
Traducción Fausto Giudice
Un escándalo inquietante sacude a Alemania, revelando hasta qué punto sus instituciones están dispuestas a llegar para proteger los intereses proisraelíes, incluso cuando eso significa proteger a un pedocriminal condenado.
Hartmut Ebbing, político (FDP, partido liberal) y figura destacada de la Sociedad Germano-Israelí, no era un actor marginal. Como tesorero de uno de los grupos de presión proisraelíes más poderosos del país, estaba profundamente integrado en el establishment político alemán. En 2024, pidió la destrucción total de Gaza con el respaldo de Alemania y exigió que se criminalizara el apoyo al boicot contra Israel.
Meses después, en febrero de 2025, Ebbing fue acusado de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Ante el juicio, advirtió a los jueces de Berlín que unas audiencias públicas perjudicarían la reputación del lobby proisraelí al que servía. El tribunal accedió a su petición de audiencia a puerta cerrada.
Al hacerlo, la justicia alemana no solo otorgó discreción, sino que suprimió activamente el escrutinio público, protegiendo tanto al delincuente como a la red política que lo rodeaba. El mensaje fue inequívoco: la protección de la imagen de Israel primaba sobre la justicia para los niños víctimas de abusos.
El resultado fue una condena con suspensión de la pena, dictada en casi total silencio.
Pero la verdadera magnitud de los crímenes salió pronto a la luz. En marzo de 2026, Ebbing fue condenado nuevamente, esta vez por abuso sexual de un niño de siete años, cometido junto con la propia madre del menor. Fue condenado a dos años y diez meses de prisión; la sentencia es susceptible de apelación.
Incluso entonces, el escándalo no terminó. Durante todo un año después de su primera condena, este delincuente continuó gestionando las finanzas de la organización proisraelí más influyente de Alemania.
No se trata simplemente de un caso de criminalidad individual. Es un caso que deja al descubierto un sistema de protección, donde las lealtades políticas prevalecen sobre la rendición de cuentas y donde las instituciones cierran filas, incluso frente a crímenes contra niños.
Fuente: Sovereign Media









