El Equipo Jurídico Pueblos publicó una denuncia el pasado 29 de octubre, donde caracteriza el actuar paramilitar de los grupos civiles, coordinados por la policía nacional y las autoridades civiles: “contrainsurgente, anti-comunista, patriarcal y discriminatorio, el cual se evidencia a través de discursos de odio que llaman al exterminio de quienes consideran “enemigos” de la seguridad y el orden.”
Mientras sea con la actual justicia, serán mafias con toga absolviendo a bandidos y criminales. De todas maneras, sigue siendo muy loable el papel de los movimientos y organizaciones de víctimas, que tratan de obtener justicia.
Familiares, colectivas feministas y organizaciones sociales de Ibagué han elevado su voz, exigiendo que este caso no se sume a la interminable lista de crímenes silenciados por la ineficacia judicial.
En conclusión, todo este debate apunta a beneficiar los intereses del capital y de las élites privatizadoras, que han hecho, durante décadas todos los esfuerzos para apropiarse de la empresa estatal más rentable de los y las colombianas, creada a punta de huelgas, sudor y sangre de la clase obrera.
El objetivo político aquí es denunciar que el modelo económico capitalista y el régimen político que lo sustenta, son las causas principales de la crisis humanitaria, del conflicto social y armado, de la destrucción de los territorios y la ausencia de derechos entre las comunidades»
Convocamos a la movilización ética, política y popular.
A través de cadenas de inversión y “productos financieros”, los recursos de trabajadores colombianos terminan respaldando operaciones de exterminio.
La alianza público-privada, impulsada bajo asesoría del Banco Mundial, consolidó un esquema donde una burguesía local históricamente ligada al transporte obtiene utilidades astronómicas —alcanzando el 241% en algunas fases—, mientras el sistema acumula un déficit millonario cubierto con subsidios públicos, socializando las pérdidas.
Mientras el Clan del Golfo es el responsable del mayor tráfico de cocaína desde Colombia hacia el extranjero y a la vez, de la guerra frontal contra los liderazgos sociales y ambientales de todas las regiones donde actúa; el gobierno hace todos los esfuerzos para elevar su perfil como un supuesto actor político.
Muy probablemente la justicia del Régimen colombiano hará caso omiso de la responsabilidad de Uribe, en la barbarie cometida contra el pueblo colombiano, pero las víctimas no olvidan, la memoria perdura.
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