Este viernes 08 de agosto, la Escuela permanente PRAIS junto a diversos ex presos políticos y otras organizaciones presentes, entregaron en el Palacio La Moneda copia de carta que enviaron a la presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, donde denuncian una serie de situaciones que afectan a los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en Chile.

Dentro de estas, la Norma Técnica 88 del PRAIS la que deja «sin prestaciones a un grupo de personas que ya estaban consideradas en la versión anterior, como son: exiliadas, retornadas, relegadas, refugiados, personas que trabajaron en ONG de derechos  humanos durante la dictadura y sobre todo a nuestros familiares, obviando y desconociendo la  transgeneracionalidad del daño».

El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, habló brevemente con los manifestantes los que fueron impedidos por carabineros de marchar por Morandé hacia Alameda. Lea la carta a continuación:

Sra. Nancy Hernández López 

Presidenta 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Junto con saludarla, queremos exponerle algunas situaciones que se vienen desarrollando en materia de  derechos humanos durante este gobierno, encabezado por el señor Gabriel Boric y las anteriores  administraciones civiles, después de la dictadura civil y militar que tristemente azoló nuestro país. 

El Estado chileno a firmado y ratificado diversos tratados y convenios en materia de derechos humanos y ha  implementado algunas políticas públicas para las personas que sobrevivimos al periodo dictatorial entre el  11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Después de largas luchas contra el negacionismo por  parte de los afectados, se conformaron comisiones como: la de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), sobre  Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) y de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas,  pero se generaron cuoteos políticos en esas instancias, lo que matizó y negoció eufemísticamente muchos  hechos e impidió referirse con la fuerza necesaria a las violaciones sistemáticas y sobre todo a las personas  responsable de ellas, tanto a las que ejecutaron y también a las que las planificaron. 

En directa relación con la presión social señalada, en 1992, se crea el “Programa de Reparación de Atención  Integral en Salud”, en adelante llamado PRAIS. Dicho instrumento de gestión tiene una Norma Técnica para  su aplicación en los tres niveles de salud del país de los 29 servicios de salud y sus 42 dispositivos, contemplando  una atención especializada en tratamiento para secuelas físicas y de salud mental y otras problemáticas  derivadas de la represión, además de apoyo social para la recuperación, donde se reconoce a una serie de  categorías de personas dañadas de distinta forma por la dictadura civil y militar y sus familias. 

El problema que se presenta actualmente, es que en el marco de una actualización de dicha Norma Técnica 88, donde participamos activamente las organizaciones de usuarios del PRAIS, el documento que emanó desde  el MINSAL, no representó los planteamientos que habíamos acordado y sobre todo, y esto es lo más grave, es  una política de derechos humanos regresiva, en cuanto a que, tan sólo contempla algunas categorías de  violaciones cometidas por agentes del Estado, como lo son los titulares calificados como prisioneros políticos,  las personas exoneradas de sus trabajos por motivos políticos y los familiares de detenidos desaparecidos y  ejecutados, dejando sin prestaciones a un grupo de personas que ya estaban consideradas en la versión anterior, como son: exiliadas, retornadas, relegadas, refugiados, personas que trabajaron en ONG de derechos  humanos durante la dictadura y sobre todo a nuestros familiares, obviando y desconociendo la  transgeneracionalidad del daño. 

Lo resuelto en leyes y normas, que explicitan que dichas reparaciones en salud mental y física, deberían ser  integrales, gratuitas y expeditas, no se ha cumplido. Partiendo por no efectuar la obligación de capacitar a sus  funcionarios de salud y demás agentes del Estado, que son garantes de derechos, en la temática de derechos  humanos, tanto en las diversas reparticiones gubernamentales de carácter nacional, regional, provincial y  comunal. 

En cuanto a la atención gratuita a que se comprometió el Estado, cabe señalar que este programa es una  reparación y no una previsión de salud, pero la persona que trabaja, tiene que cotizar y pagar el derecho a  atención de salud del 7% como cualquier otra persona que está en el sistema de salud público, no cumpliendo  con lo comprometido. 

Otro instrumento de gestión en salud, donde también se ha aplicado regresividad, es el COMGES, que tiene que  ver con prioridad en la lista de espera de ciertas patologías de salud. Desde el año 2016, después de una larga  huelga de hambre realizada por presas y presos políticos, el Estado se compromete a incorporarlos en esa  prioridad, el año 2018, se amplió a todas las categorías definidas en la Norma Técnica 88, antes señalada, pero  paradójicamente el año 2023, cuando se conmemoraron los cincuenta años del golpe de estado civil y militar,  este gobierno, no nos contempló y dejó sin prioridad a nadie de las personas que habíamos sido dañado por  este triste y horroroso momento en nuestra historia sin mayores explicaciones y el año 2024 y 2025 se  implementó sólo para las violaciones que pretenden implementar en la Norma Técnica, dejando sin esa prioridad  a un conjunto de personas que ya estaban incorporadas en dicho instrumento de salud. 

