por Trochando sin fronteras

Después del terremoto de 7,4 que deja 132 muertos y más de 570 heridos en Colombia: unámonos en solidaridad para que no venga el negocio orientado al beneficio individual de la reconstrucción.

Con temor vivenciamos el reacomodamiento de las fuerzas de la naturaleza sobre nuestros pies. Incrédulos e inermes, poco a poco nos fuimos enterando de la magnitud e impacto en buena parte del país, en especial en el área occidental. Asocapitales actualizó la cifra de personas afectadas: 169 fallecidas y 1246 heridas; además, van 152 estructuras totalmente colapsadas. Lo evidente es que se requerirán medidas especiales para enfrentar las reparaciones, contexto bajo el cual, en otras ocasiones, se han hecho prevalecer los mezquinos intereses del enriquecimiento y la corrupción.

El terremoto además vino a cuestionar el capricho del recién posesionado Presidente, de ejercer su mandato desde el relajamiento que le permite Barranquilla. Presuroso debió abordar un vuelo privado para dirigirse al centro institucional de mando en Bogotá, al que llegó con aires de chabacano, como si el país estuviese de fiesta, a fin de instalar el Puesto de Mando Unificado desde el cual intentará dirigir las primeras medidas. Entre ellas, por supuesto, la declaratoria de Desastre Nacional, que de acuerdo a Ley 1523 de 2012, activa un régimen especial de excepción jurídica, presupuestal y administrativa, que facilita medidas ágiles para superar la crisis.

Tal declaratoria, entre otras, le permite al gobierno la contratación directa a través de entidades de orden nacional y territorial, omitiéndose los procesos y plazos que normalmente se requieren. También admite traslados del Presupuesto General de la Nación, que pueden ser ejecutados mediante la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y su Fondo. Posteriormente, debe elaborar un Plan de Acción para la Recuperación, que de acuerdo a experiencias anteriores podría ser fondeado mediante la creación de nuevos y extraordinarios impuestos, una vez se declare El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución.

Tales medidas delegan poderes especiales y dan la posibilidad de administrar a discreción importantes masas de capital, abriéndose con ello la posibilidad de que primen los mezquinos intereses del enriquecimiento privado sobre la satisfacción de las necesidades que demandan las familias damnificadas, tal como ha sucedido en ocasiones inmediatas.

Como referencia se puede tomar el terremoto de magnitud 6,2 en 1999 en la misma área cafetera, con especial énfasis en Armenia, que dejó unas 1.200 víctimas mortales, más de 8.000 heridos y unas 35.000 viviendas destruidas. Para enfrentar la excepcional situación, el gobierno de Pastrana creó el famoso impuesto a las transacciones financieras del dos por mil -que luego se quedaría como cuatro por mil-, permitiendo recaudar cerca de 1,4 billones de pesos, que constituyeron cerca del 92% de los recursos usados en la reconstrucción del eje cafetero, apenas complementados en un 5% por préstamos de organismos internacionales.

Esos recursos fueron administrados por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero-FOREC, como entidad adscrita a la Presidencia, pero con autonomía patrimonial y financiera. El Consejo Directivo del FOREC estuvo compuesto por nueve representantes del sector público y privado, pero en la práctica fue encaminado por los intereses de la gran burguesía nacional y de la región, al contar con la “ilustre dirección” de personajes como Luis Carlos Sarmiento, o el entonces Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas (luego Ministro de Defensa de Santos), entre otros.

De esta manera la mayoría de las 16.700 viviendas nuevas fueron construidas por las grandes constructoras de la región y del país, las que fueron viabilizadas por supuestas ONG. A pesar de esto, el modelo totalmente descentralizado de ejecución, mediante 32 gerencias regionales, permitió la participación en menor escala de las Cajas de Compensación y empresas pequeñas. A ellas se sumaron algunas Organizaciones Populares de Vivienda-OPV que bajo movilización y presión social –tal como lo revela la movilización multitudinaria del 20 de agosto de 1999- lograron ejecutar algunos proyectos para favorecer a familias arrendatarias.

En forma tal vez irónica, ese terremoto concurrió en auxilio de la burguesía financiera nacional y de la construcción. En ese momento el país atravesaba una de las más grandes crisis de su historia económica, cuya fractura principal se había localizado precisamente en el sector de la construcción ante el abuso explotador sobre el sistema de financiamiento hipotecario –el UPAC. Con los 1,5 billones que ejecutó el FOREC entre 1999 y 2002[1] se reanimó la economía del eje cafetero y sobre todo se oxigenó el sector de la construcción, que por lo demás se dio maña para meter entre las obras el túnel de la Línea y la doble calzada entre Calarcá y Paila[2].

Peor suerte corrieron las víctimas de la avalancha en Mocoa Putumayo en 2017, que dejó 300 víctimas mortales y más de 22.000 damnificados. En este caso, el ya citado Luis Carlos Villegas estuvo al frente del manejo de recursos a través de la UNGRD, resultando salpicado con la compra irregular de terrenos. En ese caso la Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por más de 185.000 millones de pesos, sumando ausencia de claridad en los registros contables y obras con retrasos más de cinco años o inconclusas.

A ese desastre se puede sumar el del huracán en San Andrés y Providencia de 2020, que afectó hasta en un 98% la infraestructura de Providencia, durante el Gobierno de Iván Duque. Allí, de los 191 mil millones que manejó la gobernación, sólo el 6% se reportó por la plataforma del CECOP, perdiéndose entre otros los 35 mil millones para remover escombros, o los destinados a un hospital de segundo nivel que nunca se construyó. A ese contexto de corrupción se sumó – sin sorpresa- la excanciller y vice-presidenta de Duque, Martha Lucía Ramírez con la “casual” construcción de un complejo turístico en un área de carácter público de San Andrés, que además violaba las normas de construcción.

Por tanto, la preocupación de que al desastre natural se le sume el terremoto que arrastra la codicia capitalista no resulta para nada infundada. Téngase en cuenta que en la UNGRD se enredaron cerca de 100 mil millones de pesos en la administración Petro, y esto bajo las condiciones normales de contratación y fiscalización que en todo caso deben regir para esa entidad. Es así que a las fuerzas incontrolables de la naturaleza se le suelen sumar las terribles réplicas que se elevan a nombre de la atención urgente de la población damnificada y bajo las cuales prosperan las bandas delincuenciales de corbata y traje fino, las que invariablemente se amparan en la supuesta pureza de este o aquel partido, para enseguida dar el zarpazo, desfalcar el tesoro público, y clavar sus ambiciosas garras sobre los más necesitados en nuestro dolido país.

Para terminar -y en relación a zarpazos y desfalcos-, mucha gente está esperando aclaraciones periciales del modernísimo y nuevísimo aeropuerto de Pereira que no cumplió ninguna de las expectativas antisísmicas de las que presumía, provocando la muerte de al menos tres personas y decenas de heridos en sus instalaciones.

Frente a la emergencia, la solidaridad popular ya empieza a moverse. Organizaciones sociales, comunitarias y populares han habilitado puntos de recolección para llevar alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo e higiene, cobijas, colchonetas, insumos para niños y niñas y otros artículos de primera necesidad a las comunidades afectadas, particularmente en el Chocó. En Bogotá, Medellín, Quibdó y otros territorios se vienen articulando iniciativas de acopio y apoyo económico. ¡Solidaridad, toda la solidaridad con las familias afectadas, pero también mucho ojo y fiscalización para que los hampones de trajes lustrosos no la hagan de nuevo!

Trochando sin fronteras