por Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN
Hay momentos en los que la violencia deja de ser una anomalía para instalarse como método de gobierno.
Ese tránsito es particularmente peligroso, pues la excepción se vuelve norma y la sospecha sustituye a la prueba. Así la categoría de “terrorista” opera como justificación para ampliar los márgenes del uso de la fuerza estatal.
Lo que ocurre en el Caribe y el Pacífico de Nuestra América, desde septiembre de 2025, donde las fuerzas armadas estadounidenses han atacado embarcaciones bajo el argumento de combatir el narcotráfico, es motivo de análisis en el Informe Killing Spree, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Ahí se documenta que hasta julio de 2026, 67 embarcaciones fueron atacadas en 63 operaciones y 221 personas asesinadas, además de tres sobrevivientes. WOLA cuestiona la legalidad de estas acciones y señala que, en numerosos casos, no se ha presentado evidencia pública suficiente que demuestre que las embarcaciones transportaban drogas o que las personas atacadas representaban una amenaza militar.
El problema no es solamente la magnitud de las muertes, sino que existiendo otras formas de abordar dichas naves, se han normalizado las acciones de guerra y se presentan como una operación ordinaria de seguridad, cambiando la relación entre Estado, derecho y ciudadanía. Ahora, la sospecha se convierte en sentencia de muerte.
La consecuencia política es clara. Cuando una persona deja de ser un presunto delincuente para convertirse en un “enemigo absoluto”, la fuerza militar comienza a ocupar el lugar que corresponde a la justicia. El riesgo no reside únicamente en una operación concreta, sino en el precedente que establece.
Además, la eficacia de esta política ha quedado cuestionada. WOLA señala que los ataques no han demostrado una reducción proporcional del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, pero sí permite observar que la seguridad contemporánea se articula cada vez más con la geoeconomía, pues nuestros territorios han sido históricamente incorporados a las dinámicas mundiales como espacios de extracción y subordinación.
El uso de la «fuerza bruta» por encima del derecho, no solo es en los mares contra las lanchas supuestamente de narcotraficantes, también se ha instalado en la cotidianidad. Así lo vio el mundo el 23 de septiembre en Madrid cuando Maricarmen, de 87 años de edad y que llevaba 71 viviendo en el mismo apartamento, fue desalojada sin contemplaciones usando la fuerza.
Igual a lo acontecido con Donovan Balanta, tres días antes, el 20 de septiembre en Colombia en el barrio Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha. Este afrodescendiente murió a causa de un procedimiento policial exuberante en el uso excesivo de la fuerza y expresiones racistas.
Ahora, en los tiempos de don Abelardo donde para él es lo mismo la «razón» que la «fuerza», siempre y cuando sea para defender el interés de los poderosos, así le resultará legal usar la fuerza.
La barbarie no se instala solamente cuando aumenta la violencia; también cuando disminuye nuestra capacidad de indignarnos frente a ella.
Este año se cumplen 50 años de la Carta de Argel, proclamada el 4 de julio de 1976 como Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Su importancia está precisamente en recordar algo que el orden político contemporáneo suele olvidar: que los pueblos también son sujetos de derechos, que tienen derecho a la autodeterminación, a sus territorios, a sus riquezas y a rebelarse frente a la dominación. Y su artículo 28 llega todavía más lejos: establece que cuando los derechos fundamentales de un pueblo son gravemente ignorados, este puede hacerlos valer mediante la lucha política o social e incluso, como última instancia, mediante el alzamiento armado. Precisamente, en eso andamos.
Fuente: ELN Voces