Se ha concentrado e hiper priorizado algunos instrumentos como el COMGES en algunas personas afectadas  directamente, pero se ha ido limitado el alcance y complejizando el acceso de la transgeneracionalidad familiar  del daño. No contemplando otros aspectos, como los determinantes sociales, por ejemplo: vivienda, estudios,  reposición del buen nombre, entre otros aspectos. 

También, sin nuestra participación, se modifica el Manual de Calificación e incorporación al programa,  perpetuando el problema de criterio en la aplicación que divide a las familias provocando una retraumatización,  porque sigue sin reconocer a nietos/as de las víctimas sobrevivientes independientemente del año de su  nacimiento, lo que vulnera gravemente el sentido de la transgeneracionalidad del daño. 

Por otro lado, la glosa presupuestaria del PRAIS, tan sólo se ha reajustado en el IPC y en el último presupuesto,  se disminuyó los aportes económicos al programa, y lamentablemente casi en un 80% se destina a pago de  sueldos de los profesionales y otros gastos operacionales, quedando sólo un 20% para la atención de usuarios,  que incluye: tratamientos, rehabilitación, insumos, prótesis, medicamentos y otros elementos necesarios para el  proceso de sanación o de bienestar de miles de sobrevivientes y sus familias. Además, los Equipos PRAIS, no tienen completas sus dotaciones profesionales mínimas, como lo señala la Norma Técnica 88. 

En cuanto a otros temas, podemos señalar que la reciente inclusión en la Pensión Garantizada Universal  (PGU), que viene a revertir una prohibición expresa que señalaba que las personas mayores de 60 y 65 años  respectivamente, según su sexo, no pudieran optar a esta ayuda económica porque se igualaba, las pequeñas  reparaciones económicas que tienen las personas exoneradas, ex presas políticas y familiares de detenidos  desaparecidos y ejecutados políticos, con una “pensión”, por lo que el gobierno de Sebastián Piñera estipuló esa  ilegal incompatibilidad. El problema se presenta, ya que se mantiene en los hechos, porque su incorporación  será escalonada a dos años, a pesar de que el estado reconoce lo ilegal de la medida y la revierte, pero no  inmediatamente, como debió haber sido.

Cabe señalar que la reparación económica para personas calificadas por el Estado a la que hacemos referencia,  no se ha incrementado más que de acuerdo al IPC anual, siendo inicialmente superior al sueldo mínimo y ahora  es menos de la mitad de este. 

En cuanto a la reparación en vivienda, actualmente SERVIU entrega sólo un puntaje adicional en al titular ex  preso político, obviando a las otras violaciones cometidas y acreditadas por el Estado, donde muchas familias  tuvieron que dejar sus casas por el exilio o la persecución y como ya habían obtenido un subsidio habitacional,  no se les considera su situación actual. Es por esto que el Estado debe crear una política pública que contemple  la construcción y/o mejora de viviendas para las personas y familias víctimas de violencia política, tomando en  cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad de este grupo ciudadano, marcadas por los impactos físicos,  psicológicos, laborales, económicos y sociales, derivados de las violaciones brutales a sus derechos humanos. 

En materia de reparación en educación superior, después de largas jornadas de movilización que incluyó  tomas, marchas, huelgas de hambre, entre otras acciones, las personas que habían vivido prisión política,  obtuvieron una beca de estudio para ellos y de manera decreciente para uno de sus hijos o nieto, pero dicha  reparación tiene varios inconvenientes en cuanto a su aplicación inicial, que también es una medida regresiva,  ya que ahora existe un tope máximo de aporte estatal, que en la práctica lo vuelve inoficioso. 

En cuanto a la formación de la oficialidad y tropa, se hace muy necesario la derogación de los planes de  estudio en las escuelas matrices de las fuerzas armadas, carabineros, policía de investigación y gendarmería,  por estar en la lógica del enemigo interno de la “Escuela de las Américas” que pretende acabar con “enemigos  internos” que serían los sectores que quieren modificar el statu quo de las cosas. 

