(Editorial) Tras un receso durante el mes de febrero, como Guacoldas hemos retomado el trabajo del Semanario por la Libertad, instrumento de instalación y difusión de ideas para la Batalla por la Libertad. Este número llega en pleno despliegue de la apuesta de un Marzo de Rebeldía Popular y Mapuche, cuyo centro está en apurar los procesos de movilización y de encuentro en la praxis, a través de la ideas, entre el Gigante Popular y el Pueblo Mapuche, instalando dos ejes que recorren a los Pueblos en Chile: exigir el cese a las constantes, sistemáticas y masivas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado de Chile y por la institucionalidad democrática y la exigencia de libertad a los(as) prisioneros(as) políticos(as).

En lo que tiene que ver con la lucha por la libertad de los(as) prisioneros(as) políticos(as) y en particular a la realidad de prisión política de la Revuelta, hay un camino de libertad allanado por medio de una solución política, que tiene como expresión concreta el proyecto de ley de Indulto General ingresado el pasado 9 de diciembre en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cuya idea de legislar fue aprobada el 25 de enero en dicha comisión y que debiese ingresarse a la brevedad a la Comisión de Constitución del Senado para continuar su tramitación. Aquel proyecto de ley es hoy la única alternativa concreta para lograr la anhelada libertad. Hay dos aspectos que a nosotros nos urge que se modifiquen de este proyecto.

Uno tiene que ver con que la aplicación de este beneficio sea por hechos acontecidos hasta la promulgación de la ley, ya que todas las semanas siguen cayendo en prisión jóvenes populares por hechos relacionados a protestas y movilizaciones. De hecho, tras el cobarde asesinato del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, y en relación al tren de olas de protestas y de insolencia popular, a decenas de personas se les dictó prisión preventiva, como en el caso de los incendios de los municipios de Villarica y Panguipulli y por el incendio de un furgón policial en las cercanías de Plaza Dignidad. La segunda modificación tiene relación a que no se exima de este beneficio a los procesados por el artículo 6 D de la Ley de Seguridad del Estado. Con estas modificaciones, el proyecto de ley tendría la amplitud suficiente para liberar a todos los prisioneros(as) políticos(as) de la Revuelta.

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