por Santiago Mayor

El viernes 30 de octubre de 2026, en la sala donde se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se respiraba un aire de tensión. Al día siguiente vencía el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) que, creada en 1991, no cumplió su objetivo: organizar una votación para que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación.

En ese contexto, Estados Unidos presentó una resolución que pretendía eliminar la palabra «referéndum» del nombre de la MINURSO y proponer como única solución al conflicto un plan de «autonomía» del Sahara, pero bajo soberanía marroquí. Empezó entonces un revoleo de vetos. Rusia rechazó la iniciativa de Washington y la propuesta cayó, lo que supuso un golpe a la estrategia de Rabat que durante los últimos años había logrado considerables avances diplomáticos para su proyecto expansionista.

El representante de Moscú propuso extender el trabajo de la MINURSO, con las mismas condiciones, un año más. Estados Unidos se opuso. La situación quedó en un punto muerto. Los cascos azules comenzaron entonces su retirada del Sahara Occidental. Aunque el rey Mohamed VI quiso presentar esto como un triunfo, su objetivo principal no se cumplió: conseguir legitimidad internacional para su proyecto colonial.

No obstante, el rol de la MINURSO es discutido por los propios saharauis. No solo por no organizar el referéndum en 35 años, si no porque era la única Misión de la ONU que no estaba obligada a velar por los Derechos Humanos. Un sinsentido en un contexto de ocupación colonial. Mientras las fuerzas de ocupación marroquíes reprimían y encarcelaban saharauis, los funcionarios internacionales hacían la vista gorda. Ahora, la disputa que ya lleva más de medio siglo entra en una nueva etapa que puede derivar en una intensificación del conflicto armado.

Por la alegría hemos ido al combate

«Me desperté con el sonido del teléfono y escuché por el auricular: “el Frente ha golpeado, la guerra ha vuelto”. ¡Qué alegría y qué felicidad! Fueron momentos de fantasía: un pueblo que se alegra por el regreso de la guerra refleja el nivel de dolor y miseria al que se había llegado». Así recuerda Anna Mohamed Salek Habibi el 13 de noviembre de 2020, cuándo el Frente Polisario, organización reconocida por Naciones Unidas como la única representante del pueblo saharaui, retomó la lucha armada por la independencia.

Su texto llega a través de Whatsapp, desde la ciudad de Bojador, en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, en una conversación que alterna entre el francés, el castellano y el árabe gracias a un traductor automático. Durante la madrugada de aquella jornada histórica, manifestantes saharauis que llevaban un mes bloqueando el paso de El Guerguerat fueron atacados por fuerzas militares marroquíes.

Marruecos había violado el alto el fuego establecido en 1991 y avanzado sobre los territorios liberados por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el país que proclamó su independencia 50 años atrás, el 27 de febrero de 1976, y aún lucha por su soberanía plena.

Ante la agresión, el Polisario declaró el reinicio de la lucha armada. Una decisión que rompió con años de estancamiento diplomático y alimentó el entusiasmo de un pueblo que hace medio siglo vive dividido entre la ocupación colonial, los campamentos de refugiados en Argelia y una diáspora mayormente ubicada en Europa (particularmente en el Estado español, la antigua metrópoli colonial, que sigue cumpliendo un papel en el conflicto).

La alegría que expresó Anna fue la que sintieron miles de saharauis y se manifestó en el regreso masivo de jóvenes de la diáspora, dispuestos a sumarse a las filas del Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS). Así lo relató Omar Mansur, actual embajador de la RASD ante la Unión Europea: «Tuvimos que improvisar escuelas de entrenamiento militar» ya que no se pudieron «prever las estructuras para poder recibir tanta presencia de gente joven dispuesta a combatir».

«Tras la ruptura del alto el fuego, muchos jóvenes saharauis vinieron de distintas partes del mundo como voluntarios para ser parte del Ejército Popular y yo fui parte de eso», relató en primera persona Omar Deidih en una entrevista que brindó en 2021 para Jacobin. Omar dejó su carrera universitaria para sumarse al combate. «Creo que cuando naces en el exilio, con una patria ocupada, con la memoria de tu pueblo, eso se acumula y se refleja en una agitación muy grande; y se vio el 13 de noviembre con muchos jóvenes que han venido para ser parte de esta etapa importante».