Junto a esto, se hace imprescindible que exista una degradación en el escalafón militar a los uniformados  condenados por violación a los derechos humanos, porque gozan de pensiones altísimas para el estándar común  de las personas y además, exigimos que dejen de gozar de privilegios carcelarios, sometiéndose al régimen  de cualquier preso, sobre todo, porque están condenados por crímenes imprescriptibles, por ser de lesa  humanidad. 

En el plano de la Justicia, la impunidad ha sido el mayor aliciente para cometer estos delitos por parte de  agentes del Estado, ya que la justicia no ha operado con la diligencia y prontitud que requiere estas atrocidades.  Y cuando lo ha hecho, han significado penas irrisorias, mantención de grados castrenses y pensiones altísimas.  Se hace necesario levantar el secreto de cincuenta años que estableció el gobierno de Ricardo Lagos a las  declaraciones de víctimas y victimarios, porque eso ayudaría a resolver una deuda pendiente con familiares de  detenidos desaparecidos que aún buscan a los suyos. Además de incorporar más jueces de exclusividad para  resolver temas de derechos humanos y terminar con la impunidad que gozan criminales que viven  tranquilamente. 

Las escasas salas de dedicación exclusiva para tales fines no existen en todo el territorio nacional, los juicios  han sido largos y muchas veces, el peso de la prueba ha recaído en las victimas. Por tanto, ha sido lenta, ineficaz  en la investigación e insuficientes y cuestionable las sanciones de las personas responsables. En relación al  castigo a las personas procesadas, solamente se ha avanzado en algunos casos más emblemáticos y de  repercusión nacional o internacional, un gran porcentaje de personas acusadas de la más diversas atrocidades,  se encuentran en libertad y nunca se ha intentado, ni siquiera juzgar a las personas que planificaron y fueron  cómplices pasivas de estos delitos. 

En la misma línea, el Ministerio Público ha realizado montajes he inventado “pruebas”, que han significado  prisión política para personas que sólo han ejercido el derecho a la protesta y a la sublevación contra una tiranía 

criminal. A esto se suma el triste rol que ha jugado en algunas épocas, el Instituto Médico Legal, no prestando  colaboración efectiva en la identificación de las personas detenidas desaparecidas y a esto se le suma, el  excesivo rol que ha jugado el Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a la reparación económica resuelta  por el poder judicial, que ha significado en muchos casos un retraso en el acceso a los montos zanjados desde  los tribunales. 

Durante los primeros años de transición, se hizo común la práctica de cambiar las altas penas que habían sido  aplicadas por tribunales militares o civiles, sobre los prisioneros políticos, por lo que se recurrió al extrañamiento  o destierro de país, lo que, en la práctica, ha sido un exilio con otro nombre y son muchas las personas que aún  no pueden regresar a las tierras que lo vieron luchar contra la dictadura civil y militar. 

En cuanto al tema de rescate de la memoria de los hechos descritos y que estos no se vuelvan a repetir nunca  más, se hace necesario que exista un financiamiento permanente a sitios de memoria que principalmente fueron lugares de tortura y exterminio. Pero lamentablemente se le entrega escasa importancia a la mantención  y conservación de ellos, esto ha sido denunciado por muchos grupos que trabajan en su conservación, haciendo  educación y conciencia. Se ha dejado al arbitrio del gobierno de turno que pueda dotarlo de recursos económicos  en el presupuesto de la nación, y además existen arbitrariedades en la asignación de esos recursos, dejando  sin financiamiento a la gran mayoría de ellos. 

En cuanto a la militarización del Wallmapu, este gobierno ha superado al de Sebastián Piñera, en cuanto a la  aplicación del Estado de Emergencia en dicho territorio del pueblo nación mapuche, esto ha significado que el  ejército, la aviación, la marina, en conjunto con policía militarizada, con indumentaria, armas y carros de guerra,  realicen permanentes y reiteradas violaciones a las comunidades autóctonas, sin respetar el convenio 169 de la  OIT, ni su derecho a la autonomía y libre determinación, situación que ha generado que el Estado chileno sea  permanentemente demandado ante instituciones internacionales y condenado por las mismas. 

En materia Medioambiental, Existe una enorme regresión al aprobarse en el congreso, la ley Marco de  Autorizaciones Sectoriales que facilita la tramitación de proyectos económicos sin considerar los impactos  medioambientales, increíblemente, tal medida, fue presentada por el actual gobierno de Boric, lo que pone en  riesgo a la comunidades locales, a la naturaleza, al medio ambiente y a las personas que la defienden, violando  flagrantemente los derechos humanos y los acuerdos que el Estado a suscrito a nivel internacional, tales como:  El convenio 169 de la OIT, el acuerdo de París, y el reciente Tratado de Escazú, por citar algunos. Por estas  medidas regresivas se presentó un recurso (reclamo) de inconstitucionalidad al Tribunas Constitucional. 

