Argentina al borde del precipicio

Por Aldo Andrés Casas

El jueves 1 de septiembre de 2022, millones de argentinas y argentinos que se disponían a cenar mirando los noticieros televisivos, pudieron ver -con una mezcla de espanto, estupefacción y cierta incredulidad- que intentaban matar a Cristina Fernández de Kirchner, Vicepresidenta de la Nación y principal dirigente del peronismo.

La custodia de la Policía Federal, que depende del ministro del Interior Aníbal Fernández, reveló ser completamente inoperante (“una Armada Brancaleone”, al decir de otros peronistas). El magnicidio no se consumó porque la pistola, con balas y gatillada a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, no se disparó. A 12 días del intento de asesinato hay tres detenidos (a Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, se sumó Agustina Díaz). No actuaron en soledad, existió inteligencia y se investiga la posible participación grupos neonazis (“Revolución Federal” y “Nación de Despojados”), activos en diversas acciones extremistas y en la campaña contra la Vicepresidenta y el gobierno “castro-chavista”. Campaña que en las “redes sociales” mezcla expresiones de odio violentas y racializadas dirigidas contra “la corrupta”, “la ladrona”, “la yegua”, con el llamado a liquidar a los “vagos que no quieren trabajar”, “piqueteros y planeros”, “negrada choripanera”, “zurdos de mierda”, etc.

Aunque la investigación judicial está en pleno desarrollo, la amplia mayoría de la población no cree se descubra la cadena de instigadores y partícipes directos e indirectos en el atentado. Desconfianza que es un índice más de la crisis, porque supone cierta impunidad para los promotores de un crimen que puso al país al borde de la conmoción interna y de que se desatara una violencia de imprevisible magnitud.

Apenas conocido el intento de magnicidio, hubo reacciones de repudio de casi toda la dirigencia política, empresarial, sindical y social (con las notables excepciones de la presidenta del Pro, Patricia Bulrich y del provocador liber-facho Milei).

Alberto Fernández, por cadena nacional de radio y televisión, llamó a «recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido»y dispuso un feriado nacional para que el pueblo pudiera “en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”. Previo al acto convocado Plaza de Mayo, reunió a ministros, gobernadores, dirigentes empresariales (como Funes de Rioja), de organizaciones sindicales y sociales ligados al gobierno, de los organismos de derechos humanos y de diferentes credos, pero no fueron invitados otros partidos políticos. Del cónclave surgió el documento que fue leído ante la multitud y concluía diciendo: “El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera “.

Ya nos referiremos con más detalle al acto y las movilizaciones que se realizaron así como a las diversas propuestas tendientes a mantener la movilización popular y precisar sus objetivos, pero antes es importante destacar que el frustrado magnicidio, inesperado y disruptivo, no fue sin embargo un rayo en cielo de verano, sino un episodio (¿acontecimiento?) precedido por  meses de crisis y parálisis gubernamental, descontrol económico, enfrentamientos político-institucionales de creciente gravedad y un simultáneo incremento de la miseria y protestas en las calles a las que el mismo gobierno –Cristina incluida- respondió ninguneando los reclamos y sembrando dudas sobre sus organizaciones, sumándose de hecho al orquestado ataque (judicial, policial, político y mediático) en contra de los piqueteros y los planes sociales.

¿Cómo se llegó a esto?

En las semanas previas al atentado se produjo un salto en la crisis político institucional del país. El 22 de agosto, en el juicio del “caso Vialidad” (por supuesta administración fraudulenta de la Obra Pública en Santa Cruz, por fuera del control directo del gobierno nacional y en el que no existía ninguna prueba que la inculpara personalmente), el fiscal Diego Luciani pidió que CFK fuera condenada como “jefa de la asociación ilícita” en el gobierno a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y concluyó con énfasis teatral: “Señores jueces, este es el momento: es Corrupción o Justicia”. Y el Tribunal Oral n° 2, integrado por amigos de Macri, mostró de inmediato lo que entendía por justicia, negando a la imputada el derecho a defenderse respondiendo a la “prueba” indebidamente introducida en el alegato fiscal.

