Por Félix Madariaga

¿Quién responde por los chilenos que están viajando al frente de guerra? Muertos cuyos cuerpos no son recuperados, familias que buscan respuestas, condenas judiciales en territorios bajo control ruso y plataformas digitales que publican increíbles ofertas para incorporarse a las Fuerzas Armadas ucranianas. Una realidad que Chile no puede seguir ignorando.
La guerra en Ucrania está dejando una consecuencia que merece mucha más atención de parte del Estado chileno: la participación de ciudadanos nacionales en las filas militares ucranianas, muchos de ellos atraídos por ofertas económicas, promesas de buenos salarios y oportunidades laborales que, en la práctica, pueden terminar convirtiéndose en una sentencia de muerte.
Los últimos acontecimientos vuelven a poner este problema sobre la mesa.
Uno de los casos más dolorosos es el de Ricardo Uribe Vásquez, chileno de 51 años, cuya familia perdió contacto con él después de que viajara a Ucrania para incorporarse a una fuerza militar. Según los antecedentes conocidos, habría muerto durante una operación de combate, información que habría sido comunicada a sus familiares por un compañero de unidad. Sin embargo, su fallecimiento no ha sido confirmado oficialmente y su cuerpo permanece desaparecido.
Su familia enfrenta ahora una situación dramática: no solamente la incertidumbre sobre su destino, sino también la dificultad para recuperar sus restos y obtener una confirmación oficial de su muerte.
¿Quién se hace responsable cuando un ciudadano chileno desaparece en un campo de batalla extranjero? ¿Qué mecanismos existen para localizar sus cuerpos, informar a sus familiares y garantizar que reciban las compensaciones que eventualmente correspondan?
Son preguntas que las autoridades chilenas deben responder.
Otra condena y más chilenos involucrados.
A esta situación se suma una noticia conocida este 12 de noviembre de 2026: el chileno Benjamín Ignacio Flores Muñoz fue condenado a 14 años de prisión por el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, territorio ucraniano bajo control ruso.
La sentencia fue dictada en ausencia y se relaciona con acusaciones de participación como mercenario en el conflicto armado. Según la información difundida por las autoridades de esa jurisdicción, Flores Muñoz habría integrado la Legión Internacional y posteriormente una unidad de asalto de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Pero el caso no termina ahí.
En octubre de 2026, la Fiscalía de esa misma jurisdicción informó que había aprobado la acusación contra Luis Lagos Torres, ciudadano chileno de 50 años, por el delito de participación como mercenario en un conflicto armado. La causa fue remitida a un tribunal para su juzgamiento.
Estos antecedentes muestran que la presencia de ciudadanos chilenos en las fuerzas que participan en la guerra no es un fenómeno aislado ni una situación que pueda despacharse como una simple aventura individual.
También obliga a preguntarnos qué información tiene realmente el Estado chileno sobre estas personas, sus condiciones de contratación, su situación jurídica y su destino.
¿Qué sabe realmente la Cancillería chilena?
Otro punto que requiere atención es la información entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según una respuesta recibida por mail, la Cancillería habría señalado que existirían solamente 19 ciudadanos chilenos combatiendo en Ucrania. Es una cifra merece ser examinada y contrastada con otros antecedentes públicos.
Jooble y las ofertas para incorporarse a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el mecanismo utilizado para captar ciudadanos latinoamericanos.
En abril de 2026, medios rusos difundieron una investigación sobre publicaciones de ofertas de trabajo en Jooble, plataforma ucraniana que funciona como agregador de ofertas laborales.
Según ese reporte, las versiones de Jooble destinadas a Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y México mostraban vacantes vinculadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Entre los puestos publicados figuraban operadores de sistemas antitanque, especialistas en armamento, personal de reconocimiento, operadores y técnicos relacionados con drones, artilleros y otros puestos vinculados directamente con actividades militares.
En la versión chilena de la plataforma también han aparecido ofertas que identifican expresamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania y ofrecen remuneraciones en dólares.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto se está utilizando el mercado laboral digital latinoamericano para captar personas que terminarán participando directamente en un conflicto armado?
Jooble sostiene que es un agregador de ofertas y no una agencia de contratación directa. Sin embargo, eso no elimina la necesidad de examinar la responsabilidad de las plataformas que permiten difundir anuncios de esta naturaleza, especialmente cuando se trata de actividades que pueden poner en peligro la vida de ciudadanos extranjeros, y que violan abiertamente las disposiciones internacionales sobre mercenarismos.
Los casos de Ricardo Uribe Vásquez, Benjamín Ignacio Flores Muñoz y Luis Lagos Torres demuestran que este asunto ya no puede ser tratado como una noticia aislada.
Detrás de cada nombre hay una familia, una historia y una decisión que puede tener consecuencias irreversibles.
La guerra puede estar lejos de Chile, pero sus consecuencias ya están alcanzando a nuestro país. Y el Estado no puede esperar a que aparezcan más muertos, más desaparecidos y más familias buscando respuestas para comenzar a actuar.
Fuentes:
https://www.t13.cl/videos/mundo/familia-chilena-busca-repatriar-el-cuerpo-de-ricardo-uribe-tras-su-muerte-en-ucrania-09-11-2026
https://dnr-news.ru/society/2026/10/07/1512510.html
https://ria.ru/20260421/ukraina-2088062133.html
https://ria.ru/20261112/sud-2131088891.html









