por Andrés Figueroa Cornejo

La red de comunidades mapuche lavkenche autorganizadas se ha dedicado los últimos 10 a 15 años a llevar a cabo procesos de recuperación territorial en la cordillera de Nahuelbuta hacia el mar. La cordillera de la Costa es un bastión natural que genera un clima físico y social que ha marcado el devenir histórico de los mapuche que viven en ese espacio.

Con el escenario de roca y mar de mapa, el caso Grollmus se sintetiza en el actual procesamiento de 18 comuneros que están condenados en primera instancia, ponderadamente, a 1.055 años de presidio, acusados por la fiscalía de haber participado en la destrucción del molino de la familia Grollmus, sin evidencias.

En agosto de 2022 hubo un ataque de desconocidos a un antiguo molino, propiedad de la familia Grollmus, y convertido en un referente de la colonización alemana tras la denominada «pacificación de La Araucanía» en el siglo XIX. El molino simboliza el triunfo de la concepción de desarrollo del Estado chileno mediante la usurpación territorial y la expulsión de poblaciones originarias que incumplían las condiciones étnicas y culturales de la modernidad occidental. El sitio fue cubierto y habilitado legal, institucional y materialmente para recepcionar a los colonos europeos.

El vocero de los presos políticos mapuche del caso, Auka Castro, afirma que «en un primer momento, los entes persecutores se encontraban en una ceguera total, así es que recurrieron a un viejo mecanismo conocido por las comunidades desde los últimos 20 años: los testigos protegidos. De repente apareció una persona sin nombre y sin rostro que dijo que estuvo en el lugar de los hechos, que conocía lo que sucedió y qué rol cumplió cada sujeto imputado, y sin más pruebas concretas que el relato de un desconocido, la fiscalía armó una correlación de hechos para presentar al tribunal», y explica que «esta acción del Ministerio Público abrió una caja de pandora que recorrió todas las comunidades contra los jóvenes que cumplían cierto rol de liderazgo en la organización territorial y política de la zona».

«Hemos manifestado en innumerables ocasiones nuestro pesar por lo ocurrido a la familia Grollmus, debido al daño patrimonial y psicológico que sufrieron»,  expresa Auka, y añade que «de todos modos, las comunidades organizadas en un proyecto político aparte, lejos de los colonos, no podemos, en ningún caso, hacernos cargo de lo acontecido porque no tuvimos nada que ver con ello».

– ¿Y qué criterio empleó la fiscalía para detener a unos y a otros no?

«Después del primer testigo protegido comenzaron a aparecer más, con las mismas características. Llegado un punto, la carpeta investigativa sumó 13 testigos protegidos. En los últimos dos años fueron aprehendidos 22 comuneros. Se formalizó a 19 personas, a quienes recién en ese momento se les comunicó que estaban imputados por el caso Grollmus. ¡Hablamos de gente como don Dago, a quien condenaron con 75 años de cárcel y que no tiene su brazo derecho! El señor Paineo, en el día y a la hora de los acontecimientos, se encontraba sacándose una muela, y su dentista dio testimonio de ello. Así se repiten los ejemplos.»

– ¿Quieres decir que la investigación no encontró ni una huella digital, ni un arma, ni una evidencia tangible para respaldar las formalizaciones y luego las condenas?

«En efecto. No encontraron ni un pelo. Y durante el juicio, de los 13 testigos, se presentaron 4 a declarar. La fiscalía usó un sistema muy llamativo. Señaló que las personas formalizadas fueron escogidas porque aparecieron nombradas de forma aleatoria más de 3 veces. O sea, si uno de los detenidos era nombrado 2 veces, entonces quedaba fuera del caso, y si lo mencionaban 3 veces, sí permanecía en el caso. En resumen, el Tribunal de Cañete tomó la decisión de condenar a 1.055 años de presidio a un conjunto de comuneros mapuche, participantes de los procesos de recuperación territorial de la última década, solamente por el relato único y exclusivo de 4 testigos protegidos.»

Auka Castro recuerda que cuando los comuneros fueron detenidos por el Grupo de Tareas de la Policía de Investigaciones, PDI, «ya le tenían escritas las declaraciones y fueron coaccionados a firmar por la policía».

El incidente conmovió a toda la sociedad local y, a causa de presiones políticas, la fiscalía abrió una investigación. «De hecho, creemos que hubo una intención premeditada del gobierno anterior y del actual respecto a dar una condena ejemplificadora y mortal con el fin de destruir el espíritu y el proyecto político que las comunidades han decidido levantar», indica el vocero y agrega que «nuestra tesis es que las condenas a las que han sido sometidos nuestros hermanos, incluidos los tres menores de edad, tienen que ver con su participación activa en los procesos de nguillatun, recuperación de tierras y la posterior siembra de predios. En otras palabras, por comportarse como hijos de su pueblo».

