por Gremial de Abogados de Argentina

El 26 de marzo finalizó el juicio por usurpación, agravada por el uso de armas, que se siguió contra Juan Pablo Colhuan, miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu y hermano de la Machi Betiana Colhuan.

Como se dice: «arañando». Es libertad, pero recibió una condena de cumplimiento condicional. Pero libertad al fin.

Con un sabor amargo, entonces, pero pudimos sacarlo de la peor cárcel federal, la de Rawson, frente a los tres años y siete meses de prisión efectiva que solicitó el fiscal Arrigo, en representación del Ministerio Público Fiscal federal.

El juez Silva entiende siempre que, cuando se trata de gente mapuche, la fiscalía se tiene que ir con condenas, aunque sea sin pruebas concretas. Culpables de ser de la Winkul Mapu.

Por eso valoramos esta libertad desde la Gremial.

Se trata de una condena sin prueba alguna de que Pablo haya cometido los hechos discutidos, y es interesante este caso porque muestra en todo su despliegue la historia argentina reciente.

Cuando hablamos del pueblo mapuche, el Estado argentino cometió a través de la mal llamada Campaña del Desierto un genocidio tremendo y le usurpó el territorio, principalmente, a las comunidades mapuche que estaban en la Patagonia, entregando millones de hectáreas a los grandes terratenientes.

Parte de los sobrevivientes fueron desplazados a las márgenes de las ciudades, arrinconándolos en una pobreza que luego los convirtió en mano de obra barata de los usurpadores.

Esa es la historia del pueblo mapuche, esa es la historia de la comunidad Colhuan Nahuel, en la que nacieron la Machi Betiana y Juan Pablo. Comunidad que quedó en un pequeño territorio en el medio de la urbe, en el barrio Virgen Milagrosa de Bariloche.

Barrio en el que, como en los demás barrios populares, también la policía hostiga permanentemente a los y las jóvenes, costumbre que tuvo su expresión más ejemplar en los crímenes de 2010 en el Alto de Bariloche.

Entonces la Comunidad Winkul se había establecido frente al Lago Mascardi. Comenzó un movimiento de vecinos «de bien» (algunos pocos del lugar y otros que residen en Buenos Aires, pero que también terminaron beneficiados con el reparto de las tierras usurpadas), que inició el hostigamiento a la comunidad, buscando erradicarla de la zona.

Los hostigamientos contaron plenamente con la complicidad de las fuerzas de seguridad y obviamente de la comisaría 42 de Bariloche, en particular, del destacamento de Mascardi (sobre el que dicen personas que prefieren no ser identificadas que tienen varios «negocios» en la zona).

El predio de la Unión Personal de Gas del Estado fue adquirido por este sindicato en los 90′, mientras se rifaban las propiedades estatales. El sindicato pagó una sola cuota y no pagó nunca más. Tampoco lo utilizaba, por lo que se lo encomendó a varios “cuidadores” (siempre policías de esa comisaría). Pero en realidad, los que conocen la zona dicen que funcionaba una actividad ilícita y que «la llegada de los mapuche” le habría traído problemas a «los negocios».

La cuestión es que en el año 2020 se montó una escena de supuesta usurpación y ataque contra el policía que iba a cuidar el lugar, un tal Uribe, cuyos autores serían Juan Pablo Colhuan y otros no identificados. Uribe ya había hecho otra denuncia falsa contra Juan Pablo.

Realmente pocas veces ha sido tan floja la evidencia y el desparpajo para llevar el caso a juicio.

Los dos policías (Uribe y el jefe del destacamento que intervino ese día) se contradijeron en todo, no podían sostener nada y más allá de ellos no había ninguna otra prueba que vinculara a Juan Pablo a los hechos que se le imputaron.

La fiscalía buscó desesperadamente agregar testigos, pero quedó demostrado que fue todo muy mal armado.

Como dijimos en los alegatos, ya ni siquiera se trata de que incorporen la normativa nacional e internacional de derechos indígenas. Se trata lisa y llanamente de que no había pruebas, cuestión básica y elemental del Derecho Penal.

Pero bueno, así actúan los operadores judiciales, siempre al servicio de los intereses de los poderosos y con su propio Derecho Penal que es el del Enemigo.

Juan Pablo fue condenado sólo por ser mapuche y parte de la Comunidad Lafken Winkul Mapu.

Por supuesto, celebramos su libertad. Y nos alegramos también por el gran trabajo de nuestros compañeros. Comienza ahora el trabajo de la apelación.

También se logró la libertad de un joven mapuche en rebeldía

Teníamos un joven mapuche procesado y con pedido de captura desde la violenta agresión estatal contra la Winkul Mapu en el 2022. Procesado por el solo hecho de ser paciente de la Machi, de quien también la Gremial logró la libertad en su momento.

Obviamente, la Gremial jamás entregará a nadie a los tribunales para que quede detenido con un futuro incierto. La estrategia fue que se mantuviera en rebeldía hasta que la causa por usurpación prescribiera.

El joven fue detenido el viernes pasado y recién liberado por una demora innecesaria de exclusiva responsabilidad de la fiscalía. No se la hicieron fácil y lo mantuvieron detenido hasta que pudieron contar los años que pasaron entre 2022 y 2026. Al final se rindieron y debieron liberarlo.

El juicio contra Pablo contó con muchos ingredientes para tener en cuenta a la hora de intervenir. Jamás podremos transformar la realidad si no la conocemos.

Mientras tanto, igual celebramos la libertad de ambos jóvenes mapuche.