por MG-ELN Movimiento Guevarista

PRONUNCIAMIENTO

La Clase Media también apoya la protesta popular

Existe un mito en Bolivia: el antagonismo entre las clases medias y los sectores populares movilizados que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Este mito busca invisibilizar el apoyo de muchos sectores sin voz dentro de la clase media. Numéricamente, ese respaldo es mayor de lo que se supone. Apoyamos a los movimientos sociales que hoy, igual que en los años 2000, 2003 y 2019, luchamos en defensa de los intereses políticos, económicos y culturales irrenunciables de nuestra patria.

El pueblo boliviano concurrió a las urnas con vocación democrática. Sabía que ningún candidato representaría sus intereses, pero esperaba que el binomio Paz-Lara —considerado «el mal menor»— le diera estabilidad económica. Asumiría los sacrificios derivados de la crisis, siempre que las medidas se aplicaran de forma pausada. Nunca imaginó que este gobierno se transformaría tan rápido en uno neoliberal, dispuesto a entregar la soberanía nacional y a depender totalmente de la injerencia norteamericana. Tampoco previó que transferiría los riesgos y costos al pueblo, generando una distribución desigual de la crisis mediante decretos supremos como los siguientes:

• Anula impuestos a las grandes fortunas.
• Anula el impuesto al juego, lo que implica una licencia implícita para el funcionamiento de casas de juego de dudosa transparencia.
• Mira hacia otro lado frente a quienes engordaron sus fondos financieros gracias a las políticas protectoras del MAS y de gobiernos anteriores.
• Se hace el ciego ante lugares y hechos de lavado de dólares provenientes del crimen organizado (grupo Marset y otros similares). Ejemplo: la sorprendente libertad y detención domiciliaria de quien introdujo 32 maletas de dudosa procedencia y contenido.

El D.S. N.º 5503 fue abrogado después de una gran movilización popular. Era una norma orientada a la reconfiguración neoliberal del Estado Plurinacional y a la precarización de la vida de los sectores populares y la clase media.

Promulga, sin consulta ni consentimiento de los productores campesinos, la Ley N.º 1720 de Reconversión de Tierras. Su objetivo es apropiarse de las tierras de pequeños campesinos, desestructurar los territorios indígena originario campesinos (TCOS) y apropiarse de ellos.

Hoy, ese pueblo que le dio al Gobierno su voto en las urnas —y un voto de confianza— esperaba que la crisis económica la compartiéramos todos por igual, aunque la responsabilidad no sea la misma.

Señor presidente: el pueblo se levanta contra las políticas financieras de su Gobierno, que sin vacilar concede apoyo absoluto a la empresa agroexportadora. El pueblo le quita en las calles el voto que le dio en las urnas.

Estas líneas nacieron en el oriente boliviano, entre quienes formamos las clases medias. Nos adherimos bolivianos de los nueve departamentos porque apoyamos la legítima rebelión popular que vive nuestro país. También porque los grandes medios de comunicación publican información sesgada y plantean una confrontación binaria: por un lado, los bolivianos democráticamente movilizados en las calles desde hace más de un mes; por el otro, quienes formamos las clases medias. La realidad que ocultan es que somos muchos los «clasemedieros» que apoyamos la insurrección popular. Repudiamos las medidas antipopulares de un gobierno que no ha cumplido ninguna promesa electoral, le ha dado la espalda al pueblo y subestima su capacidad de análisis y movilización. Además, insulta al pueblo de forma reiterada, no convoca a la negociación, lo niega, lo insulta y hoy lo aprisiona.

Por último, la Ley N.º 1740 de Estado de Excepción, promulgada hoy sin mayor revisión, contiene artículos contrarios a los derechos humanos. El artículo 26 («Presunción de legalidad operativa») da carta blanca a las Fuerzas Armadas y a la Policía para disparar, matar, golpear y torturar con impunidad.

Tampoco aceptamos la convocatoria a la población civil emitida por el señor Rodrigo Paz. En su calidad de presidente del Estado Plurinacional, sugiere que los civiles se enfrenten a los movilizados. Ese desatino ha provocado que grupos de la Unión Cruceñista, resguardados por la policía, se enfrenten a los pobladores de San Julián. ¿Es esa la política del Estado? ¿Generar espacios de confrontación y revivir hechos del pasado donde unos valen más que otros? ¿Valen más quienes necesitan justificar y ocultar sus ganancias mal habidas, o el pueblo trabajador que históricamente ha servido de colchón financiero a los gobiernos de turno?

Por todo ello, quienes formamos la clase media —sin acceso a los privilegios de los círculos cerrados del poder— apoyamos con convicción la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Él ha demostrado un desprecio absoluto hacia los sectores que le dieron la victoria electoral y que hoy piden legítimamente nuevas elecciones.

Pedimos:

• La anulación de la Ley de Excepción 1740, que concede a las FF. AA. y a la Policía impunidad para matar, disparar o usar cualquier medida de fuerza bajo el supuesto de «la no intencionalidad y presunción de legalidad».
• El cese de la criminalización de la protesta popular.
• El fin de las prácticas de terrorismo de Estado que las fuerzas de seguridad ejecutan de manera ilegal contra el pueblo movilizado.

Contra el Estado de Excepción.
Contra la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.

¡Fuera de la presidencia, Rodrigo Paz!

¡Viva la lucha de las organizaciones populares y sociales de Bolivia!
¡Viva la solidaridad entre los pueblos!
¡Viva la resistencia de los pueblos en lucha!

Bolivia, 10 de junio de 2026.

Dirección Nacional
Movimiento Guevarista de Bolivia (MG/ELN)