La Corte Penal Internacional (CPI) nació con la promesa de convertirse en un instrumento permanente de la justicia internacional frente a los crímenes más graves que pueden afectar a la humanidad. Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, la Corte se ha desenvuelto en un escenario marcado por conflictos armados, graves violaciones al derecho internacional y, al mismo tiempo, por las tensiones políticas derivadas de investigar y perseguir penalmente a personas que ocupan posiciones de enorme poder.