Informes emitidos por Estados Unidos y la Unión Europea llegan a la misma conclusión: en Guatemala los activistas de derechos humanos y sociales sufren una persecución sistemática del Estado y de sus administraciones de turno. Igualmente, los trabajadores de las comunicaciones. No existe justicia respecto de los brutales crímenes de guerra del último conflicto armado; la corrupción institucional está extendida en todas sus entidades; la condición de las personas privadas de libertad es inhumana; y son pan corriente las reclusiones fuera de la ley.

Los documentos tambien denuncian el hostigamiento grave contra los funcionarios honestos del sistema de justicia; la negligencia del congreso nacional como un todo; la coacción repetida contra las comunidades y pueblos indígenas que ofrecen resistencia contra la industria extractivista que daña irremediablemente el medio ambiente; la violencia sobre la mujer y la censura premeditada del Estado respecto de la educación y salud sexual.

Por otra parte, la jefa de Wola, Ana Méndez, indicó que el informe es altamente relevante a la hora de poder caracterizar a una Guatemala prácticamente sin democracia y profundamente autoritaria.