Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios. 

Se escribe Colombia, se lee Israel. Sobre los resultados electorales colombianos se cierne la sombra de Israel en el continente latinoamericano y de las maniobras para desestabilizar a los gobiernos progresistas.

En el fondo se perfila el escándalo internacional del llamado Hondurasgate [i] , con las revelaciones de 29 grabaciones difundidas por una red de periodistas hondureños y por Diario Red, que involucran a los poderes fácticos del país centroamericano, a Netanyahu y a los lobbies sionistas en Estados Unidos y, naturalmente, a la propia Washington.