A casi un mes de un paro sin respaldo, pero con sobrada violencia supremacista y sediciosa, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el caudillo del llamado ‘comité cívico’, Rómulo Calvo, han descargado sobre el pueblo cruceño una serie de actos de terrorismo mediante el uso de su Unión Juvenil Cruceña, verdaderas bandas de camisas pardas, cuyos delitos van desde cobrar peaje a la gente sencilla que va a su trabajo, el colegio o el servicio de salud, hasta ser procesados de cometer crímenes con resultado de muerte.

Este jueves pasado, sin más recursos ni objetivos políticos que la perversión contra el pueblo trabajador, los grupos cruceñistas se dejaron caer en la zona del Plan Tres Mil donde saquearon una veintena de pequeños locales comerciales.

Debido a la nueva fechoría, las organizaciones gremiales que reúnen a los trabajadores del comercio en el área atacada, interpusieron una demanda legal contra el Comité Cívico y contra los responsables de la convocatoria a un paro sin sentido y destructivo, o sea, contra Camacho y Calvo, entre otros representantes de la facción oligárquica cruceña más autoritaria, golpista, conservadora, racista y supremacista del departamento.

El paro y su excusa (la reprogramación del Censo de Población y Vivienda que se efectuará en marzo de 2024), es repudiado no sólo por las clases trabajadoras y populares de Santa Cruz, sino que de las grandes mayorías de todo el país. Las bandas neofascistas de Camacho y Calvo no quedaron satisfechas con destruir sedes sindicales de campesinos y trabajadores: ahora fueron contra más de veinte locales de venta, modestos puestos que eran custodiados por sus pequeños propietarios.