por Daniel Labbé Yáñez
Sobre la «Ley gatillo facil». En síntesis, la élite de «izquierda» y derecha le otorgó finalmente la facultad de disparar a matar a criminales ultraderechizados que para zafar de sus responsabilidades acostumbran a mentir ante Tribunales de Justicia, y que ven como enemigos y delincuentes a pobladores, manifestantes, mapuches, dirigentes sociales y estudiantes.
¿Cuál fue la principal negociación entre el Gobierno y la oposición para que fuera aprobada la Ley Naín-Retamal?:
Establecer en el Código Penal que para Carabineros, PDI, Gendarmería y FFAA (estas últimas fueron incluidas anoche) se considerará «legítima defensa» y se legítimará el uso de sus armas de servicio o cualquier mecanismo de defensa que estos uniformados empleen «si con motivo del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero».
En síntesis, la élite de «izquierda» y derecha le otorgó la facultad de disparar a matar a criminales ultraderechizados que acostumbran a mentir ante los Tribunales de Justicia, y que ven como enemigos y delincuentes a pobladores, manifestantes, mapuches, dirigentes sociales y estudiantes.
Cuando la mayoría del país dormía, negociaron y firmaron sentencias de muertes e impunidad. Eso es lo que finalmente hizo la élite anoche en el Congreso.
Dos casos reales para entender lo peligroso que podría llegar a ser la ‘Ley Naín-Retamal’ o ‘Gatillo Fácil’:
1- El 28 de febrero de 2021 el sargento primero de Carabineros, Omar Vergara Hidalgo, abrió fuego en la vía pública en Maipú contra un grupo de sujetos que realizaban una encerrona. Uno de los disparos dio en Itan Badilla, un niño que transitaba en vehículo junto a su madre por el lugar. Itan tenía solo 6 años y murió producto del disparo del uniformado.
De existir la «Ley Naín-Retamal», obviamente -nadie quiere ir a la cárcel por opción- en un juicio el uniformado argumentaría que hizo uso de su arma de fuego en razón de la «legítima defensa privilegiada» (Artículo 7 de la ley), sosteniendo que su vida y la de otras personas estaba en riesgo en ese momento. Con ello, la ya desesperanzada lucha de una madre por conseguir justicia por la muerte de su hijo de 6 años, podría tornarse en realidad en una utopía.
2- El 14 de noviembre de 2018, el sargento de Carabineros, Carlos Alarcón, le disparó en la cabeza y asesinó al comunero mapuche Camilo Catrillanca mientras este se encontraba trabajando en su tractor junto a un amigo menor de edad.
¿Qué fue lo primero que nos dijo Carabineros, las autoridades de la época y la prensa empresarial?: Que Catrillanca había sido abatido mientras participaba de un asalto a un grupo de profesoras. Algo que resultó ser absolutamente falso.
¿Cómo nos enteramos de la verdad?: Solo gracias a que no fueron destruidos por los funcionarios policiales todos los registros de las cámaras que portaban en ese momento, y que daban cuenta de lo que realmente ocurrió. En ese sentido, por ejemplo, en el caso Gustavo Gatica, el teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, sindicado por el Ministerio Público como el autor de los disparos que dejaron ciego a Gatica, borró las imágenes de la cámara GoPro que portaba ese día.
La pregunta de fondo es: ¿resulta razonable entregar más facultades -y acrecentar aún más los índices de impunidad policial en Chile- a carabineros que han demostrado una y otra vez actuar por razones políticas y discriminatorias solo contra una parte de la población; o la solución quizás está en una reestructuración-refundación de su institución para que los forme como corresponde, que los obligue a cumplir sus propios protocolos, termine con la corrupción que desvía dineros útiles a los bolsillos del Alto Mando, despolitice una entidad con patrones de conducta de ultraderecha y simplemente los fuerce a actuar conforme a la ley, dentro de las ya amplias facultades con las que cuentan?
¿Cuántos de los que alguna vez han llamado a Carabineros por una emergencia han observado una respuesta eficaz de parte de la institución?…
Claramente, no son más facultades las que se requieren y menos una ley que les pavimente el camino hacia la impunidad.
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