
por Braulio Bulnes
Una reflexión política desde el Campamento de Placilla de San Antonio
Desde el Campamento de Placilla queremos compartir algunas reflexiones que consideramos fundamentales para el proceso de articulación entre comités de vivienda, cooperativas y campamentos.
La discusión que hoy nos convoca no puede limitarse a la coyuntura de los recortes presupuestarios en vivienda ni a la convocatoria de movilización para el próximo 27 de noviembre. Si bien es necesario defender los recursos destinados a vivienda y exigir respuestas concretas, también debemos preguntarnos qué estamos construyendo políticamente con nuestras organizaciones y hacia dónde queremos conducir nuestras luchas.
1. La crisis habitacional no es una falla del sistema: es una consecuencia de su funcionamiento.
Debemos partir de una cuestión fundamental: bajo el capitalismo, la vivienda no está concebida como un derecho universal, sino como una mercancía. El suelo, las ciudades y la construcción de viviendas están subordinados a la rentabilidad y al lucro privado.
Las grandes inmobiliarias, los propietarios del suelo y los grupos económicos tienen una influencia determinante sobre las políticas habitacionales. No estamos frente a un Estado neutral que simplemente no ha conseguido resolver el problema. Estamos frente a una institucionalidad cuyas políticas están profundamente condicionadas por los intereses del capital.
Por eso, la lucha habitacional también es una disputa contra el poder económico que determina cómo se organiza el territorio, quién puede acceder a una vivienda y bajo qué condiciones.
Nuestra propia experiencia territorial lo demuestra. Cuando un campamento debe enfrentar judicialmente a una inmobiliaria para defender su permanencia y su derecho a una solución habitacional, queda de manifiesto la contradicción entre las necesidades de quienes habitamos los territorios y los intereses de quienes los consideran una fuente de rentabilidad.
2. La Concertación y la administración del neoliberalismo.
También es necesario hacer una lectura política de nuestra historia reciente.
La Concertación no desmontó el modelo neoliberal heredado de la dictadura: lo administró, lo modernizó y le dio continuidad. Se consolidó una izquierda institucional que terminó conviviendo con los intereses empresariales y que contribuyó a garantizar la gobernabilidad de un modelo económico basado en la concentración de la riqueza, la privatización de los derechos y el fortalecimiento del empresariado.
El Partido Socialista, que tuvo una historia vinculada a sectores populares y a una base social trabajadora, experimentó una profunda transformación hasta integrarse al orden político y económico dominante.
El Partido Comunista, el Partido Socialista y posteriormente el Frente Amplio han participado, en distintos grados y circunstancias, de la administración de esa institucionalidad. No podemos confundir sus discursos de transformación con una ruptura efectiva con el poder económico.
Hemos visto cómo figuras provenientes de la política concertacionista han terminado vinculadas a directorios y espacios de representación de grandes empresas. Esto expresa una integración entre la política institucional y el poder económico que debemos analizar críticamente.
No existe un neoliberalismo progresista capaz de convertir los derechos sociales en derechos efectivos mientras mantiene intacta la lógica del lucro y la propiedad privada como principios organizadores de la sociedad.
3. La cooptación de los movimientos sociales y la institucionalización de nuestras luchas.
Esta es una de las discusiones más importantes que debemos abordar como organizaciones populares.
La centroizquierda y buena parte de la izquierda institucional han desempeñado un papel importante en la integración, canalización y neutralización de los movimientos sociales.
El Estado no solamente responde a las demandas populares mediante políticas públicas. También desarrolla mecanismos para incorporar a las organizaciones a su propia institucionalidad, establecer interlocutores, administrar sus demandas y conducir sus formas de organización.
Esto ocurre mediante las municipalidades, movimientos que son brazos institucionales, los programas institucionales, los fondos concursables y distintas estructuras de intervención estatal.
No se trata de sostener que toda ayuda, programa o recurso institucional deba rechazarse automáticamente. Lo que debemos discutir es qué ocurre cuando nuestras organizaciones terminan dependiendo de esos mecanismos, cuando nuestra capacidad de decisión queda condicionada por ellos y cuando nuestras luchas comienzan a limitarse a conseguir recursos o beneficios dentro de las posibilidades que establece el propio Estado.
Existe una ilusión bastante extendida de que los municipios constituyen espacios naturales de contrapoder frente al poder central. Sin embargo, las municipalidades también forman parte del aparato institucional del Estado y pueden convertirse en mecanismos de mediación, subordinación y control de las organizaciones populares.
El problema aparece cuando dejamos de construir fuerza propia y comenzamos a depender de funcionarios, reconocidos voceros de movimientos institucionalizados, autoridades, programas o representantes políticos para resolver nuestras necesidades.
Así, una organización que nació para luchar por un derecho puede terminar convertida en una organización que administra la escasez y distribuye beneficios.
4. Los comités de vivienda y el riesgo de convertir nuestro derecho en una mercancía.
Esta discusión debe relacionarse directamente con el funcionamiento de los comités de vivienda.
Es necesario atrevernos a cuestionar el modelo mediante el cual se nos organiza para acceder a una vivienda.
Los comités, tal como funcionan dentro de la política habitacional, pueden terminar convirtiéndose en estructuras de espera, competencia y dependencia institucional. Se nos pide reunir antecedentes, cumplir requisitos, acumular antigüedad, postular a subsidios y esperar durante años una respuesta del Estado.
