Nadie puede negar en sus análisis que hoy Venezuela camina por un sendero de incertidumbre, con el aire cargado de tensión y las calles llenas de una mezcla de resistencia, desasosiego y comprensible cansancio. El bloqueo económico y las sanciones no son fantasmas, sino que suponen una devastación materialmente cuantificable. Entre 2017 y 2024, las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos y sus aliados hicieron que el país perdiese alrededor de 226.000 millones de dólares en ingresos petroleros, el equivalente a unos 77 millones de dólares diarios, atendiendo a la comparación entre la producción real con la que podría haber tenido Caracas sin el peso de la agresión imperialista sobre su espalda. Venezuela pasó de producir más de 3 millones de barriles diarios antes de las sanciones a niveles de producción muy inferiores, con exportaciones promedio de apenas 805.000 barriles diarios en 2024. Todo ello debido a las restricciones comerciales y a la imposibilidad de acceso a mercados tradicionales.
Por Daniel Seixo
Esto no es simple retórica, estas pérdidas se traducen en menos divisas para importar medicinas y bienes esenciales, en una caída real en la capacidad de sostener programas sociales y en un impacto directo en la existencia cotidiana de millones de familias. Y por si eso fuese poco, añadamos a esa situación la retención de cerca de 20.000 millones de dólares y decenas de toneladas de oro venezolano en el extranjero, arrancadas de las manos del Estado bolivariano, impidiendo con ello que puedan ser utilizadas para aliviar la crisis humanitaria en medio de la guerra económica impuesta por Washington. Todo ello provoca víctimas de carne y hueso, no cifras abstractas.
Esta asfixia se traduce directamente en quirófanos parados y falta de insumos para diálisis o tratamientos oncológicos, en una educación con infraestructuras deterioradas por falta de presupuesto o en una denotada lucha diaria para garantizar la correcta alimentación de grandes sectores de la clase trabajadora venezolana. Lo que hace que la luz parpadee en barrios y ciudades y la realidad concreta se haya convertido en un acto de negociación constante, donde cada decisión política reverbera de forma inmediata en la mesa de la familia, en los puestos de las plazas, en la fila del transporte público cada mañana camino del trabajo. La Revolución Bolivariana se sostiene actualmente sobre esta realidad concreta, donde la política no es discurso, sino carne, sudor y hambre. Y donde cada gesto del exterior tiene un costo inmediato para la gente en Venezuela.
El pasado enero, la situación dio un giro aún más dramático. El ataque sorpresa y el secuestro del presidente Nicolás Maduro demostraron que la agresión no es solo económica o simbólica, sino también militar y directa. Esa cobarde acción reveló la vulnerabilidad del país frente a fuerzas externas que no dudan en intervenir brutalmente cuando sus intereses se ven amenazados, subrayando de este modo la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre resistencia interna y maniobra estratégica frente al imperialismo. Desde entonces, cada decisión del gobierno bolivariano, desde la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos hasta las medidas de amnistía, se debe leer bajo la sombra de esa amenaza concreta y la intención principal de lograr garantizar la supervivencia del país, sostener la vida de millones de venezolanos y evitar que el caos externo se traduzca en un rápido desmoronamiento interno.
El análisis prudente, exige atender a las letras pequeñas y los pies de página. Porque es ahí, en las cláusulas, en las licencias, en los detalles administrativos de todo este proceso de coerción, donde se revela la verdadera relación de fuerzas. El ruido de las consignas, las simplificaciones y las acusaciones de «entrega», suelen ignorar precisamente el terreno donde se decide lo esencial, quién controla, quién presiona, quién impone y quién, aun golpeado, consigue todavía mantener sobre el tablero la frágil posibilidad de maniobrar.
Reforma de la Ley de Hidrocarburos
Precisamente, la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela refleja tensiones profundas entre soberanía, necesidad material y coerción económica. En un contexto de sanciones y presión internacional, el Estado busca atraer inversiones, flexibilizar el marco regulatorio y garantizar la operatividad de una industria debilitada; conviene, sin embargo, separar rumores y versiones interesadas de lo que realmente establece la ley y del contexto en que se produce. La reforma respeta la titularidad estatal sobre los yacimientos, bienes de dominio público según la Constitución venezolana, e introduce un régimen fiscal y de participación que pretende garantizar competitividad y equilibrio económico, manteniendo regalías de hasta el 30 % y un nuevo impuesto integrado cuya aplicación queda sujeta a criterios del Ejecutivo según condiciones de mercado y viabilidad del proyecto. No obstante, su posible éxito dependerá en gran medida de la gestión efectiva de inversiones, tecnología y condiciones de mercado, así como de evitar errores estructurales que históricamente han afectado a la industria petrolera venezolana.
