por Nuestra palabra

Quedan en la memoria aquellos años en los que, al finalizar cada gestión, los trabajadores bolivianos recibían el doble aguinaldo. No era una dádiva ni una concesión circunstancial: era la expresión concreta de una economía que crecía de manera sostenida, impulsada por empresas estatales fuertes, una mayor circulación de recursos y un modelo que generaba certidumbre para miles de familias.

Y aunque no ha transcurrido tanto tiempo, pareciera que aquella etapa se ha convertido en una leyenda que algunos evocan con nostalgia. Sin embargo, fue una realidad tangible. El doble aguinaldo permitía a los trabajadores afrontar las fiestas de fin de año con mayor tranquilidad, consumir un poco más, compartir mejor con sus familias, viajar durante las vacaciones por el interior del país o incluso cruzar las fronteras para conocer un destino vecino. Ese ingreso adicional dinamizaba la economía y generaba movimiento comercial en prácticamente todos los sectores.

Paradójicamente, una parte importante de esos recursos terminaba regresando a los grandes grupos económicos, demostrando que cuando el pueblo tiene capacidad de consumo, toda la economía se beneficia.

Hoy la realidad es radicalmente distinta y profundamente preocupante.

Miles de trabajadores han perdido sus fuentes de ingreso y quienes aún conservan un empleo formal ya no cuentan con aquel beneficio que alguna vez les permitió respirar con algo de alivio. Los salarios han quedado rezagados frente al aumento constante del costo de vida. La inflación erosiona día tras día el poder adquisitivo de las familias y no solo reduce la capacidad de ahorro, sino que obliga a muchos hogares a destinar la totalidad de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.

Ir al mercado se ha convertido en un ejercicio cotidiano de frustración. Los precios cambian constantemente y cada visita deja la sensación de que el dinero vale menos. Lo que antes alcanzaba para llenar la canasta familiar, hoy apenas permite adquirir unos pocos productos esenciales. Las familias se ven obligadas a reducir cantidades, sustituir alimentos o simplemente renunciar a bienes que antes formaban parte de su consumo habitual.

La situación es aún más grave cuando se observan los precios de los productos de primera necesidad. Los abarrotes, la carne, los aceites, los lácteos y otros artículos indispensables registran incrementos que resultan prohibitivos para una gran parte de la población. Cada aumento golpea con más fuerza a quienes menos tienen y amplía la brecha entre quienes pueden afrontar la crisis y quienes sobreviven día a día.

A medida que se aproxima un nuevo año escolar, la preocupación de los padres de familia se multiplica. La compra de útiles, uniformes y materiales educativos representa una carga económica cada vez más difícil de asumir. Cuando la educación deja de ser un derecho accesible y se transforma gradualmente en un privilegio condicionado por la capacidad económica, la consecuencia inevitable es el incremento de la deserción escolar y la profundización de las desigualdades sociales.

La salud tampoco escapa a esta realidad. Para muchas familias, enfermarse se ha convertido en un lujo que no pueden permitirse. Los medicamentos son cada vez más caros y los costos de atención siguen aumentando. A ello se suma el deterioro progresivo del sistema público de salud, cuya capacidad de respuesta parece debilitarse precisamente cuando más se la necesita. Resulta alarmante que hospitales de tercer nivel, construidos con enormes inversiones públicas, enfrenten incertidumbres respecto a su funcionamiento y sostenibilidad.

Y aún existe la amenaza de nuevos golpes al bolsillo de la población. Los anuncios de ajustes en el sector de los hidrocarburos anticipan un efecto en cadena sobre toda la economía. Cuando aumentan los costos de los combustibles, sube el transporte; cuando sube el transporte, aumentan los costos de producción y distribución; y cuando eso ocurre, terminan encareciéndose prácticamente todos los bienes y servicios que consume la población.

Y si hablamos de servicios básicos e internet la situación se pone fea. La energía eléctrica y el agua han pasado a ser parte de un negocio comercial burdo, en el que el sentido social de los mismos está fuera de foco. El internet es una comodidad que solo se la pueden permitir ciertos privilegiados.

Por eso, cada vez más ciudadanos perciben que los problemas que hoy enfrenta el país no son producto de una fatalidad inevitable ni de circunstancias externas incontrolables. Identifican responsabilidades concretas en quienes administran el Estado y toman decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de bolivianos. Cuando el gobierno deja de proteger el bienestar de la población y se convierte en una fuente permanente de incertidumbre, es natural que surja el descontento y la convicción de que el principal obstáculo para el pueblo se encuentra dentro de las propias estructuras del poder.

El neoliberalismo que tanto combatió el pueblo boliviano en las guerras del Agua y del Gas y en muchas marchas y resistencias, hoy parece erguirse victorioso de la mano de Paz y sus compinches.

Esta es Nuestra Palabra.

Desarrollamos este tema y toda la actualidad este sábado 14 de noviembre a las 10:00 por la señal de Radio Cepra junto a la presencia de Myragliha Giles de Nuestra Palabra Cochabamba y como invitadas Mauricia Delgadillo y Lucy Escobar para cerrar esta 7ma temporada.