Podemos entender que Pïñera se haya preocupado desde el primer momento en realizar todos los pasos convenientes para lograr su impunidad. Entendemos que, en esa dirección, en forma paciente y sostenida, fue nombrando todos los abogados integrantes tanto de la Corte Suprema como de la de Apelaciones y designando a sus ministros, para después cobrarles por el servicio de haberlos encaramado a los más altos cargos del llamado Poder Judicial. Difícil resulta suponer que esos sujetos puedan fallar en contra de quien les otorgó tales privilegios.