Esta modificación se produce en un momento en que las cifras petroleras venezolanas muestran signos de recuperación, pero también fragilidades en un mercado que ha evolucionado con rapidez y se mantiene altamente competitivo. Tras años de caída luego de un auge que superó los 3 millones de barriles diarios, Caracas ha logrado recuperar niveles de extracción y exportación superiores a los observados recientemente bajo un régimen de sanciones. Durante 2024, la producción nacional rondó los 952.000 barriles diarios, con exportaciones promedio de alrededor de 800.000 barriles, generando ingresos de más de 17.500 millones de dólares según cifras internas citadas por medios internacionales.
De hecho, esta presión no se limita a sanciones abstractas, sino que se expresa en el control directo de los márgenes operativos de la industria. Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, emitió licencias que permiten a petroleras operar y pagar impuestos o regalías sin ser sancionadas, pero imponiendo condiciones reveladoras: los pagos deben depositarse en cuentas supervisadas por Washington, los contratos regirse por leyes estadounidenses y las disputas resolverse en tribunales de ese país. Incluso cuando se “flexibiliza” el bloqueo, la coerción se mantiene, reorganizada para controlar el corazón económico del país.
Pero la narrativa que afirma que la reforma entrega el petróleo directamente a intereses externos exagera elementos que no aparecen en el texto oficial. La ley reconoce la posibilidad de ampliar mecanismos de participación del sector privado, resolver controversias y aplicar un régimen fiscal más flexible, buscando atraer inversiones y aumentar la competitividad, sin renunciar a la titularidad del Estado sobre los recursos estratégicos. No se trata de “entregar” soberanía, sino de sostener una industria en crisis en medio de sanciones y caída de ingresos, garantizando que cada barril y cada decisión económica sigan bajo control nacional. Sin embargo, depender de inversión extranjera implica riesgos: contratos y condiciones podrían generar compromisos desiguales o limitar parcialmente el control operativo del Estado para gestionar estratégicamente la industria..
Seamos claros: Caracas, tras verse golpeada por los efectos de la intervención estadounidense, carece hoy de la capacidad para afrontar en solitario el desafío monumental de poner en marcha y modernizar sus plantas, oleoductos y refinerías. Para ello, requiere decenas de miles de millones de dólares, una inversión estratégica destinada a paliar los estragos de las sanciones que han estrangulado la producción, limitado las exportaciones y deteriorado gravemente la infraestructura energética, dejando obsoletos equipos y redes críticas. La reconstrucción integral exige combinar capital financiero, tecnología y personal especializado.
Todo esto ocurre en un escenario global donde el petróleo y el gas no son solo energía, sino fichas estratégicas de poder. Estados Unidos, con su producción de gas de esquisto y su expansión en el mercado de gas natural licuado, puede consumir gas barato internamente mientras exporta a Europa a precios más altos, fortaleciendo su posición y asegurando ingresos en mercados clave. Esta dinámica, que surge de la geopolítica y de las leyes del mercado, explica por qué Venezuela se encuentra bajo presión constante, obligada a sostener su industria, mantener soberanía sobre sus recursos y negociar en un mundo donde el apetito energético de las potencias extranjeras busca beneficiarse de su riqueza sin asumir riesgos directos. En este “baile con el diablo”, la reforma busca garantizar que el país siga produciendo, que sus ingresos se mantengan y que los recursos no queden paralizados, mientras Caracas trata de posicionarse ventajosamente en un juego global que no concede márgenes fáciles.
En paralelo, conviene entender que la política estadounidense hacia Venezuela no está guiada únicamente por ideología, sino por urgencias internas. Trump ha convertido el precio de la gasolina en un símbolo de poder doméstico y un termómetro político de su mandato; por ello, el crudo pesado venezolano vuelve a adquirir valor por su compatibilidad con refinerías estratégicas en la costa del Golfo. Esto no significa que Washington haya abandonado su lógica de intervención, sino que, en su propio tablero, necesita resultados rápidos y visibles para evitar un desmoronamiento interno de la supuesta Pax Americana, alternando sanciones, licencias y amenazas sin renunciar al control.
