por Feministas del Abya Yala y comunicadores/as populares de Argentina y Uruguay

En la semana del 16 al 22 de junio, la Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia, integrada por Feministas del Abya Yala y comunicadores/as populares de Argentina y Uruguay estuvimos en Bolivia, recogiendo información sobre múltiples violaciones a todo tipo de derechos, ante la ausencia de mecanismos de denuncia sobre las dificultades de acceso a la justicia de la población. El gobierno de Rodrigo Paz es un régimen represor conformado por sus socios políticos, militares, judiciales, parapoliciales, incluyendo autoridades del poder ejecutivo, instituciones privadas y medios de comunicación hegemónicos, que han impuesto el bloqueo mediático.

La Comisión estuvo en los territorios afectados, en los departamentos donde ha habido mayor represión: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, San Julián. Realizamos más de 35 entrevistas personales, cinco colectivas, y recibimos más de 150 denuncias de distintas vulneraciones, realizadas por organizaciones sociales de campesinas/os, mujeres de pollera aymaras y quechuas, disidencias sexuales, colectivas feministas, estudiantes universitarios, jóvenes, y en asambleas en las que participaron distintos sectores organizados. Allí, con testimonios a viva voz, pudimos registrar:

1. Asesinados

Fueron asesinados por gasificación en represión a punto de bloqueo Alberto Cruz Chinche, de 71 años, en El Alto, el 16/5, Martha Villca Sosa, de 51 años, de la provincia de Camacho, el 21/5, Víctor Quispe Cruz, de 24 años, en Vilaque Calamarca, La Paz, por herida de bala en el cráneo en represión a punto de bloqueo, durante la acción del gobierno denominada “Corredor humanitario”. Él es el único asesinado que reconoce el Estado. Hay también otros cuatro asesinados a cuyos nombres no hemos podido acceder.

2. Represión policial, militar, y parapolicial

De acuerdo a las denuncias recibidas en Santa Cruz y en San Julián, constatamos que además de la represión de la policía, los desbloqueos fueron realizados por fuerzas fascistas de civiles armados, integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Sus intervenciones fueron tanto para reprimir a las personas que participaban de bloqueos pacíficos de las carreteras, como a quienes no eran parte de los mismos. También recibimos denuncias de que en algunos casos estos grupos ingresaron con violencia a las casas, ejecutando robos, saqueos, quemando las mismas, y destruyendo sus vehículos, golpeando a las personas. Las denuncias dan cuenta de hombres armados con machetes, que usaron armas de fuego, métodos fascistas, acompañados y protegidos por oficiales de policía.

Fuimos informados de que la Unión Juvenil Cruceñista tiene una larga historia de accionar fascista en Santa Cruz, amparada por el Comité Cívico de Santa Cruz. El objetivo de estas prácticas es generar miedo, desmovilizar a la población, quebrar la organización social e instigar enfrentamientos con discursos racistas, xenófobos y supremacistas.

La UJC ha golpeado a dirigentes en conferencias de prensa, y han intentado tomar sedes de organizaciones sociales, sin que la policía los detenga, amenazando permanentemente a la población.

3. Heridos/as

Las denuncias de todos los departamentos coinciden en que no existe seguridad para que las personas heridas puedan ser atendidas en los centros de salud porque en varios casos fueron detenidos antes de ser atendidos, procesados, y amedrentados para inculparse u obligados a ser testigos en procesos de investigación orientados a la criminalización de las protestas.

Hemos recibido algunas denuncias de heridos. José Luis García fue herido con un disparo de bala en la cabeza en San Julián, y su estado es de máxima gravedad. En El Alto, Gonzalo Huasco, joven con discapacidad, fue herido con un balín que le causó trauma ocular, y se le negó atención en las primeras horas. Luego fue internado, y se aperturó una investigación incriminándolo y amedrentándolo. En La Paz Violeta Tamayo, una joven periodista de La Izquierda Diario, fue herida por un gas detonado por la policía, con el resultado de una fractura expuesta en el brazo. Ya le hicieron dos intervenciones quirúrgicas, pero por el daño necesita varias cirugías.

