En Colombia, defender los derechos humanos sigue costando la vida. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la violencia no cesa, se ha transformado. Sin desmontar las estructuras de poder, élites, extractivismo e impunidad, la paz deviene promesa vacía y la guerra se recicla, como advierte el reciente informe (2022–2025) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En Colombia, defender los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo. Así lo confirma el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que analiza el período 2022–2025 y deja una conclusión inquietante, la violencia contra líderes y lideresas sociales no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino la expresión persistente de un problema estructural que el país no ha logrado resolver, ni siquiera tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.
Las cifras son contundentes. Entre 2016 y 2025, al menos 972 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. Solo entre 2022 y 2025 se registraron 410 homicidios. Aunque hubo una leve reducción en algunos años recientes, el repunte en 2025 confirma que no se trata de una tendencia superada. La violencia muta, se reacomoda, pero no desaparece.
Detrás de estos números hay una realidad más profunda, la persistencia de estructuras de poder que combinan economías legales e ilegales, control territorial armado y debilidad, o captura institucional.
El propio informe señala factores como la presencia de grupos armados, el dominio de economías ilícitas, la impunidad y la falta de resolución de conflictos territoriales. Sin embargo, una lectura más crítica permite ver que estos elementos forman parte de una arquitectura más compleja, donde confluyen intereses empresariales, actores armados y sectores del Estado.
En este contexto, la firma del acuerdo de paz con las FARC marcó un punto de inflexión, pero no una transformación estructural. Se logró la dejación de armas de una de las principales guerrillas del continente, pero no se alteraron de manera sustantiva las condiciones que han alimentado históricamente la violencia, la concentración de la tierra, el modelo extractivo, la exclusión política y la desigualdad territorial, el modelo económico, estas, parecen seguir siendo “líneas rojas”.
Así, lo que emerge es una “paz incompleta”. Una paz que desactiva parcialmente el conflicto armado, pero deja intactas muchas de sus causas. En ese escenario, la violencia contra líderes sociales se convierte en una continuidad del conflicto por otras vías. Ya no se trata de confrontaciones abiertas entre grandes actores armados, sino de una violencia selectiva, dirigida contra quienes defienden la tierra, el ambiente, los derechos colectivos o la implementación misma del acuerdo.
En esta línea, informes de la organización internacional Global Witness han reiterado que Colombia se mantiene, de forma sistemática, como el país donde más se asesinan personas defensoras del medio ambiente en el mundo.
Esta alarmante tendencia no es casual, se inscribe en un modelo económico que ha profundizado la dependencia de actividades extractivas, impulsando una reprimarización de la economía. La expansión de la minería, los hidrocarburos y los agronegocios en territorios rurales ha intensificado los conflictos socioambientales, situando a comunidades y liderazgos que defienden sus territorios en el centro de disputas por el control de bienes naturales estratégicos.
Particularmente preocupante es la persistencia del paramilitarismo, aunque bajo nuevas formas. Lejos de desaparecer, estas estructuras se han reconfigurado en redes criminales que mantienen control territorial, regulan economías, legales e ilegales y ejercen violencia selectiva para disciplinar a comunidades. En muchos casos, estas dinámicas operan en zonas estratégicas para el extractivismo, la minería, la agroindustria o el narcotráfico.
En esos territorios, la defensa de derechos humanos se convierte en una actividad profundamente política. Los líderes sociales no solo denuncian abusos; también cuestionan modelos de desarrollo, resisten proyectos extractivos y proponen alternativas de organización territorial. Por ello, su eliminación no es aleatoria, responde a disputas concretas por el control del territorio y sus recursos.
El informe también evidencia las limitaciones del Estado para proteger a estas personas. La Unidad Nacional de Protección, principal entidad encargada de la protección, se encuentra desbordada. Su modelo, basado en esquemas individuales, resulta insuficiente frente a violencias de carácter colectivo y territorial. A esto se suman problemas de coordinación, falta de recursos y una presencia desigual en las regiones.
Pero el problema no es solo de capacidad. En muchos territorios, el Estado no es un actor neutral o ausente, sino parte de una compleja red de relaciones de poder. Diversos análisis han señalado la existencia de formas de captura institucional, donde intereses económicos, estructuras armadas y sectores políticos convergen en la gestión de lo público. Esto genera lo que podría denominarse una gobernanza corporativo-mafiosa, en la que los derechos de las comunidades quedan subordinados a lógicas de acumulación.
La impunidad refuerza este escenario. Aunque la Fiscalía General de la Nación ha adoptado medidas para priorizar estos casos, los avances siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema. La falta de sanción no solo perpetúa la violencia, sino que envía un mensaje de permisividad que facilita su repetición.
El mapa de la violencia coincide, además, con territorios en disputa, regiones con alta riqueza ambiental, presencia de economías ilícitas o implementación frágil del acuerdo de paz. Allí, las comunidades enfrentan una doble presión, por un lado, la expansión de proyectos extractivos; por otro, el control armado. En este cruce, surgen lo que algunos analistas denominan “zonas de sacrificio”, donde la vida comunitaria es subordinada a intereses económicos.
En este panorama, las recomendaciones del informe apuntan a fortalecer políticas públicas, mejorar la protección, garantizar recursos y avanzar en la desarticulación de grupos armados.
Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿es posible proteger efectivamente a quienes defienden derechos sin transformar las condiciones estructurales que generan la violencia?
La experiencia reciente sugiere que no. La protección individual, sin cambios en el modelo territorial, económico y político, termina siendo una respuesta limitada.
Se protege, cuando se logra, a algunas personas, pero se mantiene intacto el entramado que produce la amenaza. En este punto emerge una verdad incómoda pero decisiva, una verdad a medias produce injusticias completas.
Un proceso de transición que no investiga ni juzga a los grandes empresarios implicados, a sectores de la banca, a multinacionales beneficiarias del despojo, ni al papel histórico del gobierno de Estados Unidos en la profundización y degradación del conflicto armado, está condenado a reproducir las condiciones de la violencia.
De igual manera, la ausencia de responsabilidades claras frente a expresidentes, ministros, alcaldes, gobernadores y congresistas que han sido señalados en distintas investigaciones por su relación con estructuras ilegales o por su omisión sistemática, debilita cualquier intento serio de construcción de paz.
Sin una justicia que abarque las estructuras de poder y no solo a los actores armados subordinados, la transición se convierte en una narrativa incompleta que encubre más de lo que transforma.
Colombia enfrenta así una paradoja, mientras avanza en discursos de paz y reconocimiento de derechos, persisten dinámicas de exclusión, despojo y violencia que afectan precisamente a quienes buscan transformar esas realidades.
La defensa de los derechos humanos se convierte entonces en una práctica de resistencia frente a un orden que, en muchos territorios, sigue operando bajo lógicas de guerra.
A casi una década del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, la situación de las personas defensoras revela que la transición hacia la paz sigue siendo incompleta.
Sin transformaciones profundas, en la estructura agraria, en el modelo de desarrollo, en la relación entre Estado y territorios, y en la rendición de cuentas de las élites políticas y económicas, la violencia no solo persistirá, sino que tenderá a reconfigurarse.
En Colombia, defender la vida sigue siendo, también, arriesgarla. Y esa es quizá la señal más clara de que la paz, más que un acuerdo firmado, continúa siendo una tarea histórica pendiente.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ e integrante grupo autónomo Kavilando.
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