El descargo que Comodoro Py no quiso ni oír, fue transmitido a todo el país al día siguiente, 23 de agosto. Desde el Senado de la Nación, CFK denunció por radio y televisión que había sido condenada sin que existiera prueba alguna que la incriminara, en una farsa procesal en base a la cual Clarín y La Nación repetían hasta el hartazgo que era culpable. Dijo que se trataba de un caso de Lawfare como el que años atrás proscribiera a Lula, y advirtió “No vienen por mí, vienen por ustedes y por el peronismo”. De pasada, aprovechó para señalar que en el sonado caso de corrupción en la obra por soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, José López (ex Secretario de Obras Públicas que pasó a la celebridad por revolear bolsos con dólares a un convento), había sido actuado con la directa complicidad y en beneficio Nicki Caputo, gran empresario conocido como “hermano del alma” de Macri, cuyo gobierno integró…

Antes de que la Vicepresidenta terminara de hablar, ya sus partidarios se habían concentrado ante el Congreso. Cristina los saludó desde un balcón, cantó con ellos la Marcha Peronista y escuchó los cánticos de la calle: “Si la tocan a Cristina / ¡Qué Quilombo se va a armar!”; “Cristina Presidenta” o “Cristina 2023”. Parte de los manifestantes fue luego “a montar guardia” frente a su domicilio particular, en el paquete barrio de Recoleta.

Alberto Fernández se solidarizó como no podía dejar de hacer con su vicepresidenta. Eso bastó para que Juntos por el Cambio lo acusara de violar la división de poderes que establece la Constitución y pidiera su juicio político. Extremando la provocación, uno de sus diputados pidió que Cristina fuese castigada con la pena de muerte. También el “Partido judicial”, corporativamente, repudió las supuestas amenazas del gobierno y el FdT contra jueces y fiscales…

Así las cosas, en la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado Rodríguez Larreta decidió que la Policía de la Ciudad colocara vallados ante el domicilio de la Vicepresidenta y desalojara a quienes le hacían “el aguante”. Esto hizo que el peronismo suspendiera diversos actos programados para la tarde del sábado y convergieran hacia allí columnas de manifestantes (algunos incluso del conurbano). La policía del Pro tenía orden de reprimir y la cumplió con celo antiperonista: insultaron, empujaron y bastonearon a Máximo Kirchner, Luana Volnovich, Axel Kicillof y Andrés Larroque, entre otros. Al caer la noche, sin embargo, la determinación y cantidad de los allí reunidos hizo replegar a la policía. Larreta reunión un “comité de crisis” y apareció por TV rodeado por sus ministros y la plana mayor del Pro, advirtiendo que la decisión de imponer el orden era inamovible y haciendo responsable al oficialismo por lo que pudiera ocurrir… Una negociación de urgencia desactivó el enfrentamiento: Larreta retiró vallas y policías, Cristina mando a los suyos “a descansar” y el peronismo se comprometió a que la solidaridad con “la Jefa” se expresaría sin alterar la tranquilidad de la zona.

Mientras los halcones de Juntos por el Cambio lamentaban la “demostración de debilidad” de Larreta, el kirchnerismo festejaba lo ocurrido como si de un 17 de octubre se hubiera tratado (pese a las evidentes diferencias en cuanto a masividad y composición social).

También la izquierda (o al menos buena parte de ella) denunció que la justicia actuaba con evidente parcialidad y discrecionalidad contra CFK, esgrimiendo la peligrosa e inconsistente tipificación del “delito de Asociación Ilícita” contra un gobierno electo, sin dejar de subrayar que la maniobra proscriptiva estaba inscrita en una escalada reaccionaria contra los movimientos populares y la generalizada bronca contra el ajuste conducido ahora por Massa. Prueba de ello eran las movilizaciones callejeras de los piqueteros, el duro conflicto de los obreros del Neumático o la descomunal manifestación de maestros en Córdoba el 30 de agosto, que los medios invisibilizaban. El deterioro social generaba también sensaciones de frustración e impotencia que eran inmejorable caldo de cultivo para una especie de bolsonarismo criollo. Pero el FdT prefería mirar para otro lado y entusiasmarse con “la centralidad de Cristina”. Un connotado periodista kirchnerista afirmó que el curso de los acontecimientos nacionales había concluido en “la batalla de la calle Juncal”. Mal podía imaginar que, en ese preciso lugar, 6 días después, intentarían matar a su dirigenta.