Oasis de riqueza

Desde el otro lado del Atlántico, la escasa atención que recibe el Sahara Occidental contrasta con la importancia de lo que ocurre allí. Un conflicto que involucra a varios países del norte de África y Europa, potencias mundiales y un pueblo alzado en armas debería tener una mayor repercusión en la agenda pública. «Además de ser una zona clave para el control del Atlántico frente a las Islas Canarias, el territorio es rico en recursos como los fosfatos y la pesca, y representa una pieza clave en las relaciones de seguridad, inmigración y energía para África y Europa», resume la dirigente y diplomática saharaui Jadiyetu El Mohtar, en diálogo con Jacobin.

Efectivamente, en el plano económico se destacan enormes reservas de fosfato. La capacidad de extracción es muy simple y le ha permitido a Marruecos convertirse en el segundo productor mundial detrás de China. Este mineral fundamental para la producción de fertilizantes —y por lo tanto de alimentos— es utilizado por Rabat como arma diplomática con el objetivo de legitimar su ocupación y garantizar su explotación. Otro recurso central es la pesca. Marruecos explota directamente las aguas territoriales del Sahara Occiental y también ha concedido licencias a empresas extranjeras.

Si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido cuatro sentencias durante la última década prohibiendo que el viejo continente realice acuerdos con Rabat que involucren productos del territorio ocupado, su comercialización no se detuvo. Marruecos evade esta prohibición mediante un fraude: mientras que la mayor parte de la pesca y producción se concentra en las ciudades ocupadas de Dajla y El Aaiún, donde operan factorías de congelación, procesado y producción de harina y aceite de pescado, el producto final se transporta a puertos marroquíes como Agadir o Tan Tan, desde donde se exporta oficialmente.

De acuerdo al derecho internacional, la potencia ocupante no puede explotar sus recursos sin el consentimiento de la población local, que nunca fue consultada al respecto. A esto debemos sumar toda una gama de recursos energéticos —entre los que se destacan las renovables—, que han facilitado a Marruecos otra vía de legitimación de la ocupación, mediante una política de greenwashing y a través de acuerdos comerciales ilegales con la Unión Europea y de inversión con empresas como Siemens-Gamesa, TSK y Ascona del Estado español, ABB Group de Suiza, HDF Energy de Francia y Enel Green Power de Italia, entre otras.

Aunque todavía se encuentra en fase de exploración, se estima que en las costas saharauis también hay reservas de gas y petróleo. Producto de su alianza estratégica con Israel, Rabat firmó un acuerdo con la empresa NewMed para que explore el lecho marino entre Bojador y Dajla en busca de hidrocarburos. La firma pertenece al Delek Group, un conglomerado que tuvo entre sus directivos a Amit Kornhauser, actual CEO de Navitas Petroleum, la empresa israelí que busca explotar el petróleo de otro territorio ilegalmente ocupado: las Islas Malvinas.

Finalmente, la ocupación también explota el turismo y las bellezas naturales del Sahara. La ciudad de Dajla es el principal destino que la monarquía promociona a viajeros europeos, pagando a diversos influencers para que muestren sus servicios hoteleros y playas. La «Duna blanca», cerca de Dajla, fue escenario de la filmación de una parte de La odisea de Cristopher Nolan. La locación fue facilitada y monetizada por el gobierno marroquí.

Para el periodista saharaui Ahmed Ettanji, Marruecos utiliza los recursos «para reforzar su ocupación sobre el territorio y tejer alianzas económicas y políticas». De acuerdo al director de Equipe Media, «empresas extranjeras, Estados y la propia Unión Europea se benefician directa o indirectamente de esta explotación». «Este saqueo priva al pueblo saharaui de sus recursos, y condiciona las posiciones diplomáticas: muchos actores internacionales prefieren mantener el statu quo antes que enfrentarse a Marruecos, ponen los intereses económicos encima de los derechos humanos y el derecho internacional», completa Ettanji.

La descolonización pendiente

El Sahara Occidental fue reclamado como colonia por España a fines del siglo XIX con el objetivo de no quedarse fuera del reparto europeo de África. Si bien durante décadas no se le dio mucha importancia, la situación cambió cuando descubrieron la mina de fosfato de Boucraa, durante la dictadura de Francisco Franco. Madrid entonces comenzó a realizar obras de infraestructura, reforzar su presencia militar y promover la migración europea.

