por Andrés Figueroa Cornejo
La comunidad del Campamento Placilla de San Antonio, que enfrenta una orden de expulsión impuesta para febrero de 2027, realizó este 22 de septiembre una movilización y punto de prensa en el frontis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para informar sobre las acciones judiciales mediante las cuales rechazan el inminente desalojo de sus viviendas.
Gustavo Burgos, abogado de los vecinos, señaló que «desde 2023, numerosas desocupaciones se han ejecutado o intentando ejecutar por fuera de un verdadero juicio, a través del solo expediente recursivo de protección. En vez de demandar a personas determinadas, acreditar hechos concretos, discutir títulos, posesiones, situaciones familiares, vulnerabilidades sociales y alternativas habitacionales, se instaló la práctica brutal de obtener una orden general de restitución y luego extender sus efectos sobre poblaciones enteras, muchas veces compuestas por cientos o miles de personas que jamás fueron escuchadas por tribunal alguno».
Burgos precisó que «En este contexto, la acción civil presentada por habitantes del asentamiento irregular de Placilla, en la comuna de San Antonio, constituye un hecho de enorme importancia política, social y jurídica. No se trata simplemente de una nueva presentación judicial frente a una amenaza de desalojo. Estamos ante la primera acción civil conocida a nivel nacional que busca encarar institucionalmente el viraje jurisprudencial que en los últimos años ha puesto a las Cortes en línea con los intereses de las grandes inmobiliarias y propietarios de suelo, pervirtiendo el sentido protector del recurso de protección».
Las familias del Campamento Placilla mantienen acciones legales pendientes ante la Corte Suprema y la justicia civil de Viña del Mar, donde cuestionan la vulneración del debido proceso que las ha llevado a enfrentar el riesgo de perder sus viviendas a manos de la Inmobiliaria Bellavista, empresa a la que atribuyen una actuación de carácter especulativo respecto de los inmuebles involucrados.
Echando mano a estas acciones, la población trabajadora del Campamento Placilla reclama el respeto efectivo de las garantías del debido proceso y la apertura de una instancia de negociación que logre una solución al conflicto y la radicación definitiva de las familias en el lugar, evitando un desalojo que afectaría directamente sus viviendas y condiciones de vida.
Por su parte, el dirigente social Braulio Bulnes explicó que «estamos viviendo lo que otros han sufrido antes en el gobierno de Boric y ahora de Kast. Desalojos, ninguna propuesta, ninguna solución; lanzar a la basura todas las mesas de trabajo hechas durante estos años donde nos pidieron seguir el conducto regular. O sea, colocarnos en la fila eterna de asentamientos precarios del programa del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu», y añadió que «sus políticas, sus programas de vivienda, sólo son útiles para mantener a funcionarios, y enriquecer a empresas que licitan catastros y análisis socio territoriales. Por lo que hemos visto, la lucrativa burocracia de la vivienda no descansa hasta que se realicen los desalojos con fuerza militarizada».
Braulio Bulnes, refiriéndose al empleo de los recursos de protección de las inmobiliarias, planteó que «la justicia acaba favoreciendo a los poderosos del país y lanzando a las familias trabajadoras a la calle, gaseando a bebés, abuelas y abuelos», y agregó que «el aparato estatal está disponible para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En eso consiste el desalojo al que nos oponemos en cuerpo y alma. Nos ha costado años de trabajo construir nuestra comunidad y la vamos a defender».
