En el marco de la II Asamblea Nacional del Foro por el Derecho a la Educación Pública (Fodep), realizada a mediados de marzo de 2026, las y los participantes se distribuyeron en equipos de trabajo. Uno de ellos abordó la dimensión del autoritarismo, la discriminación y la convivencia educativa.

Respecto de la convivencia educativa, se recordó que «estamos en un periodo de asimilación de conceptos, instaurados desde el progresismo, por ejemplo, en lo que concierne al cambio de convivencia escolar a educativa. Se han introducido expresiones con tono eufemístico que hablan de territorio, participación, disminuir las expulsiones, pero lo cierto es que una de las principales contradicciones de estas improntas reformistas se quedaron en las palabras, y no existe una bajada a los territorios ni a las realidades educativas de las escuelas».

Así, el Fodep planteó «No dejarse engañar e identificar la superficialidad categorial empleada por el progresismo. Nuestra tarea es reapropiarnos esos conceptos en los territorios en vez de más seguir la lógica del Estado», y añadió que «el objetivo es potenciar la organización. ¿Cómo? Generando instancias de educación, talleres, que nos permitan educarnos no solo a quienes estamos más convencidos. El desafío consiste en reproducir este debate crítico en el seno de nuestro pueblo, y en contextos donde no se hablan muchas cosas ni se plantean los problemas con una impronta de compromiso militante».

Los asistentes se preguntaron cómo ayudar a las y los estudiantes que están siendo expulsados. Cómo crear instancias de fiscalización y vigilancia activa frente a prácticas que violentan los derechos de las y los jóvenes, y que terminan por ser naturalizadas.

En consecuencia, los asambleístas -todos ligados directamente al mundo de la educación-, indicaron que «cuando el estudiante es expulsado, los apoderados no denuncian la ilegalidad por miedo a las repercusiones», y que «si bien ya nos hemos hecho de estos conocimientos e insumos, hace falta que produzcamos nuevos recursos. Al respecto, hay una rica variedad de formas de enfrentar las violaciones contra los estudiantes. Podemos emplear la eficacia de los talleres presenciales, y la generación de documentos útiles a las comunidades educativas, tejiendo las redes que nos permitan alcanzar la colaboración de abogados en los casos de expulsiones y autoritarismo».

En la misma línea, el Fodep estableció que «el giro que queremos hacer es constituir una Defensoría Estudiantil Integral, que funcione permanentemente y sea sostenida por las organizaciones involucradas. De hecho, como Foro por el Derecho a la Educación Pública algunas entidades ya lo hacemos de manera exitosa, pero aún con alcance insuficiente. Hemos efectuado un acompañamiento educativo con compañeros que estamos investigando el tema. Por ejemplo, para que los estudiantes apelen cuando son sumariados, visibilizar estas situaciones resultan complicadas, así como se expresan nuestras debilidades en el ámbito el legal. Por ello, es preciso que organicemos capacitaciones para aprender las especificidades jurídicas que demanda la elaboración de recursos de protección, sea para casos de detenciones en protestas, como también para otro tipo de discriminaciones».