La crisis es global y viene desde lejos

Más allá de la pelea entre el gobierno del FdT y la Oposición antiperonista, e incluso para comprender las razones y alcances de la misma, es preciso avanzar en la comprensión de la crisis estructural y sistémica en que estamos inmersos. Sin ignorar las disputas de “los de arriba”, hay que prestar atención a lo que ocurre “por abajo”. Acá, hay millones que intentan como pueden sobrevivir en la indigencia y otros tantos se desesperan porque están siendo hundidos en la pobreza sin encontrar formas colectivas y eficientes de resistir y avizorar la posibilidad de un cambio social. El inocultable fracaso del gobierno de los Fernández (Alberto y Cristina) genera protestas, pero también desmoralización, desaliento, “peleas entre pobres” y búsqueda de “chivos expiatorios”, que la extrema derecha estimula y aprovechan aventureros liber-fachos Milei.

El gobierno del FdT se disculpa diciendo que “la pesada herencia del Macrismo”, la Pandemia, la guerra en Ucrania y la Oposición le impidieron aplicar su proyecto de país: un “capitalismo normal en el que todos ganen”, lo que es un verdadero oxímoron. Sus críticos burgueses atribuyen todos los males al “populismo”, corrupto y clientelista de un gobierno que “quiere hacer de Argentina una Venezuela” (¿?) y tiene veleidades de soberanía nacional. Unos y otros ocultan que en este período de sufrimiento para muchos algunos pocos ganaron más que nunca porque existió una formidable transferencia de riqueza a los capitalistas, y que el “programa” acordado con el FMI nos ata a un futuro de dependencia, economía re-primarizada, agro-negocio, fracking, extractivismo minero, etc., con un devastador impacto ambiental y social.

El gobierno de Alberto y Cristina decidió que, en lugar de repudiar la deuda odiosa e ilegal contraída por Macri con el FMI, convenía aceptarla (supuestamente para renegociar condiciones más favorables) y subordinó a la búsqueda de este acuerdo con el FMI todo lo demás. De igual modo se jugó al acuerdo con “los Mercados” y las mayores corporaciones empresariales que, habiendo ganado poder y espacio político durante el macrismo, se sentían en condiciones de imponer la continuidad del neoliberalismo a despecho de la derrota de Juntos Por el Cambio, contando para ello con un minoritario, pero no insignificante respaldo “ciudadano” y núcleos en franca evolución hacia la extrema derecha (como ocurriera en Brasil y otros muchos lugares del mundo, dígase de paso).

Durante algún tiempo las excepcionales condiciones impuestas por la pandemia ocultaron o disimularon la inoperancia y falta de rumbo del gobierno, redujeron drásticamente las posibilidades de movilización e incidencia popular y ganaron la calle y visibilidad fueron grupos de derecha (antivacunas, libertarios, anti mapuches, racistas, furiosamente anti K y anti zurdos). Hacia finales de 1920 comenzó a ser inocultable la sorda disputa de personalismos y fracciones (albertistas, kirchneristas, massistas, pero también pejotistas, “barones de conurbano”, “liga de gobernadores”, etc.) que, incapaces plantear y desarrollar abierta y seriamente un debate de proyecto y estrategia, consumían sus energías en guerrillas de trascendidos, zancadillas, ataques ad hóminem  y lucha por influencias y recursos en el aparato estatal, alejándose así no sólo del conjunto del pueblo, sino de la militancia del FdT, reducida a la pasividad y a descartar cualquier crítica colgándole el conocido sambenito: como “cosa de troskos”.

