por Rihab Boukhayatia

Cuatro migrantes. Una misma Túnez. Calabozos en el desierto, ventas a traficantes libios, naufragios provocados. Por primera vez, estos abusos se llevan ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Un tribunal al que la propia Túnez se ha encargado, entretanto, de hacer más difícil el acceso.

Por primera vez, Túnez tendrá que responder ante un tribunal internacional por las violaciones sistemáticas cometidas contra las personas migrantes en su territorio. Se acaban de presentar cuatro recursos ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, interpuestos por abogados de la asociación italiana «Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione» (ASGI) y por el letrado Brahim Belguith. Estos últimos organizaron, el 30 de junio, una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de dichos recursos.

Detenciones arbitrarias, torturas, expulsiones colectivas al desierto, venta de seres humanos a los guardias fronterizos libios. Aunque de extrema gravedad, los hechos descritos no son más que la punta del iceberg de un sistema que la sociedad civil lleva documentando desde 2023.

Cuatro trayectorias, un mismo mecanismo

Tras las iniciales que protegen su identidad, cuatro trayectorias cuentan la misma historia, con macabras variaciones. L., ciudadana camerunesa que ya había sido víctima de la trata durante su viaje, fue interceptada en el mar por la Guardia Nacional tunecina en 2024 y posteriormente retenida durante más de veinte días en un campamento militar en el desierto. Encerrada en un calabozo instalado bajo una torre eléctrica, sin comida ni acceso suficiente al agua, y tras ser testigo de la violencia infligida a más de un centenar de personas detenidas junto a ella, fue vendida posteriormente a los guardias fronterizos libios. Allí permaneció detenida y fue víctima de violencia sexual.

S.T., ciudadano de Costa de Marfil, intentó entrar en Túnez en agosto de 2023 tras huir de la inseguridad en Libia. Detenido en una zona desértica, golpeado con palos, cinturones y látigos, fue abandonado en el desierto junto con decenas de exiliados. Dos personas de su grupo murieron de deshidratación y por el calor antes de que él fuera devuelto a la zona militarizada de Ras Jedir, donde sobrevivió veinte días sin atención médica ni alimentos suficientes.

S.D., originario de Guinea-Conakry, intentó la travesía junto con otras 46 personas en julio de 2024. Aunque aparentemente fue rescatado tras cinco días en el mar, afirma haber sido golpeado y despojado de sus pertenencias nada más desembarcar en Sfax, antes de ser trasladado a la fuerza al desierto junto con el resto del grupo. Afirma asimismo haber presenciado violaciones de mujeres que se encontraban detenidas. Vendido a traficantes libios, fue posteriormente encarcelado y torturado en Libia, y su liberación se condicionó al pago de un rescate por parte de su familia.

A. S., ciudadano de Sierra Leona, sobrevivió al naufragio de su embarcación el 5 de abril de 2024 frente a las costas de Sfax, provocado, según su declaración, por una maniobra peligrosa de la guardia costera tunecina tras el lanzamiento de gases lacrimógenos¹.Varias mujeres y niños se ahogaron ante sus ojos. Tras ser rescatado, esposado y golpeado, fue abandonado en el desierto junto con los demás supervivientes, antes de ser capturado y trasladado a un centro de detención libio. Actualmente vive en los Países Bajos, donde ha obtenido asilo.

Justicia por defecto

Para el abogado Brahim Belguith, que ha contribuido a llevar estos casos ante el Tribunal Africano, la elección de esta jurisdicción no es casual: se trata de una justicia de último recurso. «La justicia africana es una justicia complementaria, a falta de una justicia tunecina capaz de juzgar estos casos», explica a Nawaat. Las víctimas, desprovistas de documentos de identidad y dinero, no tuvieron, en la práctica, la posibilidad de acudir a una comisaría tunecina para presentar una denuncia. Un obstáculo que, por sí solo, ilustra la impunidad en la que se enmarcan estas prácticas. La demanda no tiene por objeto establecer una responsabilidad penal individual. El Tribunal Africano no tiene competencia para ello. Sin embargo, sí puede hacer que se reconozca la responsabilidad internacional del Estado tunecino por la violación de una serie de derechos fundamentales garantizados por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en este caso el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad y a la seguridad, la prohibición de las expulsiones colectivas y el principio de no devolución. Cabe señalar que, en este caso, Túnez también ha violado las convenciones de la ONU que ha ratificado, así como su propia Constitución. «Es por el principio, aunque sea insuficiente», explica Belguith. Según él, presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sigue siendo una opción viable a largo plazo. Pero ello supone un nivel de exigencia probatoria que los medios actuales aún no permiten alcanzar: «Los testimonios deben estar bien documentados según las normas exigidas por la CPI, y no basarse únicamente en lo que han difundido los medios de comunicación o las asociaciones», precisa.