En Octubre del año 2019, producto de una serie de hechos, principalmente de carácter económicos y abusos  por parte de una elite. Se generó un Levantamiento Popular o Estallido Social, que trajo grandes ilusiones de  cambio, pero también una desproporcionada represión por parte de agentes del Estado, lo que significó:  desapariciones, atropellos con vehículos policiales o militares, asesinatos, violaciones y vejámenes sexuales,  prisión política, mutilados o traumas en distintas partes del cuerpo por uso de bombas lacrimógenas, balines de  goma y balas de guerra, principalmente de perdida de la visión de uno o de los dos ojos. Este hecho, producto  de la imagen internacional y la presión social, hizo que el Estado solamente realizara reparación a este último  daño, generando en una primera instancia el programa PIRO y posteriormente, producto de las quejas de las  propias personas afectadas, el actual programa PACTO, que entrega reparación física y mental, pero en los  hechos, se encuentra sin un financiamiento permanente, ni con todas las especialidades debidas. Estando en  deuda el Estado con todas las otras violaciones sistemáticas que se produjeron.

Durante este gobierno, se han incrementado la creación de leyes represivas con nombres eufemísticos, pero  que atentan contra la garantía de no repetición de actos violatorios de derechos humanos por parte de agentes  del Estado. En este sentido se encuentran una nueva ley “antiterrorista”, que se suma a la que implementó  Pinochet y otras que dotan de mayor equipamiento represivo y garantías jurídicas para el uso de la fuerza por  parte de agentes del Estado que impedirán que a futuro, se pueda ejercer la legitima protesta social. 

La “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna” que preside una senadora que quedó ciega por acción de  Carabineros durante el Estallido Social, presentó recientemente un proyecto de ley para la Creación de una  Comisión Permanente que evalúe y califique las acciones de agentes del Estado que cometan violaciones a  los derechos humanos, resolviendo verdades jurídicas y reparación inmediata, pero el gobierno se negó a  patrocinarlo, argumentando que no estaba dentro de su agenda. 

Estos tremas lo hemos expuesto a distintas autoridades del ejecutivo (Presidente, ministros y subsecretarias de  Salud, de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Bienes Nacionales y Trabajo y Previsión Social, además de  otros funcionarios del gobierno. También del legislativo (presidencia de cámara de diputados y senadores y de  diversas comisiones sectoriales de ambas cámaras), además de otras instituciones como la Contraloría General  de la República, Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH. Y en la mayoría de las veces,  no hemos obtenido respuestas de las autoridades o han accedido a encuentros inoficiosos, violentando por la  vía de los hechos la posibilidad de establecer canales regulares de dialogo entre la sociedad civil  organizada y sus autoridades, que está supuestamente consagrada en la constitución de Pinochet aún vigente  y las posteriores leyes, decretos e instructivos realizados por los gobiernos civiles. 

El tema de los Derechos Humanos en Chile, requiere un abordaje integral como sociedad. Que se ajusten las  normativas y directrices del Estado para cumplir con dichos compromisos, que se incorpore como política pública  en todos los actos del estado. Además de involucrar a todos los actores sociales y políticos y que no sean  regresivos, sino como lo indica el Pacto de San José de Costa Rica, tiene que ser siempre progresivo. En este  sentido, se hace necesario avanzar en la verdad, fortalecer la justicia, terminar con la impunidad y juzgar a las  personas que cometieron atrocidades y a sus cómplices, avanzar en la reparación integral de los sobrevivientes, fortalecer la memoria y garantizar la no repetición de las atrocidades. Solo así se podrá  convivir en una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de nuestros derechos como personas. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que nos hemos organizado y viajado largas distancias, para poder  exponer estas medidas regresivas que ha estado realizando el Estado chileno, en las máximas instancias  institucionales de derechos humanos que nos hemos dotado como humanidad en estos momentos. 

Entendemos que esta carta o misiva, no constituye iniciar un procedimiento contencioso o solicitar medidas  provisionales contra nuestro Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estas  acciones nos reservamos a realizarlas en el futuro próximo. 

Sin más que agregar y dispuestos a aclarar cualquier punto de lo expuesto, nos despedimos cordialmente. 

Gloria Sandoval Fernández y Leonardo Terraza Inostroza 

 Rectora y Secretario General

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