El duro despertar les llegó con la inesperada magnitud de la derrota del FdT en las PASO de septiembre de 2021, de la que nadie se hizo cargo. Siguieron estrepitosas disputas y reservadas componendas, siempre efímeras. La sorpresiva renuncia de Wado de Pedro y otros ministros “cristinistas” para forzar un cambio de gabinete, terminó encumbrando a Juan Manzur como jefe de gabinete, lo que no evitó la derrota en las elecciones legislativas de noviembre 2021 ni imprimió dinamismo al gobierno. Las negociaciones semisecretas con el FMI se alargaban sin resultados positivos, las desinteligencias entre presidente y vicepresidenta aumentaron y terminaron por no dirigirse la palabra siquiera por teléfono. Así se llegó a la accidentada aprobación del nefasto Acuerdo con el FMI en febrero de 2022, que el kirchnerismo hizo posible, sin dejar de hacer críticas pour la galerie. Martín Guzmán cargó con la culpa del mal acuerdo con el Fondo y lidió infructuosamente con funcionarios de su área que sólo respondían a Cristina, hasta que las continuas críticas de una, la parálisis del otro y una formidable corrida contra el peso, precipitaron la intempestiva renuncia de Guzmán, en julio de 2022.

Sin ministro de economía ni reemplazantes a mano, el gobierno quedó, hablando mal y pronto, “en pelotas”. Siguieron el fugaz pasaje por el gabinete de Silvina Batakis y Daniel Scioli, la evaporación de las reservas del Banco Central, la penuria de combustibles, maniobras de los exportadores, corte de importaciones por falta de divisas, incontenible aumento de la inflación, crecientes reclamos en la calle de los movimientos sociales no controlados por el gobierno, aumento de la brecha cambiaria, chantaje de los sojeros….

Viendo un gobierno grogui y al FdT al borde del desbande, los “duros” de Juntos por el Cambio comenzaron a sugerir que la dupla Fernández-Fernández no llegaría a completar su mandato. Pero fue un peronista, Guillermo Moreno (frontal crítico por derecha de la actual gestión) quien dijo, con todas las letras, que ya no había gobierno y correspondía que la Asamblea Legislativa cubriera la acefalía …

Al borde del abismo, a fines de julio las tres cabezas del FdT consensuaron una reestructuración del gabinete que fue casi un cambio de gobierno: el desgastado Presidente desplazado a un rol casi ceremonial y se puso en manos de Sergio Massa toda el área económica (las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos multilaterales de crédito), mientras Cristina seguiría intentando mantener el liderazgo de un peronismo en marcha hacia una muy probable derrota en 2023. El cambio, que fue resultado de tres semanas de negociaciones reservadas entre Alberto, Cristina y Massa y del ultimátum de los gobernadores, desacomodó a la oposición de Juntos Por el Cambio que, ya desgarrada por prematuras internas con vistas a las elecciones, debe endurecer su discurso para diferenciarse del oficialismo en el momento en que este asume una agenda de ajuste, abiertamente favorable al gran capital, el agronegocio, el FMI y la aproximación con los Estados Unidos…

Cuando el nuevo ministro de Economía asumió, las reservas brutas del Banco Central que eran de U$S 37.819 millones, pero en 29 de agosto habían caído a U$S 36.841 millones y las reservas netas tendrían signo negativo. Para detener el derrumbe, en la conferencia de prensa del 3 de septiembre (que el atentado hizo pasar casi desapercibida) Massa anunció una agenda con cuatro ejes: orden fiscal; superávit comercial; fortalecimiento de reservas; desarrollo con inclusión. Comenzó por endurecer las restricciones presupuestarias ya impulsadas por Batakis (congelamiento de la planta de la administración pública nacional y “cuenta única del Estado” para “achicar gastos”), y dispuso el recorte de fondos para Educación (jardines de infantes, Conectar Igualdad, infraestructura), Salud y plan Procrear, entre otros tijeretazos que suman un total de $128 mil millones. Se atrasan pagos y ejecución de partidas presupuestarias y se espera que la inflación complete el ajuste diluyendo partidas presupuestarias. Todo sea para cumplir con el FMI, al que se pagarán $1,2 billones, sangría que se lleva el 7,3 % del presupuesto: más que el de Educación (6,4 %) y Salud (4,26%). Logró un canje de la deuda en pesos que permite postergar vencimientos por $2 billones, ofreciendo bonos con tasas de interés exorbitantes en favor del capital financiero. Se puede estimar que la suba de la tasa de interés insume un gasto público adicional por pago de intereses que supera ampliamente el “ahorro” por los recortes presupuestarios y quita de subsidios energéticos. La deuda en pesos de Economía es una bola de nieve que no para de crecer y lo mismo ocurre con la deuda del Banco Central, estimada en unos $ 7 billones y que implica un déficit cuasi fiscal de unos $2,3 billones anuales.

