Bolivia. Marset, un criminal de guante blanco

por Luis Camilo Romero

Con un marcado tono triunfalista, como si se tratara de un gran logro mundial, Rodrigo Paz Pereira intentó apropiarse del éxito del operativo que resultó en la captura del narcotraficante Sebastián Marset. Paz no dudó en atribuir el mérito al gobierno y, particularmente, al ministro de Gobierno, destacando que el procedimiento se realizó sin bajas en la Policía Boliviana ni víctimas civiles, un resultado que, según dijo, fue posible gracias al “profesionalismo y la planificación de las fuerzas de seguridad”.

Sin embargo, lo que queda claro es que la operación no fue iniciativa del gobierno boliviano ni del presidente, pese a que ahora intentan arrogarse el protagonismo. Todo el operativo, hasta el traslado de Marset a Estados Unidos, fue ejecutado por la DEA. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por su parte, reiteró una vez más que el narcotraficante recibió protección de autoridades y policías del anterior gobierno, una salida poco ética que contrasta con el profesionalismo que se espera de un alto funcionario.

Lo llamativo del caso es que ni el Fiscal General, Roger Mariaca, ni los fiscales de Santa Cruz tenían conocimiento del operativo hasta las primeras horas del viernes, momento en que se concretó la captura. Incluso el gobierno de Uruguay señaló que fueron ellos quienes aportaron los datos clave y que tenían pleno conocimiento de las investigaciones en curso sobre Marset y su paradero.

Queda en evidencia que, tras la captura y luego de la firma de acuerdos en Miami, el gobierno de Estados Unidos resalta este hecho como el primer gran resultado de la cumbre “Escudo de las Américas”, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La forma en que se ejecutó la captura —silenciosa, sin resistencia— sugiere que todo estaba cuidadosamente preparado. Se percibe la mano del imperio en coordinación con el gobierno boliviano, en lo que parece un acuerdo tácito para llevar a Estados Unidos a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

A tres días del hecho, el balance sigue dominado por especulaciones. Mientras los medios afines al gobierno ensalzan la operación como un éxito propio, la realidad indica que fue obra de la DEA. Algunas voces han llegado a calificar a Marset como “el Pablo Escobar moderno”, una exagerada simplificación mediática que merece ser matizada.

El analista uruguayo en seguridad y crimen organizado, Edward Holfman, ofrece una visión más precisa: “Sebastián Marset no busca ser un caudillo popular ni tener un ejército; él prefiere ser el centro invisible dentro de una red global. Mientras Escobar era dueño de la fábrica, Marset controla la logística de distribución. Pertenece a la era del crimen organizado empresarial. No necesita dominar un territorio, le basta con controlar un puerto o un sistema de emisión de documentos”.

La DEA lo compara con Escobar para enfatizar su peligrosidad, pero técnicamente Marset es mucho más sofisticado. Maneja finanzas internacionales, derecho administrativo y utiliza el fútbol para lavar dinero, algo que a Escobar le quedaba grande. Mientras Pablo Escobar basaba su poder en la cocaína, el activo de Marset son sus contactos. Es el hombre que sabe cruzar fronteras sin ser detectado, un criminal de “guante blanco”, en contraste con la brutalidad del Cartel de Medellín.

Ahora en Estados Unidos, el siguiente paso será la acusación formal ante un gran jurado federal, que revisará las pruebas para determinar si existe causa probable para enjuiciarlo. Si Marset se declara no culpable y no hay acuerdo, el caso llegará a juicio federal.

Finalmente, en medio de la corriente especulativa impulsada por medios afines al gobierno, se intenta vincular a autoridades del pasado con la protección del narcotraficante. Sin embargo, resulta evidente la intención de desviar la atención mediante maniobras judiciales que buscan “encubrir a los verdaderos protectores” que permitieron que la organización criminal de Marset operara libre e impunemente ante las narices de las autoridades.

* Luis Camilo Romero, comunicador boliviano para América Latina y el Caribe

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