Colombia. El Tribunal Popular de Siloé emite sanciones éticas contra los crímenes del Estado

Por Luis Alfonso Mena S.

Familiares de los jóvenes asesinados, heridos o detenidos, lo mismo que líderes sociales y comunitarios de Cali y numerosos periodistas de medios alternativos se dieron cita el 3 de mayo en la jornada de instalación del Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’.

El acto se cumplió en el Parque de la Horqueta, un punto de encuentro de la comunidad del barrio Siloé, en el que se hizo también una exposición fotográfica y se llevó a cabo un acto cultural en homenaje a las víctimas de la represión ordenada por el régimen de Iván Duque contra los participantes en el Paro Nacional y el Levantamiento Social, cumplidos entre el 28 de abril y finales de junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé tiene por objeto evitar la impunidad con la que las diversas entidades del Estado colombiano, empezando por la Presidencia de la República, quieren cubrir la brutal represión que costó la vida en el sector de Siloé a entre 12 y 18 personas, en tanto que en todo el país la cifra de homicidios supera los 80.

Madres, padres, hermanas y demás familiares de varios de los jóvenes asesinados en el barrio por la Policía y el Ejército el 3 de mayo de 2021, el 28 del mismo mes y en semanas subsiguientes participaron al lado de los organizadores del Tribunal en la instalación del certamen.

LOS TESTIMONIOS

Dramáticos y dolorosos testimonios se escucharon en la primera jornada.

Crisol y Paula Sánchez denunciaron, en medio del llanto, cómo su hermano, Daniel, de solo 16 años de edad, fue detenido, torturado y asesinado por la Policía, y luego arrojado en un almacén que se incendió.

Ante la inoperancia de los órganos del Estado, han sido ellas y demás familiares quienes se han apersonado de investigar la verdad del caso, pero subrayaron que han encontrado oídos sordos en la Fiscalía y hasta el momento persiste la más increíble desatención.

“Seguimos luchando para que no haya impunidad. Este Tribunal es más transparente que cualquier organismo estatal. A donde tengamos que ir vamos a ir para reclamar justicia. Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo. Yo ignoraba la realidad de mi país hasta cuando la muerte tocó las puertas de mi casa”, dijo ante los asistentes Crisol Sánchez, al reivindicar la memoria y la vida de su hermano.

También rindieron sus testimonios, entre otros, Jenny Mellizo, madre de Harold Antonio Rodríguez Mellizo, asesinado por la represión estatal el 3 de mayo de 2021 en Siloé, y Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda Pérez, asesinado el 28 de mayo de 2021. Los crímenes de estos jóvenes, como los demás, permanecen en la impunidad.

En el acto de presentación del Tribunal participaron también Ani Diesselmann, Martha Giraldo y Patrick Kane, de los colectivos organizadores del evento, cuya parte cultural se prolongó hasta las horas de la noche del 3 de mayo.

Dícter Zúñiga Pardo, del Colectivo de Abogados N21 Incluyente y Diverso, otro de los promotores del juicio, explicó en entrevista con PERIODISMO LIBRE, que con esta clase de tribunales “el pueblo mismo asume la justicia que reclama y aporta material investigativo con elementos probatorios contundentes”.

MAGISTRADOS Y GARANTES

Destacó, asimismo, el hecho de que académicos, intelectuales y personalidades internacionales como Boaventura de Sousa Santos, de Portugal; Pablo Pimentel y Juan Grabois, de Argentina, y muchos otros tendrán a cargo el análisis de testimonios y demás pruebas en su calidad de jueces.

“Se le dirá a la justicia colombiana: ‘¿ustedes por qué no han actuado, a pesar de todas las pruebas documentales y testimoniales existentes?’”, destacó Zúñiga Pardo. “El Tribunal emitirá sanciones éticas sobre los crímenes del Estado en Cali”, puntualizó.

Otros de los magistrados internacionales del Tribunal, que sesionará en Cali hasta el 10 de diciembre de 2022, son Joannne Rapapport, de Estado Unidos; Lidia Tupa Zelaya, de Bolivia; Yohanka León del Río, de Cuba; Heike Hänsel, Raul Zelik y Darío Azzellini, de Alemania, lo mismo que Daniel Feierstein, de Argentina, y Édgar Ramos Andrade, de Bolivia.

Los garantes del Tribunal son el profesor Ramón Grosfoguel, de la Universidad de California, EE.UU.; la profesora Kristina Dietz, de la Universidad de Viena, Austria; el padre Javier Giraldo, fundador del Cinep; el exmagistrado colombiano Iván Velásquez Gómez, y monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali.

SIGUEN LAS DETENCIONES

Por otra parte, el abogado Zúñiga Pardo aseveró que el gobierno continúa criminalizando la protesta social, y denunció que se siguen produciendo detenciones arbitrarias.

En tal sentido recordó que cinco jóvenes fueron capturados por la Policía y la Fiscalía el 28 de abril del presente año, al final de los actos conmemorativos del inicio del Paro Nacional.

De igual manera, alertó sobre lo que denominó como falsos positivos judiciales contra abogados defensores de derechos humanos.

“Hay preocupación entre los defensores de derechos humanos, pues se podrían estar montando procesos contra nosotros”, expresó, y recordó cómo cuando se encontraba en uno de los puntos de la protesta en el norte de Cali, en cumplimiento de su labor de abogado, fue grabado durante más de una hora por un policía.

La entrevista con Zúñiga Pardo:

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