La aplicación de los tarifazos (ahora también al agua) está en marcha. Los usuarios que deberán pagar la tarifa plena de electricidad y gas serán alrededor del 30 % y los aumentos podrían llegar al 170% en febrero del año próximo. Lo que alimentará la inflación, que fue 7,4% de julio y, según acaba comunicar el INDEC, en agosto, de 7% (en los primeros ocho meses del año, el IPC acumula una suba de 56,4%). El relevamiento de expectativas del Banco Central estima la inflación de 2022 en 90,2%. Cayó el poder de compra del salario, quevolvió a quedar por debajo de los niveles de diciembre de 2019. Los asalariados perdieron 7,7 billones de pesos de 2021, prácticamente equivalente a 70 mil millones de dólares de diciembre del 2021, o sea el 19,5% del valor agregado promedio entre 2016/21, y la mayor la pérdida se registra durante el gobierno actual.

En contrapartida, los empresarios de la industria automotriz, del gas y petróleo y de la minería, reciben múltiples beneficios para incentivar las exportaciones y el 4 de septiembre se anunció un esquema de liquidación de soja con un tipo de cambio a 200 pesos desde el 5 al 30 de septiembre, lo que prácticamente equivale a eliminar las retenciones. Se prevé el ingreso de 5.000 millones de dólares durante el mes y, de lo que así recaude el Estado se destinará una partecita al refuerzo de la ayuda alimentaria a dos millones de indigentes. Sin esperar a conocer el monto de la ayuda, su duración y forma de implementación, Grabois y Patria Grande se apuraron a declarar que ahora sí se quedarían en el FdT, cuando lo real es que se quedan avalando un brutal volantazo a la derecha.

El superministro tiene el explícito apoyo del FdT en su conjunto.  El “Cuervo” Larroque y Máximo Kirchner lo respaldaron en vísperas de su gira en los Estados Unidos, que fue “exitosa” (lo que no significa que sea beneficiosa para el país). Claver-Carone lo recibió elogiando su “política cohesiva y coherente, con metas claras” y destrabó un esquema crediticio de US$ 1.200 millones de libre disponibilidad para engrosar las reservas del Banco Central. Se abrió la posibilidad de contraer nueva deuda con otros programas (lo que de concretarse significaría la entrada de otros US$ 1.933 millones este año y tal vez US$ 1.800 millones después). Negoció con el Grupo Amazon y con el gerente del Cono Sur de AWS exenciones impositivas para atraer inversiones de este sector. Lo mismo hizo luego con el CEO de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos. Se reunió con altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir cuestiones referidas la seguridad alimentaria, la demanda de energía y explotación extractiva (principalmente petróleo no convencional y litio), todo lo cual augura una profundización del saqueo ambiental y la reprimarización de nuestra economía. Tras sus reuniones con el FMI, Kristalina Georgieva, declaró que lo consideraba un “socio” confiable, capaz de asegurar el compromiso del gobierno de Todos y comprometido a cumplir con el programa del FMI, porque para la Argentina no hay ni puede haber un “plan B”.

El dinamismo y logros exhibidos por Massa no disipan las nubes. Sólo compró tiempo, endeudándonos más.