A contramano de la historia, mientras avanzaban los procesos de descolonización, el Estado español ajustaba las tuercas de su dominio y declaraba al Sáhara como su «Provincia 53» (una historia excelentemente narrada en el podcast documental del mismo nombre). Una formalidad institucional para negar el estatus colonial del territorio ante el reclamo de las Naciones Unidas que, a comienzos de la década de 1960, comenzó a exigir que se realice un proceso de autodeterminación.

En simultáneo, las independencias de Marruecos, Mauritania y Argelia —los tres países vecinos— entre 1956 y 1962, no pasaron inadvertidas para la población autóctona, que comenzó a gestar su propio movimiento de liberación nacional. En 1970, el Levantamiento de Zemla fue el hito fundante y visible de un independentismo saharaui que daba sus primeros pasos. En 1973 el proceso terminaría de consolidarse con la fundación del Frente Polisario.

La lucha no era solo contra el ocupante español. Desde hacía años Marruecos venía intensificando sus reclamos de presunta soberanía sobre el Sahara y presionando a España. Rabat fundamentaba su reclamo en supuestos vínculos previos a la colonización europea. En los hechos, los objetivos del rey Hassan II —padre del actual monarca— eran más mundanos: agitar el nacionalismo para aplacar las protestas internas contra su régimen y hacerse con los ricos recursos naturales de la región.

En 1975 una misión de Naciones Unidas visitó la colonia y concluyó que «la mayoría de la población del Sáhara Español [estaba] claramente a favor de la independencia». El caso llegó también a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que emitió un fallo en octubre de ese mismo año en el que aseguraba que las pruebas aportadas «no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra».

A pesar de estos reveses, Rabat aprovechó la oportunidad que le daba una España en crisis ante la inminente muerte Franco. Fue así que el 6 de noviembre de 1975 dio inicio a la denominada «Marcha Verde», una movilización supuestamente civil para reencontrarse, en palabras del rey Hassan II, con sus «hermanos» saharauis. Detrás de esta pantomima se ocultaba una invasión militar que comenzó a ocupar el país y desplazar a la población autóctona.

Mediante un acuerdo secreto firmado unos días más tarde, el gobierno de Madrid, que quería evitar el conflicto, aceptó transferir el territorio a Marruecos y Mauritania, ignorando la voluntad del pueblo saharaui y sus obligaciones como potencia administradora. El ejército marroquí profundizó su ofensiva y, mientras el Polisario combatía, miles escapaban de las tropas de ocupación, que avanzaban violando, torturando y masacrando.

El hecho más aberrante se dio entre el 19 y el 20 de febrero de 1976, cuando la aviación de Marruecos bombardeó el campamento de refugiados de Um Dreiga con napalm y fósforo blanco. Era el mayor asentamiento de población desplazada, habitado principalmente por mujeres, niños y ancianos. En 2015 el juez español Pablo Ruz determinó en una investigación que se trató de un delito de genocidio y procesó a once militares marroquíes que, hasta el día de hoy, no han sido juzgados.

El 26 de febrero de 1976 el Estado español retiró sus últimos contingentes militares y al día siguiente el Frente Polisario proclamó el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática.

Una independencia atrapada por la geopolítica

La nueva república nació en medio de una guerra de liberación y un contexto mundial complejo. Los saharauis tenían el derecho internacional de su lado, pero Marruecos contaba entre sus filas con la complicidad española y el apoyo de Francia y Estados Unidos. Estas potencias veían como un problema la creación de un Estado no alineado con Occidente, respaldado por Argelia y la Libia revolucionaria de Muamar al Gadafi.

Mientras tanto, gran parte del pueblo saharaui, expulsado de su tierra, se instalaba en los campamentos de refugiados en los alrededores de Tinduf, ciudad argelina a pocos kilómetros de la frontera de su país y el EPLS combatía ahora contra marroquíes y mauritanos. Con los hombres luchando en el frente, fueron las mujeres las que erigieron un Estado en el exilio.

El Polisario logró que Mauritania reconociera a la RASD en 1979 y retirara sus reclamos territoriales. Pero la guerra contra Marruecos continuó durante toda la década de 1980, período en el que se construyó lo que los saharauis denominan «el muro de la vergüenza»: una serie de fortines militares que se extienden a lo largo de 2700 kilómetros, partiendo en dos el territorio saharaui, uno bajo ocupación y el otro liberado.

Sin embargo, agotado por la guerra, «en 1988 el todopoderoso rey de Marruecos, Hassan II, levantó la bandera blanca y pidió a Naciones Unidas intervenir para la celebración de un referéndum», recordó Mohamed Alí Alí Salem, embajador de la RASD en Colombia y representante diplomático en Argentina. Así se llegó a un alto el fuego en 1991.