Y mientras esperamos, las condiciones que producen la crisis habitacional permanecen intactas.
Además, estas estructuras pueden ser utilizadas electoralmente por distintos sectores políticos, transformando las necesidades de las familias en capital electoral. Las organizaciones populares terminan siendo espacios de acumulación de votos y no necesariamente espacios de construcción de poder popular.
Esta crítica no significa desconocer el trabajo de las familias ni abandonar los comités de vivienda. Por el contrario, significa discutir críticamente su función, sus límites y su orientación política, para que puedan convertirse en verdaderos espacios de organización y lucha popular.
Debemos preguntarnos: ¿nos organizamos únicamente para conseguir una solución individual para cada familia o nos organizamos para transformar las condiciones que impiden que todas las familias puedan acceder a una vivienda digna?
Porque pagar por una vivienda, aunque sea mediante un subsidio o pagando un monto considerado accesible, no significa necesariamente conquistar el derecho a la vivienda.
Si el acceso sigue dependiendo de la capacidad de pago, de la rentabilidad inmobiliaria y de las condiciones del mercado, seguimos dentro de la lógica mercantil.
Un derecho no puede ser un cuarto de derecho ni medio kilo de derecho. No podemos aceptar que la garantía de una necesidad fundamental dependa de cuánto podemos pagar.
Pensemos en la educación: defender el derecho a la educación pública significa cuestionar su conversión en mercancía. Lo mismo debemos hacer con la vivienda. No podemos defenderla como derecho y aceptar simultáneamente que su acceso esté subordinado al negocio privado.
5. La independencia política frente al Estado y el capital.
Esta discusión también nos obliga a revisar nuestra relación con los partidos políticos y las organizaciones que dicen representar los intereses populares.
No podemos entregar nuestra independencia política a quienes participan de la administración del mismo régimen que produce nuestras condiciones de explotación y precariedad.
El Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio no representan automáticamente los intereses de nuestra clase por el solo hecho de utilizar un discurso de izquierda.
Existen contradicciones que debemos señalar. Por ejemplo, cuando representantes políticos participan de decisiones como la mantención del estado de excepción y la militarización del Wallmapu, mientras organizaciones vinculadas a sus propios espacios políticos levantan reivindicaciones de solidaridad con el pueblo mapuche.
Esa contradicción no es menor: demuestra los límites de una política que puede sostener un discurso de transformación mientras administra las herramientas represivas del Estado.
Tampoco basta con constituir coordinaciones entre organizaciones si estas terminan siendo estructuras instrumentales, subordinadas a los intereses de determinadas dirigencias o partidos.
La unidad que necesitamos no puede construirse solamente para una movilización, una fotografía o una declaración pública. Tiene que tener contenido político, autonomía y capacidad de decisión desde las propias bases.
6. ¿Qué alternativa proponemos?
No basta con identificar la cooptación, la institucionalización y la mercantilización de nuestros derechos. Necesitamos construir una alternativa.
Desde nuestra experiencia como pobladores, sostenemos que debemos avanzar hacia una organización popular autónoma, con independencia política del Estado, de los gobiernos y del capital.
Una organización donde las decisiones se construyan desde las asambleas, donde las bases tengan capacidad real de resolver su orientación y donde las dirigencias sean instrumentos de la organización y no sus propietarios.
Necesitamos fortalecer la solidaridad entre comités, cooperativas, campamentos y organizaciones territoriales, pero sobre la base de un proyecto común y no solamente de necesidades particulares.
Debemos pasar de la competencia por los escasos recursos estatales a la construcción de fuerza colectiva.
No podemos aceptar que nuestras luchas se reduzcan a pedir que se restituyan los presupuestos, que se amplíen los subsidios o que se abran nuevas postulaciones, aunque esas reivindicaciones puedan ser necesarias en lo inmediato.
Nuestra perspectiva tiene que ser más profunda: disputar la propiedad, el uso del suelo, la planificación territorial y el destino de los recursos públicos; cuestionar el poder inmobiliario y exigir que la vivienda deje de ser un negocio.
La crisis actual también abre una posibilidad: aprovechar las contradicciones del modelo para fortalecer una alternativa desde los sectores populares, desde quienes trabajamos, habitamos los territorios y padecemos las consecuencias de este sistema.
Para terminar:
El próximo 27 de noviembre puede ser una oportunidad para encontrarnos y movilizarnos, pero no debemos perder de vista la discusión estratégica.
No necesitamos recomponer la gobernabilidad de una izquierda institucional que ha demostrado sus límites. Necesitamos construir una fuerza social independiente, capaz de defender sus reivindicaciones inmediatas sin renunciar a transformar las condiciones que las hacen necesarias.
La vivienda no puede seguir siendo un negocio. Nuestras organizaciones no pueden convertirse en instrumentos electorales. Y nuestras luchas no pueden terminar subordinadas a los mismos intereses que nos mantienen esperando durante años.
La unidad que necesitamos es una unidad de clase, construida desde abajo, con autonomía, solidaridad, democracia directa y capacidad de lucha.
No queremos que otros hablen por nosotros, decidan por nosotros o administren nuestras necesidades.
Desde el Campamento de Placilla sostenemos que el derecho a la vivienda no se conquista convirtiéndonos en mejores administradores de nuestra precariedad, sino organizándonos para transformar las condiciones que la producen.
Derogación de la ley anti-toma
No más desalojos.
Las tomas y recuperaciones de terrenos son la solución y no el problema.


