por José Manuel Rivero

En la historia de los procesos revolucionarios, el dogmatismo suele ser el preludio de la derrota, mientras que la capacidad de realizar un análisis frío y materialista de la coyuntura concreta es lo que garantiza la continuidad histórica. 

Las imágenes que hemos presenciado este 11 y 12 de febrero de 2026 —la Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibiendo en el Palacio de Miraflores al Secretario de Energía de los Estados Unidos, Christopher Wright, y concediendo una entrevista a la cadena NBC— han desatado una tormenta de comprensible confusión en ciertos sectores de la izquierda internacional y del propio movimiento bolivariano. Se oyen acusaciones graves: entreguismo, pacto con el verdugo, traición a la memoria de los caídos del 3 de enero. Sin embargo, un análisis riguroso, despojado de esquematismos ideológicos y centrado en la correlación real de fuerzas, nos revela que no estamos ante una capitulación, sino ante una maniobra de supervivencia política. Una maniobra que encuentra su espejo histórico más fiel en la praxis de Vladimir Ilich Lenin.

Para entender la «asociación productiva a largo plazo» y las recientes medidas de distensión, debemos volver al origen de la contradicción actual: la operación «Lanza del Sur». La realidad objetiva es que, el 3 de enero, la tecnología militar estadounidense y su voluntad de aniquilación rompieron el equilibrio disuasorio que había prevalecido. Las alianzas estratégicas con potencias amigas como Rusia y China, fundamentales en la última década para la resistencia económica y política, mostraron sus límites fácticos ante la velocidad de la agresión. El imperialismo bombardeó distintas ciudades y lugares estratégicos de Venezuela en una incursión relámpago, causando más de cien muertos y logrando el secuestro del Presidente constitucional Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Ante este escenario de catástrofe inminente, donde la opción era la inmolación colectiva bajo una segunda oleada de bombardeos o la preservación del instrumento político para seguir luchando, la dirigencia bolivariana, con una lucidez que la historia reconocerá, optó por la vida del proyecto revolucionario.

Es aquí donde la historia nos convoca al invierno ruso de 1918. La joven República Soviética, asediada y exhausta por la guerra imperialista, se enfrentaba al avance implacable del ejército alemán. Lenin, contra la opinión de los «comunistas de izquierda» que exigían una guerra revolucionaria percibida como heroica pero objetivamente suicida, impuso la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Aquel acuerdo fue dolorosísimo: Rusia cedió vastos territorios, población y recursos industriales a Alemania a cambio de una sola cosa: un respiro, la paz inmediata. La tesis leninista fue de una claridad meridiana: había que «ceder espacio para ganar tiempo». Era imperativo sacrificar lo accesorio —territorio y recursos, recuperables en otra correlación de fuerzas— para salvar lo esencial: la existencia misma del poder soviético. La historia le dio la razón. Ese «respiro» permitió consolidar el Estado, crear el Ejército Rojo, y décadas después, esa misma Unión Soviética fue la fuerza que quebró la espina dorsal del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, con un costo humano incalculable, pero también la potencia que, en años posteriores, contribuyó decisivamente a la lucha anticolonial y a la independencia de numerosos pueblos, y sostuvo solidariamente a la Revolución Cubana ante el bloqueo criminal de Estados Unidos.

Lo que Delcy Rodríguez, como Presidenta Encargada, ejecuta hoy es una transposición dialéctica, salvando las distancias históricas, de la lección estratégica de Brest-Litovsk. Al sentarse a hablar de «justicia comercial» ante las cámaras estadounidenses, está aplicando la máxima leninista en el Caribe: ceder «espacio» (recursos energéticos, cuotas de mercado) para ganar «tiempo» (la supervivencia física del Estado y la reorganización de las fuerzas revolucionarias). Pero esta maniobra de repliegue táctico no se limita a lo económico; se extiende al complejo terreno de la pacificación interna. La reciente decisión de otorgar amnistías no debe leerse bajo el prisma distorsionador de la propaganda occidental, que habla de «presos políticos». Se trata de una medida de Estado profundamente soberana y valiente, aplicada sobre individuos procesados por delitos que, bajo cualquier legislación de un país occidental, serían calificados sin ambages como terrorismo. Al amnistiarlos, el Gobierno Bolivariano no reconoce una injusticia, sino que ejerce una potestad superior: desarma el pretexto de la «intervención humanitaria» y desinfla la bandera de la «persecución» que el imperialismo utiliza para justificar sus bombas. Es una descompresión calculada del frente interno, un gesto de soberanía que aísla a los factores de inestabilidad mientras se negocia en el frente externo.

Esta jugada, de una audacia política indiscutible, conlleva un efecto colateral devastador para los enemigos internos de la Patria. Al establecer una interlocución directa con la Casa Blanca a través del petróleo —el verdadero fetiche del capital que mueve la política exterior estadounidense— y al «limpiar» el tablero político interno mediante la amnistía, el Gobierno ha neutralizado de facto a la oposición golpista. Obsérvese cómo el enviado de la administración Trump habla ahora de trabajar con «el gobierno en Miraflores». María Corina Machado y sus acólitos, que soñaban con entrar en Caracas sobre los tanques de los Marines, han quedado reducidos a la más absoluta irrelevancia. 

El imperio, en su pragmatismo más crudo y cruel, ha decidido entenderse con quien ostenta el control real del territorio y los recursos, desechando sin contemplaciones a sus peones locales. Lejos de ser una traición, esto constituye una victoria táctica de primer orden: desarticula la amenaza interna mientras se gestiona la agresión extranjera, partiendo a la quinta columna y dejándola sin capacidad de desestabilización.

Quienes, desde una legítima indignación y rabia, claman «entreguismo» desde postulados abstractos, olvidan que el objetivo supremo en esta etapa no es la pureza de una estética revolucionaria, sino dos metas concretas e irrenunciables: evitar que Venezuela sea reducida a cenizas como Gaza, y lograr el regreso con vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La Presidenta Encargada lo dejó claro en todo momento, incluso ante los medios estadounidenses que cubrieron la visita de Christopher Wright: Nicolás Maduro sigue siendo el único líder legítimo, y su liberación es el eje de toda interlocución. Cada barril de petróleo que hoy se negocia, cada gesto de distensión bajo esta «tregua armada», no es un fin en sí mismo, sino una ficha en el tablero para negociar la libertad de los secuestrados. La coyuntura política y la necesidad de preservar el aparato productivo exigen hoy frenar la agresión; si para ello es necesario sentarse con el monstruo en su propia guarida, se hace. No por sumisión, sino como el único camino dialéctico para preservar la soberanía a largo plazo y recuperar al Presidente constitucional. 

La historia, con la perspectiva que da el tiempo, absolverá esta estrategia. Porque la revolución no se suicida; resiste, maniobra, sobrevive y, desde esa supervivencia forjada en la audacia, seguro que vencerá.