Un detalle adicional, ignorado por quienes gritan “protectorado”, es que incluso desde Washington se reconoce que Caracas no ha cedido todo lo que el capital estadounidense desearía. El secretario de Energía de la administración Trump afirmó tras su visita que la reforma petrolera «no fue lo suficientemente amplia y clara” para atraer grandes flujos de inversión. Si Venezuela fuese un simple territorio tutelado, esa queja no existiría; la ley ya habría sido redactada como una alfombra roja para las petroleras. Que se formule esa presión públicamente demuestra que hay negociación desigual, cierto, pero no una rendición automática.
Más aún, el mismo funcionario matizó que los vínculos energéticos con China siguen siendo un tema “a dialogar”, reconociendo implícitamente que no se trata de una palanca que Washington pueda cerrar de un día para otro sin costos internos. Ese detalle resulta decisivo: sugiere que la presión estadounidense tiene límites reales y que Caracas, aun asediada y agredida, conserva un margen mínimo para mantener su inserción internacional. La soberanía no se expresa hoy como pureza, sino como la capacidad de sostener un hilo de vida propio en medio de una cuerda que otros actores más poderosos se empeñan en tensar.
Por eso, hablar de la reforma de la Ley de Hidrocarburos sin atender a este contexto, sanciones efectivas, caída de ingresos, mecanismos fiscales, titularidad estatal sobre los recursos y riesgos de implementación, sería caer en simplificaciones que no ayudan a comprender la complejidad de la realidad venezolana. Se trata de un equilibrio estratégico: sostener la producción petrolera, garantizar recursos para la cotidianidad del país y enfrentar la agresión externa, siempre reconociendo que la reforma enfrenta desafíos importantes y su éxito no está garantizado.
Geopolítica y presión internacional
Dentro del chavismo, esta tensión se siente también. El sentido de cada paso se debate entre la defensa de la soberanía y la urgencia de garantizar la supervivencia de millones. La ley de amnistía, aprobada recientemente, busca funcionar como una herramienta para recomponer la unidad interna, atraer a sectores opositores moderados y reducir la presión sobre las bases populares en un contexto sumamente complicado. Permitiendo ese modo un cierto margen de maniobra frente a Estados Unidos y evitando momentáneamente confrontaciones que podrían desatar una guerra civil abierta. No se trata de ingenuidad y tampoco obligatoriamente de traición, sino de calcular movimientos en un tablero donde la recomposición militar, el control de recursos estratégicos y la capacidad de movilización popular determinan la posibilidad de lograr sostener un proyecto histórico.
El equilibrio de poder en Venezuela es hoy un tejido de contradicciones. Estados Unidos presiona desde afuera con sanciones, bloqueos y amenazas, los sectores internos del chavismo negocian, resisten y ceden, la oposición radical, fragmentada y dependiente, actúa como intermediaria de intereses externos y se enfrenta desconcertada a su propia irrelevancia. Las milicias, las comunas y los sectores populares organizados sostienen la estructura social de la Revolución, fatigados, golpeados y aturdidos, pero todavía presentes y con resortes para la reacción organizada. Son la fuerza material que, aunque invisible en los informes internacionales, constituye la última garantía de autonomía. La vida, con todas sus carencias, es un escenario de lucha y resistencia constante.
Recordemos que el asedio sobre Venezuela no comenzó ayer. Desde la victoria de Chávez en 1998, el país se convirtió en un desafío frontal a la hegemonía regional y global. Su estrategia de integración energética, la coordinación con la OPEP, la creación de Petrocaribe y los intentos de construir bloques alternativos a la influencia estadounidense ampliando esa plataforma a un escenario regional diversificado, despertaron la codicia y el temor de Washington. La agresión es física, estructural y busca someter la producción, los intercambios y la vida de millones de venezolanos a los intereses del capital global. Cada sanción y cada intervención es un golpe que intenta moldear la realidad a la medida del imperio, recordando con ello a Caracas que la lucha por la soberanía es inseparable de la lucha por la supervivencia.
Riesgos internos y fortalecimiento del Poder Popular
El horizonte venezolano es contradictorio, nadie puede atreverse a negarlo. La dirección del proceso bolivariano se ve hoy obligada a hacer concesiones pragmáticas para proteger al país de un asedio que de otro modo sería brutal y devastador, convirtiendo a Venezuela en una nueva Gaza. Al mismo tiempo, lucha por mantener principios estratégicos como el control sobre la producción petrolera, la organización popular y el mantenimiento de redes de solidaridad regional e internacional. Cada apertura hacia Estados Unidos o empresas extranjeras es un acto medido que busca evitar un colapso inmediato, sostener el suministro de bienes esenciales y ganar tiempo para fortalecer estructuras internas.
