por Alejandro Mora Donoso
Hay algo profundamente contradictorio en mirar hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas. En teoría, ese enorme salón debería representar una de las mayores conquistas políticas de la humanidad, la idea de que los Estados, independientemente de su tamaño, riqueza o poder militar, pueden sentarse en una misma mesa y reconocer que existen problemas que nadie puede resolver por sí solo. La propia ONU plantea este 81.º período de sesiones bajo la idea de restaurar la confianza y construir unas Naciones Unidas capaces de cumplir para todos, mientras António Guterres advierte que las fracturas del mundo se han convertido en abismos y reclama un multilateralismo capaz de someter el poder a las reglas y al derecho internacional. Pero basta escuchar a algunos de los principales protagonistas de esta Asamblea para comprender que el problema es bastante más profundo que una simple disputa entre países o entre gobiernos.
Pedro Sánchez, pese a sus propias contradicciones, aparece defendiendo precisamente aquello que sostiene el edificio multilateral, más cooperación, más diálogo, más derecho internacional y unas instituciones internacionales más representativas e inclusivas. Su planteamiento parte de una idea bastante sencilla, si el mundo está fragmentado, la respuesta no puede ser aumentar todavía más la fragmentación. Sánchez ha insistido en que la paz no se construye cerrando los círculos, sino ampliándolos, y ha defendido la necesidad de preservar un orden internacional basado en reglas. La posición tiene una lógica evidente, si cada país comienza a decidir unilateralmente qué normas reconoce y cuáles deja de reconocer, entonces el derecho internacional corre el riesgo de transformarse en una colección de buenos deseos. Y cuando las reglas dejan de tener algún grado de fuerza común, aparece algo mucho más antiguo que cualquier tratado moderno, la ley del más fuerte.
Pero entonces aparece Donald Trump y la contradicción se vuelve visible. En su discurso ante la Asamblea General, Trump reivindicó la soberanía estadounidense, defendió las acciones de su gobierno y volvió a colocar en el centro la capacidad de Estados Unidos para actuar unilateralmente en defensa de lo que considera “sus intereses nacionales”. También cuestionó aspectos centrales del sistema multilateral, incluida la ONU y determinados mecanismos internacionales, mientras defendía una concepción muy fuerte de la soberanía nacional. Y aquí no hace falta convertir a Trump en una caricatura para entender el problema, la pregunta que introduce su discurso es legítima y barbárica dentro del sistema internacional. ¿Hasta dónde debe llegar la obligación de un Estado de someter sus decisiones a instituciones y reglas internacionales cuando considera que esas reglas perjudican sus propios intereses? El problema comienza cuando todos los Estados responden exactamente lo mismo.
Porque si Estados Unidos puede decir que primero están sus intereses nacionales, Rusia puede decir lo mismo, China puede decir lo mismo, Israel puede decir lo mismo, Brasil puede decir lo mismo, España puede decir lo mismo y cualquier Estado, grande o pequeño, puede intentar hacer exactamente lo mismo. Entonces el derecho internacional empieza a depender de una pregunta bastante menos jurídica y bastante más brutal, que está implícita en la violencia que hoy vemos contra pueblos oprimidos estos últimos 50 años ¿quién tiene la capacidad real para imponer su voluntad?
Y ahí entra Lula da Silva, porque su discurso introduce una segunda dimensión de la soberanía. Lula defendió ante la ONU la soberanía brasileña, rechazó las interferencias extranjeras y sostuvo que Brasil no es el patio trasero de ninguna potencia. Al mismo tiempo, cuestionó la inacción del Consejo de Seguridad y defendió un multilateralismo más efectivo. Y esto resulta particularmente interesante porque demuestra que soberanía y multilateralismo no son necesariamente conceptos enemigos. Un país puede defender su derecho a decidir su propio destino y, al mismo tiempo, exigir que exista un sistema internacional capaz de impedir que los países más poderosos decidan por los demás. De hecho, ahí aparece una de las grandes tensiones del mundo actual, necesitamos soberanía para evitar que los poderosos gobiernen sobre los débiles, pero necesitamos reglas internacionales para evitar que los poderosos hagan exactamente eso.
Y entonces llegamos al problema que estábamos conversando. Supongamos que finalmente logramos construir un sistema internacional realmente basado en el derecho. No solamente declaraciones, no solamente resoluciones, no solamente tratados que los Estados respetan cuando les conviene, sino un verdadero sistema jurídico internacional capaz de obligar a todos por igual, entonces ¿quién tendría la autoridad para hacerlo cumplir?
Porque para que el derecho internacional sea verdaderamente obligatorio tiene que existir algún poder capaz de enfrentarse incluso a los Estados más poderosos. Para impedir que un Estado poderoso pueda hacer lo que quiera, necesitamos crear una autoridad superior al Estado. Pero si esa autoridad adquiere suficiente poder para imponerse sobre todos los Estados, entonces tenemos que preguntarnos quién controla a esa autoridad.