Ofreciéndoles a los grandes exportadores de soja lo que pedían, aunque sólo fuera por un mes, se aseguró un rápido e importante ingreso de dólares. La contracara es que el Tesoro deberá endeudarse con el Banco Central para cubrir la diferencia entre los tipos de cambio y satisfacer previsibles reclamos  sectoriales (un “dólar malbec”, un “dólar limón”, etc.). No desaparecerá la presión de los que quieren una mega-devaluación a sabiendas de que un salto inflacionario podría ser social y políticamente insoportables, pues hay pujas sectoriales alentadas políticamente. Un sector del ruralismo bonaerense que siguió resistiendo la liquidación anticipada con mensajes de beligerancia que no desapareció tras el atentado contra CFK. Las grandes empresas que integran el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) atribuyen las dificultades del primer semestre a “la política” y   “falta de estabilidad institucional”, lo que ilustra las prevenciones y pretensiones del gran capital, que no renuncian a la “triple reforma” (Laboral, Previsional y Tributaria) que vienen reclamando desde el 2008, aunque ahora lo hagan cuidando las formas. La agenda de la nueva conducción económica va en el sentido requerido por las grandes empresas nacionales y multinacionales, que, por eso mismo, se sienten en condiciones de reclamar mucho más, sin necesidad de esperar al 2023, entre otras razones porque advierten el apoyo casi incondicional del kirchnerismo al programa de ajuste rebautizado “plan de estabilización”.

¿Y ahora qué?

Volviendo a la conmoción y reacciones tras el atentado, pudo verse a un peronismo, unido en la ocasión y lanzando emocionales llamados, más que a enfrentar y derrotar a la ofensiva reaccionaria, a la defensa de Cristina y de la democracia: puede sonar parecido, pero no es lo mismo. Y los llamados a la “paz social” y la “unidad nacional” para “excluir el odio”. Recordemos que el repudio al atentado se tradujo en una inmediata movilización social que tuvo su máxima expresión en la multitudinaria concentración del 3 de septiembre en Plaza de Mayo, estimada en 300.000 personas. Fue una extraordinaria demostración de las reservas democráticas que existen en la sociedad. Pero el mensaje que allí se leyó no expresó las ansias de frenar a la derecha ni contribuyó a mantener la movilización para lograrlo. Si el FdT realmente creyó que el espanto ante lo ocurrido bastaría para determinar “un punto de inflexión” tras el cual oficialistas y opositores reconstruirían un “pacto democrático” que nos alejaría del precipicio, se equivocó fiero. Dos días después, y de allí en adelante, pudo verse en el Congreso, por televisión, radio, diarios y redes sociales, que la confrontación discursiva y la mutua descalificación de los que se pelean “por arriba” seguía igual que siempre.

La misa realizada en la Basílica de Lujan “por la paz y la fraternidad de los argentinos” no muestra ningún avance real en esa dirección, a menos que se crea o acepte que la foto de Alberto Fernández y Wado de Pedro junto a Eduardo Duhalde sirve para eso.

Tampoco los actos realizados por el peronismo en la Capital ese mismo domingo por la tarde pueden ser presentados como jalones de una contraofensiva popular en marcha. Más bien lo contrario. Con la consigna “»El pueblo cuida a Cristina/ Cristina cuida al pueblo” el FdT llenó el anfiteatro de Parque Lezama con animosos militantes: una movida importante, pero numéricamente acotada, autoreferencial y de incierta continuidad. En cuanto al acto callejero convocado por el juez Juan María Ramos Padilla y Jorge Rachid, no deja de sorprender que allí se planteara “echar a la Corte Suprema, corrupta, canalla, criminal” al mismo tiempo que Wado de Pedro insistía en la necesidad de que “todos debemos bajar un cambio”.

La caracterización de que la gran movilización de repudio constituiría un punto de inflexión tras el cual ya nada volvería a ser lo mismo, o de que la renovada centralidad de Cristina hacía irreversible su candidatura y eventual triunfo en 2023, no parece confirmarse. Por ahora, poco es lo que cambió, en términos políticos e incluso de expectativas electorales. Y los cambios que en términos de gestión económico-social introduce Massa tampoco apuntan en esa dirección.