El trabajo emprendido ante el Tribunal Africano se inscribe, por tanto, en una estrategia a más largo plazo, en la que cada expediente elaborado con rigor consolida la posibilidad de una futura acción penal. Esta estrategia trasciende el mero ámbito judicial. En una entrevista con Nawaat, Adelaide Massimi, abogada de la ASGI, considera, además, que el trabajo en red constituye el punto fuerte del expediente. Gracias a las redes euroafricanas, tanto formales como informales, se pueden desarrollar en paralelo litigios estratégicos y acciones de defensa, en las que cada actor desempeña un papel diferente y complementario. Aunque, hasta la fecha, solo cuatro personas han dado el paso de presentar una denuncia judicial, sus testimonios se presentan como representativos de una suerte que comparten miles de personas más.

Desde 2023, las prácticas descritas están siendo documentadas cada vez más por los supervivientes, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Afectan en su mayoría a ciudadanas y ciudadanos de África Occidental, que emigran a Túnez o la atraviesan en su trayecto hacia Europa. Es precisamente este carácter sistémico, y no accidental, lo que la demanda pretende que se reconozca. Al someter por primera vez estos hechos al Tribunal Africano, los abogados buscan que estas prácticas se interpreten a la luz de la Carta Africana y recordar que Túnez debe rendir cuentas ante los ciudadanos de la Unión Africana.

La Unión Europea, cómplice por su financiación y su silencio

Uno de los ejes principales de la argumentación de Belguith se refiere a la responsabilidad de la Unión Europea (UE). Según él, la UE es instigadora de estas exacciones por dos motivos: por su silencio ante unas prácticas ampliamente documentadas y por la financiación que aporta a Túnez para la gestión de sus fronteras.

Esta constatación concuerda directamente con los términos de la demanda, que subraya que los hechos denunciados son posibles gracias al apoyo material, técnico y financiero que la UE presta a las autoridades tunecinas². Por eso, los demandantes y sus abogados instan a la UE y a sus Estados miembros a poner fin a cualquier forma de cooperación en materia de migración que contribuya, directa o indirectamente, a la comisión de estas violaciones. Según ellos, los hechos revelados por estos cuatro expedientes demuestran que Túnez no puede considerarse ni un país seguro para las personas migrantes ni para sus propios nacionales, ni un lugar de desembarque seguro para las personas rescatadas en el mar. Una calificación que, sin embargo, ha servido en los últimos años para justificar parte de la política migratoria europea en la región.

La ley de la negación

Ante las acusaciones más sonadas, la respuesta oficial tunecina ha adoptado, en la mayoría de los casos, la forma de una negación rotunda. Cuando circuló un vídeo en el que se veía a unos tunecinos agrediendo sexualmente a una mujer subsahariana, el Ministerio del Interior reaccionó denunciando una conspiración destinada a dañar la imagen del Estado, antes de reafirmar su determinación de garantizar los retornos «voluntarios» de los migrantes en situación irregular. Lo cual ya no es más que una pirueta retórica. Este mismo reflejo de minimización se ha repetido ante los organismos internacionales. Durante el examen de Túnez por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a finales de noviembre de 2025, en el que una experta transmitió denuncias de tortura y tratos degradantes durante las interceptaciones y expulsiones, el secretario de Estado tunecino de Asuntos Exteriores respondió haciendo hincapié en la ley fundamental de 2018 contra la discriminación racial y en una supuesta estrategia de sanción de cualquier vulneración de los derechos ajenos, sin reconocer nunca directamente los hechos alegados. En cuanto al fondo de la política migratoria, la línea oficial se mantiene constante: presentar las expulsiones como «retornos seguros y dignos» en lugar de como devoluciones forzosas, tal y como afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Ali Nafti, ante el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2026³.

Cabe destacar también la ausencia de una respuesta sustantiva a las investigaciones independientes. Amnistía Internacional comunicó sus conclusiones a las autoridades tunecinas antes de la publicación de su informe, pero no se había recibido ninguna respuesta en el momento de la publicación. El mismo silencio se observó por parte de la Guardia Nacional y del Ministerio del Interior ante las preguntas de France 24 sobre los campamentos de Sfax.