Imaginemos un gobierno mundial capaz de imponer el derecho internacional a todos los países. En principio podría parecer la solución definitiva al problema de la guerra, de la impunidad y de la ley del más fuerte, vamos por esa idea ¿qué ocurre si ese poder mundial comienza a actuar contra quienes considera sus enemigos? ¿Qué ocurre si los pueblos oprimidos por ese poder no tienen una instancia superior a la cual recurrir? ¿Qué ocurre si la autoridad que debía garantizar la libertad termina siendo la autoridad que decide qué significa libertad?
Y aquí aparece el verdadero peligro, el poder no deja de ser poder porque tenga carácter internacional. Tampoco se vuelve democrático simplemente porque se ejerza desde una institución supranacional. Un gobierno mundial podría, en teoría, ser mucho más peligroso que un Estado autoritario precisamente porque tendría menos espacios exteriores capaces de limitarlo. Si un Estado oprime a su población, todavía existe —al menos en principio— un mundo exterior al que recurrir, otras sociedades, otros Estados, otras instituciones, otras formas de presión. Pero si llegáramos a construir una autoridad mundial absolutamente soberana, ¿ante quién podría reclamar el oprimido?
Y entonces descubrimos que quizás el problema no tiene una solución definitiva. Tenemos, por un lado, un mundo compuesto por Estados soberanos. Si dejamos que cada uno actúe exclusivamente según su voluntad, corremos el riesgo de regresar a la ley del más fuerte. Pero si resolvemos esa dificultad entregando todo el poder a una autoridad supranacional, podemos terminar construyendo un poder que nadie pueda cuestionar desde afuera.
Es una especie de círculo extraño. Para limitar al poderoso necesitamos poder. Pero el poder que utilizamos para limitar al poderoso también necesita ser limitado.
Por eso quizás la discusión no debería conducirnos a elegir entre soberanía absoluta o gobierno mundial absoluto. Ambas posibilidades contienen un peligro. La pregunta verdaderamente importante sería otra: ¿cómo construimos un sistema donde ningún poder pueda convertirse en absolutamente incuestionable?
Tal vez ahí esté la razón más profunda de la existencia del multilateralismo. No porque la ONU sea perfecta —evidentemente no lo es— ni porque sus instituciones estén libres de las relaciones de poder que atraviesan el mundo. Al contrario: precisamente porque el mundo está lleno de desigualdades, guerras y Estados con capacidades radicalmente diferentes, necesitamos espacios donde esas relaciones puedan ser discutidas, confrontadas y, al menos parcialmente, limitadas. El problema es que esos espacios también reflejan las desigualdades del mundo que pretenden ordenar. El Consejo de Seguridad es probablemente el ejemplo más evidente: una estructura nacida de la realidad política de 1945 que continúa intentando gobernar un mundo completamente diferente.
Por eso los discursos de Sánchez, Trump y Lula pueden leerse como algo más que posiciones diferentes sobre política internacional. Son tres maneras de mirar la misma contradicción. Sánchez pone el acento en las reglas comunes y en la cooperación; Trump enfatiza la soberanía y la capacidad de los Estados para defender sus propios intereses; Lula intenta defender la soberanía frente a las potencias, pero al mismo tiempo reclama un multilateralismo capaz de impedir que esa soberanía sea sustituida por la voluntad de los más poderosos. Ninguno de estos elementos, por sí solo, resuelve el problema.
El mundo necesita reglas comunes, pero esas reglas necesitan poder para ser cumplidas. Necesita soberanía, porque ningún pueblo debería quedar sometido simplemente a la voluntad de otro. Necesita instituciones internacionales, pero esas instituciones también deben poder ser controladas. Necesita autoridad, pero también necesita mecanismos para cuestionarla.
En el fondo, la pregunta no es si debemos tener un mundo con reglas o un mundo de Estados soberanos. La verdadera pregunta es quién establece las reglas, quién las aplica, quién puede modificarlas y, sobre todo, quién puede detener a quien tiene el poder de aplicarlas, voluntad vs Poder.
Porque quizá el gran desafío del siglo XXI no sea construir un gobierno mundial, sino construir algo mucho más difícil: un orden mundial en el que ningún Estado sea suficientemente poderoso para imponer su voluntad al resto, pero ninguna institución internacional sea suficientemente poderosa para convertirse ella misma en aquello que pretendía impedir.
Aunque sea difícil el desafío no debe estar en encontrar un poder definitivo que gobierne sobre todos, sino mantener el poder permanentemente expuesto al límite, al conflicto, a la crítica y a la posibilidad de ser cuestionado.
Porque cuando ya no existe nadie que pueda cuestionar al poder, el problema deja de ser quién gobierna. El problema pasa a ser que ya nadie puede impedir que gobierne para siempre.
Al frente, el otro camino… es la guerra y que gane el más fuerte.
