por Andrés Figueroa Cornejo

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, este lunes 16 de marzo, ofició un recorte del gasto público de un 3% a cada uno de los ministerios porque, según él, la caja fiscal que dejó el gobierno de Boric, «es considerablemente menor a la de las administraciones anteriores», y señaló que «por ejemplo, el Ministerio de Salud sólo en enero (de 2026) gastó 6% más que el año pasado».

El anuncio lo hizo como estreno de un proceso detallado de revisión de las cuentas fiscales que realizan los flamantes inquilinos de La Moneda.

El actual gobierno es el mismo que se opuso a la reforma tributaria fracasada del Ejecutivo anterior, basada en un impuesto progresivo al segmento más rico de la población del país para intentar detener el déficit fiscal de arrastre y realizar algunas reformas sociales. Y ahora Quiroz se encuentra con que «no hay plata» para las carteras que más afectan a las grandes mayorías. 

El proceso de recorte informado se agrega a los ajustes fiscales sucesivos durante, al menos, los 3 últimos años. O sea, se está reestructurando regresivamente sobre otras reestructuraciones. 

Cada día que pasa va quedando más claro el tipo de shock sobre el sector público que empezó a ejecutar Hacienda.

El objetivo del gobierno para el 2026 es recortar 3 mil millones de dólares (3% parejo por cartera), y que se suma a los 800 millones de dólares menos, programados por el gobierno anterior. Quiroz adicionó «otro esfuerzo» de mil millones de dólares. Es decir, el 2026, el recorte presupuestario total del sector público llegaría a cerca de 5 mil millones de dólares.

¿Y cómo lo hará Hacienda? Mediante la figura del llamado Plan de Ajuste Fiscal (comenzado este marzo), de carácter permanente. Según el plan, los recursos saldrán de tres fuentes: «combate a los abusos y malas prácticas, mayor eficiencia del gasto, y austeridad fiscal» en cada unidad del Estado. En términos inmediatos, se ejecutará una revisión de gastos en servicios, revisión de «abuso funcionario (licencias médicas, sumarios, duplicidad de funciones, ausentismo, distribución territorial de servicios, no renovación de cupos de funcionarios acogidos a retiro, no reemplazo de funcionarios por enfermedad o cualquier otra causa legal (por ejemplo, postnatal)); detención de nuevos programas; revisión y freno de estudios de personas naturales o jurídicas en carrera; y congelamiento de cualquier gasto que al 10 de marzo pasado no signifique una obligación legal (se ubica el 10 de marzo como parteaguas debido a que Kast asumió la presidencia el 11 de marzo).

En el panorama más amplio, el gobierno pretende terminar con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), o subvención a la importación de petróleo (Chile es importador neto de combustibles fósiles), que si se aprueba, liberaría los precios según el mercado internacional, sin regulación alguna. En otras palabras, se precipitaría un alza indeterminada (inflación) del costo general de la vida, en el país que junto a Uruguay, es el más caro del continente. A ello se añade el propósito gubernamental de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), empezando por imponer fuertes restricciones para su acceso. 

Asimismo, bajo la plena integración del sistema tributario (implantado por la dictadura para favorecer directamente a las grandes corporaciones privadas), se estableció una rebaja sustantiva al impuesto a la ganancia de Primera Categoría del 27% a 23% (rentas de capital). Este tributo desde hace décadas tiene un arsenal de exenciones y resquicios. Al final del día le permiten al empresario que debe cancelar X monto en impuestos corporativos, si tiene que pagar tributos personales de igual cantidad, pues se le descuenta el impuesto corporativo como crédito. Flor de negocio. En otras palabras, persiste la política de subsidiariedad del Estado al capital (al punto de echar mano hasta una «flexibilización cuántica» a la chilena cuando es preciso).

Entre las iniciativas más sonoras informadas por el gobierno de Kast, hasta el momento en que se escribe esta nota, se encuentran el retiro del proyecto de ley de negociación colectiva por rama económica (que sólo la propuso el gobierno de Boric a última hora y sin convicción); posible término de feriados irrenunciables para las y los trabajadores que tienen ese derecho; retiro de 43 proyectos de protección de zonas ricas ecológicamente para ser revisadas; desfinanciamiento para sitios de memoria y derechos humanos, etc.

El golpe antisocial ya se venía aplicando antes de Kast. De hecho, la administración recién llegada y sus presentes medidas necesitaban de las leyes represivas propuestas y aprobadas por la administración Boric, contra cualquier disidencia política y social respecto del orden establecido. El capital precisa para su acumulación y reproducción ampliada la paz de los cementerios. No por nada existen casi 150 prisioneros políticos mapuche, distribuidos en distintas cárceles, a quienes se les acusa de recuperar sus tierras ancestrales y ofrecer resistencia al capital forestal, hidroeléctrico y todos aquellos intereses empresariales que destruyen su territorio.

Ahora bien, esta semana el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se dirigió al gobierno de Kast, indicando que «existe la necesidad de adoptar screening (filtro, selección) de inversiones para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país».

Ello significa evaluar la inversión extranjera directa y analizar los riesgos financieros, legales y de seguridad nacional en sectores estratégicos (energía, minería, tierras raras, telecomunicaciones, todo lo que sirva para la industria cibernética y de IA, etc.) con el fin de reservar los intereses críticos a los capitales estadounidenses, y prohibiendo la inversión china en esas zonas económicas. Tal cual ocurrió con el caso del «cable chino», donde el gobierno de Boric cedió a las presiones estadounidenses (BBC).

Así, la administración Kast retoma a su manera las políticas socio económicas larvadas largamente no sólo por el Frente Amplio, sino que por la contrarrevolución neo-capitalista inaugurada con el golpe de Estado de 1973, y por los gobiernos civiles desde 1990. Al respecto, es válido sostener que las decisiones de las representaciones políticas a cargo de la institucionalidad chilena han estado sometidas a las contradicciones, oscilaciones y situación de las correlaciones de fuerza tiempo-espaciales determinadas por la lucha de clases; su condición dependiente en relación a los capitalismos centrales; y la división internacional del trabajo. De hecho, no es posible comprender el devenir de la lucha de clases y la realidad en Chile sin considerar al país como un subsistema modelado conforme a la historia del sistema mundo y la modernidad capitalista.

Hoy, Chile revela su integración subordinada a la guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados versus China y sus aliados.

* Imagen, pintura de Roberto Matta