por Colombia Informa
CI. – Amenazas a defensores y escalada de violencia contra líderes sociales agravan la crisis de derechos humanos. Mientras el gobierno prefiere reprimir las movilizaciones y desplegar censura en el Museo Nacional, crecen las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos y los asesinatos de líderes sociales.
El Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) denunció las amenazas de muerte que recibieron la abogada y defensora de derechos humanos Yessika Hoyos Morales —integrante de la asamblea del CAJAR—, Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, integrantes y voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – Capítulo Sucre.
Las amenazas llegaron a sus celulares el pasado 18 de octubre y les exigen abandonar su labor en un proceso judicial que enfrenta William Martínez Santamaría, exdirector de Comfasucre, juzgado por ser uno de los presuntos responsables de una masacre en ese departamento.
En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Sincelejo condenó a 27 años de prisión a Martínez Santamaría como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guripa (Sucre), cuando los hermanos cercaban el predio El Trébol. Fue el desenlace de una larga disputa por la tierra marcada por amenazas, agresiones y desalojos contra la familia, denunciados ante las autoridades sin que se evitara el crimen.
El proceso judicial también involucra a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea, señalados como autores materiales del crimen.
Aunque en primera instancia el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos absolvió a todos los procesados, la apelación de la Fiscalía y de la abogada Yessika Hoyos, en representación de las víctimas, fue fundamental, al igual que el acompañamiento permanente del MOVICE Sucre a la familia, para que se lograra la condena.
La Defensoría del Pueblo condenó las amenazas contra la abogada y el grupo de defensores de derechos humanos. También se sumó a las voces que exigen a la Fiscalía investigar el caso y dar con los responsables. Además, exigió al gobierno brindar protección y garantías al CAJAR y al MOVICE, y le hizo un llamado para que se abstenga de cualquier forma de estigmatización y para que informe sobre estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Por su parte, el CAJAR hizo un llamado a la comunidad internacional, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana. También llamó al cuerpo diplomático y a las organizaciones de derechos humanos para que acompañen a las personas amenazadas y hagan seguimiento a la respuesta del Estado.
Crece el asesinato de líderes sociales
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 a la fecha han sido asesinados 2017 líderes y lideresas sociales en Colombia.
La víctima más reciente fue Nancy Espinel, una lideresa campesina reconocida por su trabajo en la inspección de Mayoyoque y por la defensa del agua y el territorio en favor de las comunidades campesinas de Puerto Guzmán, Putumayo.
Las primeras denuncias informan que el 18 de octubre se presentó una incursión de hombres armados en el sector de Gallinazo y Mayoyoque, que retuvieron a la lideresa y a otra persona, quienes horas más tarde fueron encontrados asesinados.
En la zona operan las disidencias del Frente Raúl Reyes del EMBF, Comandos de la Frontera vinculados a la Segunda Marquetalia, una posible expansión del Frente Carolina Ramírez del EMC, bandas de carácter local y la Sexta División del Ejército.
Con el crimen de Nancy Espinel, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos asesinados en 2026 asciende a 128 víctimas.
De igual forma, Indepaz denunció que desde 2017 en Colombia han sido asesinados 525 exguerrilleros que firmaron los acuerdos de paz y dejaron las armas. La ONG también informó que desde 2016 se han presentado 792 masacres en las cuales han sido asesinadas 2903 personas. Asimismo, señaló que desde 2017 a la fecha han ocurrido 904 desplazamientos forzados en los cuales 369.259 personas aproximadamente fueron obligadas a huir de sus hogares.
CI FC/20/10/2026/18:00