Ese mismo año se instaló en el territorio la MINURSO, con la promesa de organizar en el plazo de un año la votación para que el pueblo saharaui decidiera su futuro. El sistemático boicot marroquí y la inoperancia de los cascos azules impidió su concreción. Rabat pretendía hacer votar a los colonos que se habían asentado durante los años de ocupación. «Quedamos en una situación de guerra sin enfrentamiento bélico, porque los demás componentes estaban ahí: había ocupación militar reconocida por Naciones Unidas, había refugiados, había una situación sin solucionar ni por la vía política, ni por la vía diplomática», explicó Alí Alí Salem.

Durante las décadas siguientes se presentaron nuevos planes para organizar el referéndum pero todos fracasaron ante las excusas de Marruecos que en 2007 finalmente admitió que solo aceptaría un régimen de autonomía del Sahara Occidental si estaba bajo su control. Desde 2022, el Estado español se sumó a esta propuesta, en lo que implicó un giro histórico respecto a su posición sobre el Sahara, sobre el cual mantiene, según todas las normas internacionales, la responsabilidad de su descolonización.

El desierto informativo

Los años de «paz» en el territorio (1991-2020) fueron en realidad tiempos de resistencia y conflictividad. La ocupación se profundizó con un aumento de la presencia de colonos marroquíes, la extracción de recursos naturales y la persecución a la identidad y la cultura saharaui, que resistió de diversas formas. Pero la información que llega es siempre escasa, porque Marruecos mantiene un férreo control interno y una enorme censura mediática.

En 2019 Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un informe en el que relataba la situación de los trabajadores de prensa en las zonas ocupadas. El régimen de ocupación «maneja con mano de hierro la información dentro del territorio, castigando de forma implacable el ejercicio del periodismo local y bloqueando el acceso de los medios extranjeros». En 2025 decenas de periodistas extranjeros fueron expulsados por intentar hablar con la población saharaui para documentar lo que sucede.

«He estado en 70 países, incluido Irak bajo el régimen de Saddam Hussein e Indonesia bajo el de Suharto… el Sáhara Occidental es el peor estado policial que he visto jamás», declaró en 2016 el profesor de Política Internacional de la Universidad de San Francisco (Estados Unidos), Stephen Zunes.

Quien conoce bien la situación es Ettanji, que desde Equipe Media se ha convertido en una de las pocas ventanas informativas hacia el exterior. «Desde noviembre de 2020 el conflicto armado se reanudó, aunque de manera asimétrica y con muy poca cobertura mediática internacional», remarcó. En los territorios ocupados, agregó, «esto ha tenido un impacto principalmente represivo: más vigilancia, más presencia policial y militar, más detenciones arbitrarias y más persecución contra activistas saharauis».

En la misma línea, Habibi señaló que «tras la reanudación de la lucha armada, la ocupación percibió que la existencia de jóvenes saharauis libres representaba una amenaza directa para su presencia», por lo que «lanzó una campaña de detenciones» imputando en su mayoría «cargos no políticos como migración irregular o contrabando, con condenas que oscilaron entre 15 y 35 años».

Los periodistas de Equipe Media hacen lo que definen como un «periodismo de azoteas», porque la mayoría de sus registros deben llevarlos a cabo escondidos desde los techos de las casas, donde la policía marroquí no los ve. «Nuestro trabajo se volvió aún más peligroso. Nuestros miembros sufren acoso constante, confiscación de equipos, detenciones, agresiones físicas y vigilancia permanente. Marruecos intenta imponer un apagón informativo total para que la reanudación del conflicto y la resistencia saharaui no tengan eco fuera del territorio», analizó el director del medio saharaui. Y afirmó que a pesar de todo, continúan trabajando «porque documentar lo que ocurre es una forma de resistencia» y su labor es «romper el silencio y demostrar que, pese a la ocupación y la represión, el pueblo saharaui sigue existiendo y reclamando sus derechos».

Una guerra ignorada

Desde el extranjero, incluso para quienes siguen el conflicto, resulta difícil conocer su desarrollo y parece tener un carácter de baja intensidad. Consultado por el tema Alí Alí Salem fue contundente: «No, es una guerra que se libra a diario y no exagero» pero sucede que «los medios occidentales no hablan de esto porque no beneficia a su aliado».