Un acceso al tribunal ya de por sí debilitado por Túnez

Sin embargo, estas cuatro denuncias se producen en un contexto procesal ya deteriorado. El 7 de marzo de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores tunecino confirmó que Túnez había retirado su declaración por la que aceptaba la competencia de la Corte Africana para admitir denuncias presentadas directamente por particulares y por ONG con estatuto de observadoras ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Dicha declaración, prevista en el artículo 34, apartado 6, del Protocolo por el que se establece la Corte, había sido presentada por Túnez en 2017. En aquel momento, formaba parte de un reducido grupo de Estados africanos que la habían firmado. La retirada, por su parte, no surtió efecto hasta un año después de su notificación a la Corte, es decir, el 7 de marzo de 2026. El Centro para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos en Túnez (CRLDHT), la Coalición Tunecina contra la Pena de Muerte (CTCPM) y la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) han denunciado esta decisión como autoritaria y un retroceso en los compromisos constitucionales e internacionales de Túnez.

Por su parte, una coalición de once organizaciones internacionales ha instado al Gobierno a que reconsidere su postura. En su opinión, esta retirada restringe el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de los defensores de los derechos humanos en Túnez. Además, debilita la autoridad de la propia Corte Africana, pilar del sistema judicial regional. Esta decisión no es un caso aislado. Según estas mismas organizaciones, forma parte de una serie de medidas que debilitan progresivamente el Estado de derecho desde la elección de Kais Saied. De hecho, en los últimos años, la Corte Africana ya ha condenado a Túnez en varias ocasiones, en particular por cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial y el mantenimiento del estado de emergencia. Este retroceso hace que la iniciativa de los cuatro demandantes resulte aún más significativa. Sus expedientes han podido presentarse porque se basan en hechos anteriores a la retirada de la declaración tunecina, o porque siguen vías procesales distintas a la interposición directa de un recurso por parte de un particular. Pero también ilustra el margen cada vez más estrecho del que disponen las víctimas para hacer oír su causa ante este tribunal, a medida que el Estado tunecino va cerrando las puertas de los recursos internacionales, que él mismo había abierto.

Demandas claras y procedimientos sin plazos

No existe ningún plazo que regule el ritmo al que el Tribunal Africano dicta sus sentencias. El procedimiento, por su parte, sigue un orden bien establecido. La secretaría remite en primer lugar la demanda al Estado demandado, que dispone de 45 días para responder. El Tribunal puede conceder o imponer un plazo adicional, generalmente de un mes. A continuación, su respuesta se transmite a los demandantes, en las mismas condiciones. Una vez concluido el intercambio de alegaciones, la Corte declara finalizada la fase escrita y decide si habrá o no alegatos orales. De hecho, cada etapa alarga los plazos. «No tenemos noticias de la Corte», señala Adelaide Massimi. Más allá de la mera condena a Túnez y de las indemnizaciones para los cuatro demandantes, los abogados solicitan al Tribunal que ordene reformas estructurales destinadas a impedir que estas prácticas se repitan.

Se trata de la implantación de una legislación nacional y de mecanismos administrativos conformes a la Carta Africana y al derecho internacional de los refugiados, de mecanismos de supervisión de los centros de detención abiertos a instituciones independientes, así como de medidas de protección para las personas víctimas de detención arbitraria y de rendición de cuentas por parte de las autoridades implicadas. Asimismo, reclaman una disculpa oficial del Estado tunecino, a modo de reparación moral, así como un informe detallado sobre la aplicación de las medidas, que deberá presentarse ante el Tribunal en los seis meses siguientes a la sentencia y, posteriormente, de forma periódica. «Esperamos que las violaciones de los derechos de los migrantes por parte de los Estados considerados de tránsito hacia Europa sean, al menos, juzgadas por el Tribunal», defiende Adelaide Massimi. Para ella, la prioridad sigue siendo basar la política migratoria tunecina en el respeto de los derechos humanos, poner fin a toda persecución contra la sociedad civil y respetar la Carta Africana y el derecho internacional en materia de salvamento marítimo. «Esperamos que cese la impunidad», afirma Belguith. La pelota está en el tejado de la Corte Africana. Debe pronunciarse sobre si Túnez tiene responsabilidad internacional en estos hechos.

Más allá del veredicto, un camino se abre: o tras víctimas y otros tribunales podrían seguir llevándolo adelante, mientras persistan estas prácticas en las fronteras tunecinas.

Nawatt

Traducción: Ángeles Ramírez

Notas

1/ Ver: Informe europeo: Túnez, acusado de vender migrantes a ciudadanos libios 13/02/2025

2/ Ver: Migración: lo verdadero y lo falso en el discurso de Kais Saied 10/04/2025

3/ Ver: Migrantes en Túnez: la escalofriante realidad de los niños fantasma 18/06/2026

Fuente: Viento sur