Existe registro de 40 personas heridas, 31 hombres y 9 mujeres: 24 en La Paz, 12 en El Alto, 2 en Oruro, 2 en Santa Cruz. También en Cochabamba han denunciado heridos en las represiones de Parotani, Río Khora, pero ante la inexistencia de un estado de derecho no se tiene un registro final de los heridos/as.

4. Presos y presas políticos.

En los distintos departamentos de los que recibimos informes hay presos y presas, la mayoría detenidos/as sin orden judicial, así como una creciente cantidad de procesos de judicialización contra dirigentes sociales, manifestantes y ciudadanos.

Hemos recibido denuncias, informes y carpetas judiciales que dan cuenta de un total de 500 detenidos en el país. 365 fueron detenidos en La Paz y El Alto. De ellos 323 están judicializados y 22 presos en la cárcel. 237 son de La Paz, 63 son de El Alto, 45 de Oruro. En San Julián, Santa Cruz, hubo 5 detenidos, de los cuales 3 están con medidas sustitutivas, y 2 con prisión preventiva en la cárcel.

A varios jóvenes que fueron detenidos en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se les quitaron los documentos, las billeteras, y no las devolvieron a la hora de liberarlos. Se tiene denuncia de detención de menores de edad y estudiantes universitarios, varios de los cuales mencionan haber sido golpeados por la policía en su detención.

Los arrestos han durado más de 8 horas, en algunos casos varios días en celdas de la policía, incomunicados, vulnerando completamente sus derechos. Las audiencias de medidas cautelares se han retrasado y se han realizado obligando a las personas detenidas a aceptar abogados de Defensa Pública, negándoles el derecho de elegir su defensa. Estos abogados los han presionado para inculparse en delitos que no han cometido.

En Cochabamba durante el mes de junio en los bloqueos fueron aprehendidas 11 personas en Pirque Parotani, 11 en Itapaya, 15 en Cruce Tarata, 33 en Río Khora – Vinto (de los cuales quedaron 22 en libertad, y 11 cautelados por tres meses en la cárcel San Pablo de Quillacollo), en Km 9 Uspha Uspha fueron detenidas 18 personas (quedaron 9 en libertad, 3 en detención domiciliaria y 6 cautelados en la Cárcel San Sebastián por tres meses). El total general de presos y judicializados es de 92 personas.

De las 15 personas detenidas en el Cruce Tarata, 5 mujeres y 10 hombres, todas fueron obligadas a autoinculparse, acusadas de instigación a delinquir y daños a espacios públicos. Se las amedrentó para acogerse a un proceso abreviado y todas fueron sentenciadas; 7 a dos años de cárcel y 8 personas a tres años de privación de libertad, un proceso absolutamente arbitrario en el que se evidencia la participación del Ministerio Público en la criminalización de la protesta, y vulneración del debido proceso.

En estos días, después de nuestro regreso, nos han informado de nuevas detenciones y amenazas, especialmente de dirigentes de las organizaciones y de los bloqueos, o en algunos casos, por patrullaje cibernético. Es el caso de Alberto Quelali, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, FEJUVE, y Pablo Merma, ex dirigente de la Federación Tupak Katari y de la FEJUVE. Ambos fueron detenidos y trasladados en menos de dos horas a la Cárcel de San Pedro, con detención preventiva. Las pruebas son publicaciones, y notas de prensa realizadas con inteligencia artificial.

También nos han informado de allanamientos a domicilios, como el de David Mamani, donde destrozaron todo, especialmente una gran biblioteca que tenía.

En general nos han señalado una gran represión a la Federación Tupac Katari, a la CSUTCB, y otras organizaciones campesinas.

5. Desabastecimiento de los centros de salud

En las visitas a centros de salud, y en diálogos que sostuvimos con trabajadores y usuarios, constatamos graves carencias de insumos, medicamentos y personal médico. Recibimos variadas denuncias sobre situaciones en las que personas heridas durante la represión han sido entregadas a fuerzas policiales, generando temor entre quienes requieren atención médica. Esta situación deja en condiciones de extrema vulnerabilidad a quienes no cuentan con recursos para acceder a servicios privados de salud.