Pero lógicamente esas medidas generan debates internos y dudas entre la población y especialmente entre quienes han idealizado desde el exterior un proceso que va más allá de un ideal escrito en un papel o en algún artículo universitario: ¿se está sacrificando la soberanía por la supervivencia? ¿Hasta qué punto las concesiones transformarán el proyecto histórico del chavismo? Son preguntas legítimas que hoy recorren las plazas, los barrios y los pueblos de gran parte del planeta. Preguntas que, en el tiempo y forma adecuados, no deben molestarnos o causar rupturas en el seno de las filas antiimperialistas.
Cada intento de intervención o imposición desde afuera se enfrenta todavía hoy al tejido social construido durante décadas: comunas, milicias, cooperativas y redes de solidaridad que constituyen la verdadera fuerza de un país que, aunque castigado, sigue sosteniendo un proyecto alternativo. Un proyecto que va más allá de cualquier nombre individual que pueda representarlo o incluso, compremos aquí brevemente las especulaciones, traicionarlo.
La experiencia venezolana nos recuerda que la política es inseparable de la existencia material. La negociación, la reforma petrolera, la ley de amnistía, la presión de Estados Unidos, las dolorosas visitas diplomáticas del agresor y el bloqueo económico son todas expresiones de relaciones de fuerza concretas, una tensión entre independencia y asedio, entre supervivencia y proyecto histórico. La Revolución Bolivariana no es un relato abstracto, es un proceso vivido por millones de personas que enfrentan la escasez, la violencia económica y las amenazas externas con creatividad, organización y supervivencia.
Sin embargo, la lealtad al proceso exige también la audacia de la alerta permanente. No podemos ignorar que estas maniobras de «economía de guerra», aunque imprescindibles para la supervivencia del Estado, conllevan el riesgo corrosivo de naturalizar la desigualdad y de gestar una nueva casta burocrática que, en el roce constante con el capital privado, termine mimetizándose con él. El peligro real no es el pacto táctico con el enemigo económico, sino que ese pacto temporal se convierta, por inercia o comodidad, en el horizonte estratégico definitivo. Si la gestión de la crisis desplaza por completo la construcción del socialismo y si la eficiencia tecnocrática silencia la crítica popular, habremos salvado el cuerpo de la nación pero entregado su alma. La diplomacia con el Imperio debe ser siempre un instrumento de control estatal transitorio y nunca una patente de corso para el enriquecimiento de una minoría vestida de rojo, pues eso erosionaría la base moral que ha sostenido al chavismo durante un cuarto de siglo.
Por ello, el antídoto contra esta posible desviación no vendrá de la mano del mercado ni de los despachos ministeriales, sino del fortalecimiento radical del Poder Popular. Mientras el Estado se ve obligado a retroceder o negociar en la macroeconomía, las comunas, los consejos de trabajadores y las organizaciones de base deben avanzar en la política, ejerciendo un contrapoder social implacable. La única garantía de que la reforma petrolera y la apertura económica sirvan a la liberación nacional y no a la restauración capitalista, reside en un pueblo que, aun entendiendo la necesidad del pragmatismo, no renuncie a su vocación de poder. La tarea histórica de hoy es doble y titánica, por un lado defender al Gobierno Bolivariano frente al ataque imperialista y, por otro, combatir las desviaciones internas para que el sueño de Chávez no se diluya en la necesaria, pero peligrosa, administración de la supervivencia.
En Venezuela, la historia se escribe hoy en las calles, en los barrios, en las fábricas y en los campos. El presente es un paisaje de tensiones y oportunidades donde el bloqueo se siente en los estómagos, donde la reforma petrolera marca el ritmo de la negociación y donde la ley de amnistía juega sobre las alianzas internas. Pero más allá de lo que digan los medios o los gobiernos extranjeros, el sedimento de estos veintisiete años de construcción política no se borra. La Revolución Bolivariana sigue en marcha, no sin contradicciones ni dificultades, pero con un sustrato de resistencia que ninguna sanción puede eliminar. Y es ahí, donde la vida material choca con la política, donde se entiende la complejidad de un proceso que intenta sostener soberanía y dignidad en un mundo hostil. Lo demás, la especulación, el juicio rápido, la nostalgia disfrazada de análisis, solo sirve para mirar el pasado y renunciar en silencio a disputar el futuro.
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