por Wilmar Castillo

Mi país, Colombia, es titular a nivel mundial por las consecuencias sociales, económicas y militares del paro armado de Los Pachenca, o como se hacen llamar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Maestra, en los departamentos del Magdalena, La Guajira y la Troncal del Caribe en el Caribe colombiano. Diferentes acontecimientos han producido esta acción paramilitar, dolorosas y preocupantes, pues las comunidades de este territorio viven bajo el control de este grupo armado ilegal, que en la práctica representa la cara no-bonita del Estado moderno.

Este artículo también tiene como fuente principal la entrevista de análisis hecha a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación -PARES- y a Juan Villamizar, experto en seguridad, quien trabajó en la política de Paz Total del gobierno anterior, en el programa En la Raya, dirigido por la periodista Cecilia Orozco de la Revista Raya, el pasado 27 de septiembre (1). Los invitados compartieron sus análisis del mencionado paro armado y a partir de ahí, incluyeron al actual gobierno ilegítimo de Abelardo De La Espriella -ADLE-, el conflicto armado colombiano, entre otros temas relacionados.

Dentro de todo lo hablado en los 58 minutos que duró el programa, llamó la atención la perspectiva que los dos invitados tuvieron sobre el conflicto armado colombiano y del papel del Estado. Pues su postura, en términos generales fue la de legitimar el actuar militar del Estado contra los grupos armados ilegales, sin distinción alguna entre estos, así como de repetir el libreto de que el Estado moderno “debe llegar integralmente” a los territorios para que no sea el uniforme oficial el que represente exclusivamente al Estado ante las comunidades olvidadas por dicha institucionalidad.

También, repitieron el libreto del “sometimiento” de los grupos armados como parte de una negociación de paz, demostrando que su cadena argumentativa también incluye la doctrina de paz que el Estado colombiano ha impuesto desde el guerra contra la base social liberal y conservadora del siglo pasado, donde se aplica el principio de traicionar a quienes pactan la entrega de sus armas y posterior “legalización”.

Además, los entrevistados reconocen el carácter de la guerra híbrida por parte de los grupos armados ilegales (¿o tal vez hasta ahora lo identifican?) porque llegan a mencionar que “acabar” con las bandas paramilitares es difícil actualmente debido a que se “camuflan” entre la gente civil, pero la solución a este problema, y lo menciona Laura Bonilla, es que las FFMM fortalezcan su inteligencia. Con esta pequeña mención de las respuestas de los “expertos” en seguridad y paz, deja ver el tipo de lectura y postura que tienen sobre el conflicto armado colombiano, que se alinea con la lectura y postura que históricamente ha impuesto el Estado y los gobiernos nacionales, incluyendo a la administración del Pacto Histórico (2022-2026).

Deja entrever esta entrevista, que tanto la fundación PARES, como la planta “profesional” que tuvo la Paz Total, no reconocen la doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, el cual el Padre Javier Giraldo documentó detalladamente y aportó diferentes textos que no dejan duda del papel de perpetuador y causante del conflicto social y armado colombiano del Estado; tampoco dejan dudas de hacía dónde apuntan cuando hablan de un Estado que puede hacer “las cosas bien” pero los paramilitares no se lo permiten en algunos territorios, delimitando hasta cierto punto la línea histórica del empobrecimiento planeado de las comunidades del país, a cargo del Estado.

Aquellos citan la bonanza marimbera que tuvo lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta en el siglo pasado, la cual fue una de las causas de la creación de mafias que poco a poco fueron convirtiéndose en un poder político, social y militar en esta parte del caribe colombiano. Pero este acontecimiento se menciona sin un contexto histórico, en el plano de qué factores lo causaron, promovieron y fortalecieron, desconectando así los intereses locales e internacionales que implementaron el narcotráfico como estrategia de control territorial y de paso, fuente económica ilegal (2).

Este enfoque a-histórico que legitima en cierta manera la presencia de los paramilitares, también está en el relato de nuestros protagonistas. Seguidamente, se legitima, por ende, el papel represivo del Estado frente a un “enemigo” que aparece como un “Estado paralelo” dentro de la nación. Continuando con el carácter contrainsurgente del Estado, los paramilitares son parte de la estrategia contrainsurgente, cuyo articulación institucional y extra-institucional es tan compleja, pero eficaz, que sigue siendo un libreto aplicado por los gobiernos nacionales y los grupos de presión económicos-políticos para mantener el status-quo.

La finalidad de esa doctrina contrainsurgente estatal es impedir que un modelo de sociedad diferente se construya y desarrolle en el país. El anticomunismo gringo con que nació dicha doctrina institucional, sigue vivo y lo que ha hecho desde los años 60, es actualizarse para incluir a los “nuevos enemigos” y cualificar sus métodos de represión y desaparición de sus adversarios. Un ejemplo actual, es la actuación de las reservas activas de las FFMM, quienes no portan más el uniforme militar pero están en función de apoyar las políticas económicas neoliberales, así como de extender la represión en escenarios urbanos contra los sectores sociales que se movilizan en oposición a dichas políticas económicas, viendo así que pensionados de las FFMM, conforman la planta laboral de las “secretarías de seguridad” que algunas alcaldías controladas por la derecha recalcitrante, crearon para abrir un nuevo frente de represión y control militar que complementa el accionar de las FFMM.