-¿Cómo se han visto afectadas las comunidades por el estado de excepción sin fin que impone el Estado chileno en el Wallmapu?

«La presencia militar es un fenómeno grotesco acá. Y está completamente normalizado. Han conseguido fortalecer la estigmatización negativa contra las comunidades. Y, ciertamente, la situación no ha variado de manera sustantiva entre el gobierno pasado y el actual. Es más, la administración en curso tomó todas las políticas de lo que llaman «seguridad ciudadana» diseñadas y aplicadas por el Frente Amplio. De esa forma, parcialmente, el Estado logró apagar un proceso más bien espontáneo que se desenvolvía en las comunidades, no tanto en sus aspectos políticos, sino más bien organizativos. Hasta ese momento, la resistencia mapuche expulsó del territorio al capital extractivista.»

– ¿Por qué el Estado decide políticamente atacar a los procesados del caso Grollmus?

«Porque desde el 2017 en adelante, la organización de la que empezaron a dotarse las comunidades lavkenches en su territorio fue histórica; jamás se había dado antes. Entre 2020 y 2021, las comunidades lograron ocupar tan eficaz e íntegramente la cordillera de Nahuelbuta, que hizo tambalear la presencia colonial en la zona. Ello gatilló la detención de comuneros participantes en el proceso de recuperación de tierras. O dicho de otro modo, la organización combinada con la espontaneidad y unidad tan fuerte de los mapuche provocó un temor enorme en el orden establecido.»

– ¿En qué estado se encuentra la causa ahora?

«Los abogados de los comuneros comunicaron a los presos y sus familias que les resulta tan burda la situación que están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias internacionales. Entretanto, están preparando un recurso de nulidad que probablemente pase de manera directa a la Corte Suprema en una fecha próxima. Y aunque parezca increíble, la fiscalía ha creado una nueva causa contra los mismos presos, por un hecho ocurrido en la Región de Los Lagos, usando, nuevamente, a testigos protegidos.

Lo cierto, es que los muchachos presos en la cárcel de Concepción (una prisión concesionada y con un régimen durísimo de aislamiento), al igual que cualquier ser humano, quieren pelear por su libertad. Y para ello tienen tremendamente alta su dignidad y convicción.»

– ¿Cómo se explica la magnitud del movimiento de resistencia?

«Debe entenderse que la localidad cuenta con amplios fundos forestales y muy poco desarrollo agrícola-ganadero. Además de las empresas tradicionales de la celulosa, hay que destacar el fundo San Ernesto, de 20 mil hectáreas de pino, que se mantuvo en disputa mucho tiempo. Para los dueños de todos estos negocios forestales era urgente que sus ganancias no se vieran obstruidas por formas de control territorial lavkenche. Y hablamos de compañías que jamás brindaron algún beneficio a las comunidades. Recuerdo de niño que, debido a la miseria, la gente andaba descalza y que cuando se abría la puerta de las viviendas entraban las ramas de pino. Por eso las personas de la zona comenzaron a cuestionarse el problema de la tenencia de la tierra. Esto es, la decisión comunitaria de emprender las recuperaciones ni siquiera responde a cuestiones políticas sobre la lucha contra el capital, sino a que desde hace 20 años, la gente se hartó y decidió vivir bien. La generación de jóvenes que me antecede creció en la pobreza, viendo a sus mayores deslomándose en las forestales y muriendo de cáncer producto de los pesticidas, hasta que se dijeron que esas tierras fueron de sus abuelos y que lo mejor era trabajarlas.»

– Los familiares y amigos de los procesados aseguran que el caso Grollmus responde a una decisión política…

«Derechamente política. Antes de que se iniciara el juicio, una de las primeras acciones del presidente José Kast fue visitar Cerro Alto, donde se encuentra el mayor cuartel de la policía militarizada de toda la zona. Hasta allí llegó la familia Grollmus a sostener una reunión privada con el mandatario, y en la cita los Grollmus le entregaron una carta con 14 exigencias. Se supo por la prensa. En consecuencia, nosotros consideramos que una familia de semejante influencia política y social no es la misma que la de una comunidad mapuche. De hecho, los Grollmus, junto a otras familias alemanas, organizan todos los años en la comuna de Contulmo la fiesta de la colonización, donde se visten de antiguos alemanes, hacen sus bailes, pasean en carretas tiradas por bueyes, toman cerveza, etc. Ellos mismos se reivindican como colonos, mientras que durante el juicio manifestaron que les molestaba que les dijeran colonos.»