Las comunidades, organizaciones y autoridades ancestrales Mapuche-Williche abajo firmantes, declaramos ante la opinión pública, las autoridades del Estado de Chile y los organismos de derechos humanos lo siguiente:

PRIMERO. Hoy, 15 de abril de 2026, siendo las 12:30 horas, la familia de nuestro peñi Jaime Javier Uribe Montiel —encabezada por su viuda, la machi Millaray Huichalaf Pradines—, junto a diversas comunidades y autoridades ancestrales mapuche williche, concurrieron al Cementerio Ancestral de Maihue-Carimallin, comuna de Río Bueno, para dar sepultura a sus restos. Al llegar, la comitiva fúnebre fue bloqueada por un grupo de aproximadamente 20 personas que impedían el acceso al cementerio con vehículos. Varios de estos individuos se encontraban encapuchados, en evidente estado de ebriedad, y armados con palos, fierros, motosierras y hachas. Este grupo agredió físicamente a las personas presentes y a los caballos en que se desplazaban, dejando como resultado varias
personas heridas, incluyendo lesiones graves con traumatismos encefalocraneanos abiertos en tres familiares del difunto. Todas estas agresiones ocurrieron en presencia de niños, niñas y adultos mayores que formaban parte de la comitiva fúnebre, exponiéndolos a una situación de extrema violencia y peligro.

Durante estos hechos, los agresores profirieron amenazas de muerte directas contra integrantes de la familia, autoridades ancestrales y personas presentes, intensificando el clima de terror y vulnerabilidad. Asimismo, amenazaron con profanar la tumba de Jaime Uribe en caso de que sus restos fueran sepultados en el cementerio, poniendo en riesgo no solo la integridad de los vivos, sino también el respeto y la protección debida a sus restos y al espacio sagrado. Cabe preguntarse: ¿qué clase de personas amenazan con profanar la tumba de un difunto? ¿Qué clase de seres humanos, encapuchados, ebrios y armados, son capaces de agredir a una familia en duelo y amenazar con desenterrar a un muerto? Estos actos revelan un nivel de degradación moral que no tiene justificación alguna y que debe ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley.

SEGUNDO. Estos actos de violencia no son espontáneos. Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime.

Frente a esta amenaza, la familia y las autoridades ancestrales del territorio realizaron todas las gestiones posibles para evitar esta situación: con fecha 14 de abril presentaron una carta de aclaración al Seremi de Seguridad Pública de la Región de Los Ríos, exponiendo los derechos consuetudinarios e históricos de la familia sobre el cementerio y la ilegitimidad de dicha prohibición. Sin embargo, no hubo respuesta alguna de parte de las autoridades. Esta omisión institucional generó las condiciones para que los agresores actuaran en la más
absoluta impunidad.

TERCERO. Durante años, Statkraft y las organizaciones que reciben su financiamiento han intentado construir sistemáticamente una narrativa que presenta a la machi Millaray Huichalaf y a las comunidades que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén como actores violentos. Lo que el día de hoy quedó en evidencia ante decenas de testigos es exactamente lo contrario: la violencia es ejercida por los grupos financiados por Statkraft. Fueron ellos quienes, encapuchados y armados, agredieron a una familia en duelo y a autoridades ancestrales que solo buscaban ejercer su derecho a enterrar a un ser querido en paz.

CUARTO. Las divisiones y rupturas del tejido social en este territorio no han sido solo materiales y organizativas. Han venido acompañadas de la instalación sistemática de discursos de odio y racismo dirigidos contra las formas de ejercer y vivir la cultura mapuche williche, y particularmente orientados a estigmatizar y desacreditar a la machi Millaray Huichalaf en su condición de autoridad ancestral. Estos discursos, fomentados al amparo del financiamiento de Statkraft, han creado el clima de hostilidad que hoy se traduce en agresiones físicas abiertas contra ella, su familia y las comunidades que la acompañan.

QUINTO. Resulta especialmente revelador que al lugar de los hechos se haya presentado el abogado Branislav Marelic, quien representa a este grupo de personas y cuya labor es financiada por Statkraft. Su presencia en el cementerio no fue casual: Marelic llegó claramente informado de lo que ocurriría y preparado para actuar en defensa de los agresores. Este hecho demuestra que la agresión fue planificada y que contó con respaldo jurídico y logístico coordinado de antemano.

SEXTO. Statkraft no puede desentenderse de estos hechos. La empresa ha fomentado durante años la división del tejido comunitario mapuche williche, financiando a grupos que hoy instrumentalizan un espacio sagrado para perseguir y agredir a quienes se han opuesto a sus proyectos hidroeléctricos. La violencia de hoy es consecuencia directa de esa intervención empresarial y Statkraft debe asumir su responsabilidad.

SÉPTIMO. Condenamos con la mayor energía estos actos de violencia, cobardía y absoluta falta de humanidad. Agredir con armas a personas durante un funeral —impidiendo a una viuda y a sus hijos, entre ellos menores de edad, dar sepultura a su esposo y padre— transgrede los principios más elementales de la dignidad humana y constituye una afrenta directa a la espiritualidad y los valores del Pueblo Mapuche-Williche, y de cualquier pueblo
que se considere civilizado.

OCTAVO. Exigimos: (1) la investigación y sanción de los responsables de las agresiones, incluidas las amenazas de muerte; (2) que se investigue el rol de Statkraft y de Branislav Marelic en la organización y financiamiento de estos actos; (3) el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema (Rol N° 56.135-2021) sobre la reivindicación del Complejo Ceremonial Ngen Mapu Kintuante; y (4) que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como las autoridades nacionales competentes de la supervisión del Acuerdo de Escazú, adopten medidas de protección urgentes para la machi Millaray, su familia y las comunidades que la acompañan, incluyendo garantías efectivas de resguardo del cementerio y de la sepultura, evitando cualquier intento de profanación o vulneración futura.

Ningún interés empresarial puede estar por encima de la dignidad de la vida y de la muerte.

MARICHIWEU

Familia de Jaime Javier Uribe Montiel
Asociación de comunidades de Río Bueno (Wenuleufu)
Consejo Comunal Mapuche de la Unión
Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü
Comunidad Leufu Pilmaiquén
Comunidad Indígena Coyan Ke che
Comunidad indígena Rupu Lafken
Comunidad indígena Trumau
Comunidad indígena Dagllipulli
Norma Vargas Queulo, Lonko de Puyehue