Los días 25 y 26 de abril de 2026 nos reunimos en el territorio histórico у autónomo de Weketrumao, en la comuna de Quellón, Buta Wapi Chilwé, autoridades ancestrales, comunidades y organizaciones de Buta Willi Mapu, en un füta trawun para analizar la situación actual de nuestro territorio en relación a los últimos acontecimientos que lo afectan, entre ellos, la modificación de la Ley Lafkenche y la judicialización a hermanos del sector de Púlpito, a causa de la aplicación de la Ley de biocombustibles.
Queremos señalar que, respecto a la modificación de la Ley Lafkenche, ésta es inconstitucional y de la misma manera, la ley de biocombustibles también es inconstitucional según lo que establece el artículo quinto inciso segundo de la constitución política chilena, de acuerdo a lo cual, en ambos casos se debió hacer la respectiva consulta indígena, lo que no se hizo.
Sobre la modificación de la Ley Lafkenche, una comisión de autoridades ancestrales viajará en un breve plazo al Congreso para entrevistarse con diversos parlamentarios, con el objetivo de avanzar en otras instancias legales en el caso de que se apruebe la modificación, concretamente, llevarlo al Tribunal Constitucional y de esta manera agotar todas las instancias para la defensa de nuestros derechos fundamentales como pueblos ancestrales.
En relación a la Ley de Biocombustibles, es preocupante su aplicación en la Isla de Chiloé, considerando la situación que recientemente se vivió en Púlpito en la comuna de Chonchi, con el arresto, persecución, desalojo y violación de los Derechos Humanos de las y los comuneros. Tenemos la certeza, por la información recabada, que esta es la puerta de entrada a la represión y persecución en territorio del sur de Chiloé, teniendo en cuenta que muchas personas en estos lugares, viven de la leña y el trabajo en el campo. Además de tener en consideración que se trata de usos consuetudinarios y tierras ancestrales.
Esta situación genera un quiebre en la economía circular, ya que, en este territorio, no solo las comunidades trabajan o utilizan la leña, sino que la sociedad en general, considerando que no solo se ven afectados quienes venden sino también quienes compran. En ese sentido, cabe destacar que hay intereses económicos externos al territorio, de los latifundistas y empresarios forestales. De esta manera, el Estado busca erradicar a las comunidades de sus tierras, las que considera «fiscales», para poder vender estos terrenos. Es importante precisar que según el Tratado de Tapihue del 7 de enero de 1825, del Biobío al sur no hay tierras fiscales y que en la provincia de Chiloé, con la aplicación del Tratado de Tantauco del 19 de enero de 1826, el Estado chileno se obligó a respetar y reconocer las tierras de nuestros antepasados, amparado por los títulos de realengo.
Denunciamos públicamente que hay pseudo autoridades yanaconas autoproclamadas en el territorio, que lejos de defender los derechos de los pueblos originarios, están yendo en contra de esos derechos, defendiendo intereses empresariales, como es el caso de Juan Guaquin Soto, quien directamente defiende los intereses de las salmoneras y es financiado por esta industria y apoyado por políticos de distintas corrientes como Fidel Espinoza, Mauro González, Iván Moreira, entre otros. Asá como también, Oriana Oyarzún Teca, quien ha hecho acusaciones graves e infundadas en contra de gente del territorio, asesorada por el Consejo General de Caciques de Chiloé y su abogada, Ana María Olivera, el antropólogo Manuel Muñoz Millalonco y el periodista Manuel Rauque Guenteo.
Es importante destacar que estas personas no nos representan, por lo que rechazamos y desconocemos categóricamente toda acción que ellos realicen en representación de nuestras comunidades Mapuche Williche de la Buta Willi Mapu.
Las autoridades ancestrales, comunidades y organizaciones hoy convocadas, hemos acordado realizar acciones sistemáticas en defensa de nuestros derechos y recurriremos a todas las acciones judiciales nacionales e internacionales que sean necesarias para defender nuestros derechos.
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