¿No hay nada que rescatar de esta entrevista?

Hubo un punto que mencionaron por encima los entrevistados sobre ciertas alternativas al estado de cosas que vivimos en Colombia, como señalar la presencia y aplicabilidad de la justicia a nivel local. En lo que sí coincido con esta pareja “pazóloga”, es que a ese nivel local debe haber una institucionalidad que refleje los intereses de las comunidades. Pero esa institucionalidad no vendrá del Estado vigente, porque su composición y funcionamiento está precisamente hecho para que ciertas capas de la sociedad sí gocen de su aparataje y en cambio otras capas sólo vean como vulneran sus derechos dentro de papeleos que se pierden entre pasillos y oficinas.

Por ende, algunos sectores sociales hablan de realizar un diálogo nacional, entre víctimas y victimarios, no solo del conflicto armado, también del conflicto social. Donde se integren comunidades, pero también gremios económicos, y por supuesto actores armados y clase política, más todos aquellos actores que tienen un papel importante en el territorio, con el fin de acordar soluciones políticas al conflicto social y armado, abordando sin prevenciones, las causas económicas y sociales de nuestra caótica situación.

Los alcances de dicho diálogo nacional abarcaría el análisis del modelo económico colombiano (tema que el régimen de Juan Manuel Santos prohibió tocar en la mesa de La Habana), al igual que el régimen político, el carácter del Estado colombiano y toda una serie de temas que conforman las causas del conflicto social y armado. Este cambio de paradigma implica una voluntad de autocrítica y de asumir compromisos para que las soluciones integrales y hasta estructurales, sean de largo aliento y superen claramente un periodo presidencial de cuatro años, y cuya aplicabilidad también sobrepase el poder legislativo moderno, que está bastante documentado que su forma y fondo responde a las influencias económicas de los gremios.

Ahora bien, volviendo a la escala local, las comunidades en la historia siempre han tenido las respuestas a las contradicciones fundamentales de la sociedad colombiana, de manera pacífica, pero las agresiones externas del Estado (vuelve y juega) y de los grupos de presión económicos, han empujado a usar las armas u otras formas de auto protección popular. Algunos ejemplos: La Comuna de Barrancabermeja en 1948; las autodefensas campesinas en el sur del Tolima (cuyo precedente organizativo y territorial fue el Frente Democrático de Liberación Nacional pero fue reprimido por la dictadura de Rojas Pinilla); el tejido social de la Unión Patriótica y de A Luchar, que en todo el país implementaron proyectos de sociedad locales bajo la gobernanza de estas mismas comunidades; las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroalimentarios, los Consejos Comunitarios, los Resguardos Indígenas, las Juntas de Acción Comunal (aquellas que no están manoseadas por los clanes familiares regionales).

Estos son algunas experiencias que representan la vocación de poder popular que han tenido las comunidades en Colombia, pero han sido y siguen siendo tratadas como “enemigo interno”. Y al igual que muchas otras expresiones de poder popular, son ignoradas por el Estado moderno (y por pazólogos como Laura Bonilla y Juan Villamizar), porque no están dentro del modelo de sociedad imperante y es tratado como un cáncer extirpable. Sin embargo, en la gente están las respuestas y las soluciones al conflicto armado y social colombiano, el problema es que son obligados a defender sus propuestas colectivas de vida con la vida misma, aunque eso es señalado actualmente de “terrorismo”.

Entonces, volviendo con los protagonistas de este artículo, la paz no se logra aplicando el mismo libreto de guerra del Estado moderno, ni tampoco está en el Estado moderno en sí. Por el contrario, dicho Estado es una de las causas sustanciales del actual periodo de la guerra colombiana; desde ese Estado se crean los paramilitares y su economías ilegales, son la cara de la misma moneda; ese mismo Estado crea intencionalmente las condiciones para que muchos jóvenes quieran ser el nuevo jefe paramilitar de la zona. El tan mencionado “abandono estatal” no es provocado por intereses ajenos a la institucionalidad, es que así opera el Estado, su ausencia en los territorios hace parte de su funcionalidad, porque es un instrumento de los clanes familiares y gremios económicos (y de la inversión extranjera).

En fin, tal vez estos “expertos” de la paz no conozcan el poder popular, o siquiera imaginen un Estado refundado bajo los intereses y esfuerzos colectivos de las comunidades, pues no se puede esperar nada diferente de quienes han vivido de la plata proveniente de Open Society Foundations o Ford Foundation, o trabajaron bajo la jefatura de peones de los Estados Unidos en la Paz Total del anterior gobierno (según las malas lenguas).

Notas:

1. https://www.youtube.com/watch?v=v8t7-1rak5M 
2. Se recuerda en este punto el caso de los “Contras” en Nicaragua, quienes fueron entrenados y financiados por Estados Unidos. Una de las fuentes principales de financiación fue el narcotráfico proveniente de los carteles colombianos de los 80´s.