«¿Por qué Marruecos está loco ahora para que haya una solución a su favor mediante Naciones Unidas o algunas potencias como Francia o Estados Unidos? Es porque la guerra le está molestando», y le está creando «muchísimos problemas económicos, muchísimos problemas dentro de su propio ejército, muchísimas bajas y muchísima pérdida material». Si la guerra persiste, «Marruecos levantará la bandera blanca otra vez y pedirá una solución».

Habibi aseguró que desde noviembre de 2020 las cosas cambiaron. «Las condiciones de vida en Marruecos se han deteriorado, las deudas han aumentado de manera alarmante y los productos básicos ya no están al alcance del ciudadano común», enumeró. «Los saharauis deben presionar militarmente a la ocupación marroquí y amenazar los intereses económicos de las empresas internacionales que operan de manera ilegal y participan en el saqueo», añadió.

Para que la situación cambie, «deberían confluir varios factores», opinó Ettanji. En primer lugar, debe haber una mayor presión internacional sobre Marruecos, «especialmente [desde] actores clave» como la Unión Europea y Estados Unidos. Pero esto solo ocurrirá «si el coste político, económico y reputacional de la ocupación supera los beneficios que hoy obtiene». En segundo lugar, «la visibilización del conflicto es clave», porque mientras el Sáhara Occidental siga siendo «un conflicto olvidado, Marruecos tendrá margen para consolidar la ocupación».

El proyecto nacional saharaui

En 2026, la República Saharaui cumplió 50 años con un reconocimiento limitado pero importante. Más de 80 países la consideran un Estado, así como organismos regionales como la Unión Africana, de la cual es miembro fundador y participa con derechos plenos (incluso junto a Marruecos, lo cual supone una contradicción diplomática para la monarquía). Cambios de gobierno y presiones de Rabat determinaron que algunos países tengan idas y vueltas en sus posiciones pero, como señala Alí Alí Salem, «el reconocimiento es irrevocable: puede haber una ruptura, un corte de relaciones, pero negar la existencia de algo que ya se ha reconocido que existe es imposible».

Aunque la avalaran de hecho, hasta 2020 ningún Estado reconocía formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio. El primero en hacerlo oficialmente fue Estados Unidos, a través de las redes sociales de Donald Trump y ratificándolo luego ante Naciones Unidas. Fue parte del compromiso de Marruecos para restablecer relaciones con Israel, un aliado histórico que facilitó armamento y tecnología para la guerra contra el Polisario. Dos años más tarde se sumó el Estado español y posteriormente Francia que, de la mano del presidente Emmanuel Macron, afirmó en 2024 que «el futuro y el presente del Sahara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí».

Estos alineamientos responden tanto a razones históricas como coyunturales. Marruecos cumple en África un rol de gendarme de los intereses occidentales, tanto económicos como políticos y migratorios. Esta última variable es usada por la monarquía como otro método de presión, principalmente sobre el Estado español, como se vio con la tragedia de Melilla en 2022 y la más reciente en Ceuta en 2026.

A pesar de esto, los saharauis siguen defendiendo su proyecto nacional representado por una república laica y democrática. «La RASD representa el consenso político y nacional del pueblo saharaui, y es el Estado por el cual miles de mártires, desaparecidos forzados y prisioneros han dado su vida, y por cuya causa la mitad del pueblo fue desplazado, todo ello por esta idea: lograr su independencia en la totalidad de su territorio», afirma Anna Habibi. En la misma línea, Jadiyetu El Mohtar explica que con la proclamación de su Estado «el pueblo saharaui dio a conocer al mundo su voluntad, su idiosincrasia, su cultura, su identidad, su forma de autogestionarse política y socialmente».

El quiebre que se dio en Naciones Unidas a finales de octubre abrió una nueva etapa de incertidumbre. La retirada de la MINURSO supone el fracaso de la comunidad internacional ante el conflicto, pero no elimina el derecho a la autodeterminación saharaui. Mohamed Alí Alí Salem señaló que prefieren «una solución pacífica y negociada» pero que «los colonialistas, los invasores, los agresores no entienden otro lenguaje que el de la violencia». Y sentenció que el objetivo del Frente Polisario es guiar los pasos para que el pueblo saharaui pueda decidir su destino con «integridad territorial y soberanía plena para disfrutar de un futuro independiente y próspero».

[*] Nota del autor: los testimonios de este artículo fueron recogidos con anterioridad a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del 30 de octubre de 2026.

Fuente: Jacobin