por Josefina Prado Tejerina

Estudiantes sometidos masiva e injustificadamente a Aula Segura, docentes suspendidos tras intentar resguardar a sus estudiantes durante una intervención policial, “despachos preventivos” que dejan adolescentes fuera del liceo en plena jornada escolar y cierre anticipado del año escolar que deja a 77 estudiantes de cuarto medio sin calificaciones, sin alimentación, sin preparación para la PAES, sin graduación; entre otras irregularidades y vulneraciones de derechos. ¿Este es el modelo de educación pública y protección de la infancia que queremos para nuestros hijos e hijas?

Lo que ocurre en el Liceo Manuel Barros Borgoño dejó de ser una sucesión de conflictos aislados. Estudiantes, familias y docentes vienen denunciando una forma de enfrentar las legítimas demandas de la comunidad educativa basada crecientemente en procedimientos disciplinarios, Aula Segura, exclusión de estudiantes y presencia policial, en lugar del diálogo, la formación y la protección de derechos.

Uno de los hechos más preocupantes es la utilización reiterada de Aula Segura contra estudiantes vinculados a movilizaciones y organización estudiantil. Tras los acontecimientos del 8 de octubre, la propia directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro anunció públicamente que se aplicaría el Reglamento Interno y Aula Segura a quienes fueran identificados.

La ley, sin embargo, establece exactamente lo contrario a una aplicación automática: desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.809, la expulsión y la cancelación de matrícula son medidas excepcionales y deben preferirse siempre las medidas formativas y pedagógicas. Además, cada establecimiento tiene el deber de prestar una especial y preferente protección a sus estudiantes. No existe responsabilidad colectiva. El ejercicio de la representación estudiantil, participar de una asamblea, manifestarse o expresar demandas no puede sustituir el debido proceso.

PROFESORES/AS SANCIONADOS POR CUMPLIR CON SU DEBER ÉTICO Y LEGAL

El 8 de octubre Carabineros ingresó al establecimiento. La propia Asamblea Gremial de Profesores denunció un procedimiento policial desmedido, con irrupciones en salas donde había estudiantes bajo resguardo de docentes, destrucción de vidrios, apertura forzada de dependencias y detenciones respecto de las cuales no existió información clara ni constancia de aviso oportuno a las familias.

Después de esos hechos, dos profesores fueron suspendidos preventivamente bajo acusaciones de “encubrimiento”. La cobertura periodística recogió, sin embargo, antecedentes según los cuales estos docentes habrían intentado proteger a estudiantes durante el ingreso policial.

Esto abre una pregunta que debería preocupar a cualquier madre, padre o apoderado: ¿qué esperamos que haga un profesor cuando sus estudiantes buscan protección dentro de su propia sala de clases?

Un liceo tiene deberes que no desaparecen porque ingrese Carabineros. La legislación vigente obliga a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

“DESPACHOS PREVENTIVOS”: NIÑOS Y ADOLESCENTES PUESTOS EN PELIGRO

Otra práctica denunciada por la comunidad son los llamados “despachos preventivos”. Esta práctica de la dirección del establecimiento, ya no sorprende a los estudiantes, es aplicada incluso cuando existen rumores de posibles manifestaciones en las inmediaciones del liceo. La dirección en vez de resguardar a los niños y adolescentes, los obliga a abandonar el establecimiento, en plena jornada escolar y sin aviso a sus apoderados/as, poniéndolos en peligro, privándolos de su derecho a estudiar y alimentarse.

El propio Centro de Estudiantes informó que el 8 de octubre existieron instrucciones contradictorias: mientras algunos estudiantes eran enviados fuera del establecimiento, a otros se les ordenó permanecer o regresar a sus salas, precisamente mientras se desarrollaba una intervención policial.

Para las familias, el problema es evidente: un estudiante que ingresa al liceo durante su jornada escolar está bajo el cuidado de adultos responsables. Enviarlo a la calle frente a una contingencia, especialmente sin información suficiente y oportuna a sus padres o apoderados, no puede transformarse en una respuesta habitual de seguridad.

CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR PARA 77 ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO

El Centro de Estudiantes denunció públicamente que 77 jóvenes quedaron sin sus últimas semanas de clases y que se les prohibió ingresar al establecimiento, y se les informó que su año escolar había sido cerrado anticipadamente.

Los estudiantes plantearon además su preocupación por la continuidad de prestaciones tan básicas como la alimentación JUNAEB, la falta de notas suficientes para cerrar el año, la pérdida de preparación para la PAES, entre otras inquietudes.

Para un estudiante de cuarto medio no estamos hablando simplemente de “unas semanas menos”, estamos hablando del cierre de doce años de escolaridad, de preparación académica, actividades de término, alimentación, convivencia con sus compañeros y profesores, incluso de entrega de certificados para presentar ante el llamado al servicio militar.

¿ESTÁN EDUCANDO O CASTIGANDO A NUESTROS HIJOS?

La legislación es robusta respecto de las obligaciones de los establecimientos educativos. La Ley 21.809 promueve la convivencia educativa y el buen trato, la Ley N° 21.430 establece Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Constitución garantiza derechos fundamentales y los tratados internacionales refuerzan el rol de los establecimientos educativos: su deber es educar y proteger. Sin embargo, en el Liceo Barros Borgoño observamos una sucesión de situaciones que requieren una explicación institucional seria: la vulneración de derechos se ha transformado en el modus operandi de una dirección que reprime, sanciona y castiga a toda una comunidad por manifestar en contra de las arbitrariedades de sus autoridades y por derechos que a todos y todas nos afectan, como el derecho a una educación de calidad, el derecho al buen trato, a una alimentación adecuada, etc.

La educación pública no puede responder a las demandas de sus estudiantes y apoderados/as con amenazas, expulsiones y vulneraciones a sus derechos más básicos. Las direcciones de los establecimientos educativos, no están por encima de la Ley. El Estado tiene el deber y la obligación de entregar a niños, niñas y adolescentes una educación y trato digno y sobre todo, garantizar los derechos que la propia Constitución y las leyes les reconocen.

UN LLAMADO A MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS

Esto debería preocuparnos incluso si nuestros niños o niñas no estudian en el Barros Borgoño, porque cuando se normaliza la represión y el castigo frente a exigencias legítimas de estudiantes y apoderados/as y vemos estas prácticas repetirse en varios de los liceos emblemáticos de nuestro país, el problema deja de pertenecer a un solo liceo; particularmente cuando el gobierno de Kast impone recortes presupuestarios y eliminación de derechos tan básicos como la alimentación o el acceso a computadores y al mismo tiempo promueve leyes represivas, podemos esperar que este tipo de situaciones vayan en aumento; esto principalmente porque estamos ante niños, niñas y adolescentes que asumen la responsabilidad y tienen la valentía de expresarse frente a la injusticia y al desmantelamiento de los derechos sociales.