por Himelda Ascanio   

En la noche del miércoles 4 de septiembre, el presidente Petro dio una publicitada alocución en la que denunció la compra ilegal de Pegasus, un programa de espionaje telefónico producido en Israel, durante el gobierno de Duque (2018-2022).

La denuncia pública hecha por el propio presidente le da una mayor connotación y abre un caso que tiene muchas víctimas y muchas personalidades implicadas. Petro ha señalado directamente al gobierno de Iván Duque de utilizar instituciones para la compra y utilización ilegal de un programa de espionaje, además puso en duda la procedencia de los 11 millones de dólares que habrían pagado a la empresa israelí NSO Group en 2021.

Pegasus es otra de las armas de ciberguerra, guerra tecnológica y comunicativa. Un programa espía que, inoculado en teléfonos o computadoras a través de enlaces y máscaras, accede a la información personal que las víctimas tengan en sus dispositivos, incluso permitiendo que estos sean controlados por los atacantes. Es decir, que desde el propio teléfono puedan grabar audio y video o acceder a información personal y sensible, sin que la víctima se entere y sin ninguna autorización.

En el mundo se han documentado casos de utilización de este programa de espionaje en operaciones de vigilancia ilegal a opositores políticos. En Colombia, desde siempre el viejo régimen mafioso y paramilitar ha realizado operaciones similares sobre líderes y lideresas sociales y políticos. En este caso, vincula los liderazgos del Estallido Social de 2021, muchos de los cuales fueron asesinados y desaparecidos.

Este proceso, que se había mantenido oculto y que ahora se abre públicamente, tendría la posibilidad de vincular una larga cadena de irregularidades en contra de los procesos sociales y políticos; y de encontrar las responsabilidades no solo de la compra y utilización del espionaje ilegal, sino la utilización de la información, que claramente ha llegado a manos de los medios voceros de estas mafias y a los verdugos del pueblo que han perpetrado el genocidio a líderes y lideresas sociales.

Lo que Petro señaló en su alocución presidencial vincularía a Iván Duque, al Ministerio de Defensa, a la Dirección de Inteligencia de la Policía, a la Dirección Nacional de Inteligencia, al Comando Conjunto Cibernético y a Generales de las Fuerzas Armadas, es decir, buena parte de la cúpula de seguridad del Estado colombiano.

Petro tiene una posibilidad de cobrar a los responsables y modificar estas líneas de la Doctrina de Seguridad Nacional, impartida desde EEUU y seguidas a pie juntillas por el régimen mafioso, narco paramilitar y genocida que ha gobernado a Colombia por tantos años. Ojalá esta denuncia del presidente no sea solo una advertencia para sus detractores de la derecha uribista.

Fuente: https://eln-voces.net/?p=12433