Concepto de Prisioneras y Prisioneros Políticos

La condición o status de Prisioneros/as Políticos/as la tienen quienes son privados/as de la libertad por un Estado que les considera su enemigo. Es por ello que conforme a la experiencia colombiana identificamos como prisioneros/as políticos/as tanto a civiles como a combatientes insurgentes en las siguientes categorías:

1. Prisioneros Políticos de Guerra: opositores políticos alzados en armas ejerciendo el derecho universal a la rebelión ante la tiranía.

2. Prisioneros Políticos de Conciencia: opositores políticos o pensadores críticos no alzados en armas o ciudadanos que han ejercido la protesta social y por ello han sido acusados judicializados.

3. Prisioneros Políticos Victimas de Montaje Judicial – Falsos Positivos Judiciales: pobladores de zonas afectadas por la guerra acusados de pertenecer a la guerrilla.

Referencia histórica de la existencia de prisioneros políticos en Colombia

Como dato histórico hay que resaltar que el primer prisionero político en el país fue Antonio Nariño, encarcelado en 1794 por traducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, prueba que la represión estatal se ha extendido tanto al oponente armado como a discrepante no armado, para quienes se guardaba desde la pena de muerte hasta la prisión por 2 años y el destierro.

Durante el siglo XIX la práctica de las detenciones masivas y arbitrarias fue una constante y las prisiones se caracterizaron por estar habitadas de prisioneros políticos que contaron con la solidaridad constante de los obreros de la fábrica de Bavaria, ya que sin ninguna garantía del debido proceso eran sometidos a la ejecución inmediata, la aplicación de la ley de fuga o la ejecución publica con fines de escarmiento, entre otros actos de violencia estatal, por ello la consigna de los presos comunes era “no me maltrate, nos soy un prisionero político”. Esta situación de violencia, radicalizo el apoyo de la sociedad hacia los prisioneros políticos que incluso se vio reflejada hasta en apoyo a fugas como la del 23 de octubre de 1900, donde los obreros de Bavaria fingieron una riña al lado del panóptico para distraer a los guardias y facilitar la fuga de 56 prisioneros.

Para 1984 existían 30.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 300 eran prisioneros políticos, y a partir del primer periodo de Álvaro Uribe (2002-2006) esta cifra se incrementó a 6.332, producto la práctica sistemática de detenciones masivas y arbitrarias realizadas por el ejército y la policía a nivel nacional y promovidas por el primer mandatario. A pesar que la modalidad masiva cambió, las detenciones arbitrarias se han seguido perpetuando, estimando la existencia de alrededor de 9.000 personas privadas de la libertad por motivos políticos, frente a las cuales el Estado ha reconocido alrededor de 3.000 asociadas al alzamiento en armas.

Así como el conflicto, la existencia de prisioneras y prisioneros políticos ha sido negada durante décadas, especialmente en los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe. Sin embargo, en el entendido que las prisioneras y prisioneros políticos son consecuencia del conflicto, durante el gobierno de Juan Manuel Santos ha habido avances significativos que abren luces para resolver la situación de las personas privadas de la libertad por motivos políticos, tal como lo enuncia el Acuerdo General de la Habana suscrito entre las FARC y el gobierno colombiano.

Es importante resaltar que además de la negación de su status político, las y los prisioneros políticos han padecido y padecen diferentes tipos de victimización, desde el momento mismo de la captura, durante el sometimiento a un proceso penal y en desarrollo del tratamiento penitenciario y carcelario, donde tanto la dignidad humana como los derechos humanos les son anulados tales como:

1. El sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en desarrollo de la captura con fines de confesión, delación y/o aceptación de cargos.

2. Aplicación del derecho penal de enemigo, tratamiento de terroristas abuso de la detención preventiva, sometimiento a la justicia especializada con fines de alargar el tiempo de reclusión, el sometimiento a regímenes de alta seguridad, obstrucción al acceso al derecho a la libertad por pena cumplida, cadenas perpetuas y penas de muerte de facto y hasta la extradición.

3. Sometimiento a tratamiento penitenciario y carcelario tortuoso con fines de abdicación de sus ideales, que va desde la violación a la integridad física hasta el estigma, distanciamiento familiar, obstrucción de visitas, aislamientos, traslados arbitrarios, negligencia medida y/o por omisión de atención médica en heridos de guerra y enfermos terminales.

Propuestas en Beneficio de las y los Prisioneros Políticos

1. Es necesario el reconocimiento de la existencia de las y los prisioneros políticos por parte del Estado Colombiano; personas civiles o combatientes, privadas de la libertad por razones políticas en desarrollo del conflicto social y armado, consideradas como enemigo interno por parte del Estado en razón al ejercicio del pensamiento crítico, la defensa de los derechos humanos, la lucha social y popular, la rebelión armada o simplemente por vivir en zonas donde la insurgencia tiene presencia.

2. Creación de patios especiales para esta población vulnerada; garantías de protección a los derechos humanos, atención médica adecuada y oportuna a las y los enfermos, con heridas de guerra, ancianos, mujeres gestantes y lactantes.

3. La liberación de las y los prisioneros políticos, mediante acuerdos especiales, amnistías, indultos y cesación de la acción penal, como gesto que ayuda a afianzar las confianzas entre los actores que buscan el cese de la confrontación armada, pero así mismo, y como forma de reparación de los daños que se les ha ocasionados a las miles de personas privadas de la libertad por motivos políticos, daños que por supuesto excedieron el derecho de castigar del Estado y que no pueden quedar en la impunidad.

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