotiradores que rodeaban la instalación;

contribuyó al fuego letal sostenido dentro y alrededor del perímetro del hospital;

Participó en condiciones que impidieron la evacuación segura de civiles;

Contribuyó a las circunstancias que llevaron a muertes causadas por la privación de alimentos, agua, atención médica y acceso humanitario.

Tras la retirada de las fuerzas israelíes, los informes documentaron fosas comunes, destrucción generalizada y graves daños al mayor complejo médico de Gaza.

Caracterización jurídica de la conducta

En virtud de la Ley 20.357 de Chile, la denuncia califica la presunta conducta como crímenes de lesa humanidad por participar en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluyendo someter a civiles a condiciones de existencia que les causan la muerte o daños graves; como genocidio por contribuir a la imposición deliberada de condiciones de vida que tengan por objeto la destrucción física, total o parcial, de un grupo nacional protegido; y como crímenes de guerra, incluyendo ataques contra civiles, ataques contra instalaciones médicas protegidas y la destrucción de bienes civiles no justificada por necesidades militares. La denuncia argumenta además que el asedio de un hospital en funcionamiento —un bien especialmente protegido por el derecho internacional humanitario— constituye una de las categorías más graves de violaciones.

Jurisdicción de los Tribunales Chilenos

La demanda establece el fundamento jurídico de la jurisdicción chilena, señalando que Chile ha ratificado el Estatuto de Roma y las Convenciones de Ginebra, y que la Ley 20.357 tipifica el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra en su legislación nacional. Además, explica que la jurisdicción universal está reconocida en la jurisprudencia chilena, que Kovtun se encuentra físicamente presente en Chile y que Israel no ha procesado a nadie por los presuntos crímenes. Sobre esta base, la demanda afirma que los tribunales chilenos son legalmente competentes y están obligados a actuar. Por lo tanto, HRF ha solicitado que el tribunal admita la demanda, abra una investigación penal formal, asigne a la Brigada de Delitos Contra los Derechos Humanos (BRIDEHU) la realización de las diligencias de investigación, la localización e interrogatorio de Kovtun, y la imposición de medidas cautelares que impidan su salida de Chile.