La huelga de hambre no es un gesto simbólico ni una escena para la opinión pública. Es una decisión consciente y profundamente digna: poner el propio cuerpo como trinchera para denunciar la injusticia y exigir libertad.

Nadie quisiera que este fuera el camino. Pero cuando la justicia se transforma en castigo político, cuando los tribunales dejan de garantizar derechos y pasan a proteger intereses del poder, la huelga de hambre se convierte en una de las pocas herramientas de lucha que quedan dentro de la cárcel.

Los presos políticos mapuche no están encarcelados por delitos comunes. Están presos por defender el territorio, por enfrentar el avance del capital forestal, por resistir la militarización del Wallmapu y por la recuperación territorial.

El Caso Quilleco es una muestra clara de esta persecución. Se trata de un juicio profundamente cuestionado, cuya sentencia ha sido elaborada sin pruebas vinculantes, donde los jueces dictaron condenas extremadamente altas, incluso superiores a las penas solicitadas por la propia fiscalía. Este hecho revela con claridad la desproporción de las sentencias y el carácter político que ha marcado todo el proceso. En este caso se han denunciado irregularidades, falta de proporcionalidad en las penas y un tratamiento judicial que parece responder más a presiones políticas y económicas que a criterios de justicia. Cuando los tribunales actúan de esta manera dejan de ser garantes de derechos y pasan a ser instrumentos de castigo.

Nada de esto puede entenderse sin mirar el contexto: la presión del gobierno a través de querellas particulares, la militarización permanente del territorio y los intereses de las grandes empresas forestales como Arauco y CMPC, que continúan expandiendo un modelo extractivo que arrasa con el Wallmapu.

Mientras estas empresas acumulan ganancias, quienes defienden la tierra frente al capital forestal son perseguidos, encarcelados y condenados con penas ejemplificadoras.

La persecución judicial contra el pueblo mapuche forma parte de esta misma estructura.

Gobierno, fiscales, jueces y leyes represivas terminan funcionando como un engranaje que protege intereses económicos.

En este escenario hostil, los presos políticos mapuche vuelven a poner el cuerpo. Lo hacen con convicción, con dignidad y con la determinación intacta de seguir luchando incluso desde el encierro.

Como diversos colectivos y redes de apoyo sabemos que aquí no puede existir el abandono. Nuestra tarea es acompañar, sostener y denunciar. Levantarnos una y otra vez para exigir juicios justos, debido proceso y el fin de la persecución política, racista y colonial contra el pueblo mapuche.

No buscamos miradas moralizantes ni opiniones cómodas desde afuera.

Lo que necesitamos es conciencia y solidaridad real. Porque abandonar a los presos políticos mapuche es abandonar también la lucha por el territorio. La conciencia se demuestra en la calle: acompañando, denunciando y exigiendo libertad.

Hacemos un llamado a acompañar este 11 de marzo desde las 08:00 horas afuera de la Corte Suprema de Santiago, Compañía #1140, para levantar la solidaridad con quienes hoy resisten también desde la cárcel.

¡Libertad a todxs los presos políticos mapuche!

¡Libertad a los presos políticos mapuche del caso Quilleco!

¡Libertad a los presos políticos anarquistas y subversivos!

¡Unidad en el weichan!

Colectivos y Redes de Apoyo Caso Quilleco