Sin desmedro de sus notorias diferencias intestinas, Juntos por el Cambio sostiene que el llamado a restablecer “la convivencia democrática” es una maniobra del gobierno. Incluso el moderado Horacio Rodríguez Larreta asegura que el diálogo es necesario pero “no con el kirchnerismo» (¿con Massa sí?)La capacidad “ordenadora” de CFK no parece alcanzar a los gobernadores de las importantísimas provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, Omar PerottiGustavo Bordet Juan Schiaretti, que se reunieron para la consabida foto pero sobre todo para reivindicar la representatividad y especificidad del “peronismo del centro”… Y todos, absolutamente todos los sondeos de opinión realizados coinciden en señalar que incluso (o, sobre todo) con Cristina al frente de la fórmula, el peronismo marcharía hacia una severa derrota en 2023.

Si los dirigentes (oficialistas y opositores) actúan como si todo siguiera igual, sugiere lo hacen porque sienten que la gente a la que cada uno de ellos se dirige no les reclama algo diferente. Parecería que un gran sector de la sociedad está agobiada por años de crisis y retracción de su calidad de vida, disconforme sí, pero más aún desanimada. Muchos de los disconformes (¿un 40 %) se declaran totalmente ajenos o enojados con “la política”: son parte de la “clase media” (categoría elástica en la entran también los trabajadores con empleos pobres) que ha caído bajo la línea de pobreza.

Analizando esta realidad el antropólogo Ernesto Semán entiende que “más que polarización, lo que hay en Argentina es una clara radicalización de la derecha”. Otros investigadores matizan esa visión de un desplazamiento unilateral hacia la derecha o la ultraderecha, considerando más preciso hablar de “polarización asimétrica”.

En cualquier caso, la izquierda no debe ignorar el peligro que esto implica. Fue correcto que la mayor parte de la izquierda repudiara de inmediato el atentado y, antes aún, el accionar del “Partido Judicial” tendiente a la proscripción de Cristina. Como bien dice Ezequiel Adamovsky, “más temprano que tarde, el constante desprecio hacia las clases bajas y sus derechos, la erosión de los consensos democráticos básicos y el mayor autoritarismo distribuido en la sociedad se revertirá contra el conjunto de las agrupaciones que no sean suficientemente de derecha. Porque la grieta se monta sobre el par peronismo/antiperonismo, pero también lo excede”. Es claro que ni la situación actual es estática, ni las tendencias o contratendencias que puedan identificarse en la sociedad operan como vectores independientes de la lucha de clases. Por todo esto, la izquierda debe actuar e intervenir en la crisis con una orientación política que defienda las libertades democráticas, rechace cualquier intento de proscripción contra Cristina Kirchner y/o el peronismo y gane la calle en unidad de acción con todos los que estén dispuestos a frenar en seco agresiones y/o provocaciones de la extrema derecha. Al mismo tiempo, deberá criticarse la directa responsabilidad del kirchnerismo en la “estabilización” que aplica el gobierno, ahora en formal acuerdo con el programa del FMI e importantes organizaciones empresariales. Debe advertirse que tan brutal ajuste desembocará, más pronto que tarde, en nuevos estallidos de la crisis y más duras confrontaciones sociales.

Debemos tratar de enfrentar esta doble tarea sin olvidar ni permitir que lo urgente nos aparte de lo importante y, en definitiva, decisivo: comenzar a superar teórica y prácticamente la actual crisis de alternativa socialista, y re-conocer la actualidad de la revolución tanto en su dimensión  internacional como en su irreductible y compleja diversidad, enfrentando la crisis estructural del capital que es crisis civilizatoria y crisis (geopolítica) del sistema mundial de Estados que lo sostiene, sumando a la catástrofe ecológica el riesgo cierto de guerra nuclear entre imperialismos en disputa por el control del mundo.

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