6. Violencia sexual, misoginia, racismo y discursos de odio

Hemos recibido denuncias de violencia político-sexual durante el desbloqueo en San Julián, en el allanamiento, asalto y saqueo de las casas. Tres jóvenes mujeres han denunciado violencia sexual en el ingreso a sus casas en San Julián, debido a su supuesta filiación racial política social, asumiendo que pertenecen a familias que participan del bloqueo, consideradas campesinas, migrantes, collas, indígenas, hijas de collas. La violencia político-sexual es una forma específica de violencia, represión o tortura ejercida por agentes del Estado (o grupos con fines de control político) para castigar, disciplinar e intimidar a mujeres y disidencias. A la fecha se está complementando información sobre un posible caso de violación.

También nos referimos a este tipo de violencia cuando el Estado y sus agentes invisibiliza u obstruye denuncias en relación a la violencia. En Bolivia hemos encontrado prácticamente todas estas situaciones.

Los discursos que acompañan la escalada represiva combinan el odio hacia los sectores populares, particularmente hacia las comunidades originarias y las mujeres aymaras y quechuas de pollera.

Nos han informado de ataques y persecución a estudiantes universitarios de la comunidad LGBTIQ, haciendo publicaciones de sus rostros, direcciones y números de teléfono para instigar ataques de odio por su posición frente a las políticas de hambre y represión del gobierno.

La labor de los y las periodistas que buscan romper el cerco informativo está siendo perseguida de manera sistemática, y viven bajo amenazas. No se les deja acercar a las marchas en momentos de represión para que no quede ningún material con el cual denunciar la violencia. Esto se dio después de la intervención de San Julián que fue transmitida en vivo y se vio a los paramilitares con bazucas. En todos los departamentos el actuar de la prensa ha estado amenazado por la policía vulnerando el derecho a la información.

7. La “pacificación” compulsiva

Tras más de 50 días de conflicto social, el gobierno suscribió un acuerdo de diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB), mientras diversas organizaciones campesinas declararon una tregua temporal que redujo los bloqueos en varias regiones del país. Sin embargo, estas decisiones no fueron respaldadas por todos los sectores movilizados. En particular continúan las medidas de protesta en el Chapare, que tienen entre sus objetivos defender a Evo Morales, impidiendo que sea deportado a los Estados Unidos. Hemos sido alertadas/os de cortes de luz y acciones intimidatorias de personal policial de civil y parapoliciales en el Trópico de Cochabamba, y la preparación de una acción fuertemente represiva que podría significar una masacre.

Frente a la impotencia en el manejo del diálogo, el gobierno de Rodrigo Paz declaró el Estado de Excepción, que limita aún más la vigencia de los derechos humanos.

La respuesta de los medios de comunicación hegemónicos, y de los voceros de la agroindustria y terratenientes locales, es pedir más represión, y descalificar a los movimientos sociales, estigmatizarlos en un tono violentamente racista, misógino, con odio de clase, tratándolos/as de “salvajes”, “vándalos”, narcoterroristas, diciendo que son financiados por el narcotráfico, agrediendo de modo especial a las mujeres aymaras y quechuas.  

8. Persecución a las feministas bolivianas

Como comisión feminista nos reunimos con organizaciones y activistas feministas bolivianas, cuya claridad política, valentía y compromiso con los derechos de las mujeres y los derechos humanos reconocemos profundamente. En este contexto nos enteramos del allanamiento sufrido por la Casa de la Mujer en Santa Cruz, donde más de veinte personas, algunas de ellas encapuchadas, ingresaron al espacio y sometieron a situaciones de intimidación a mujeres que se encontraban ahí resguardadas por ser sobrevivientes de violencia. Expresamos nuestra solidaridad con las feministas que vienen realizando acciones cotidianas de cuidado de las mujeres, de las organizaciones populares, y dan ejemplo de integridad en su perspectiva.

Hemos recibido denuncias de detención de 6 feministas el mes de mayo y persecución y amedrentamientos permanente de la policía durante las movilizaciones, así como amenazas de grupos parapoliciales UJC, Resistencia Juvenil Cochala, y Resistencia Ciudadana de La Paz, quienes por distintos medios amenazan a organizaciones y referentes feministas.

9. La orden es: silencio

Todos estos hechos ocurrieron en el marco de una serie de acciones de hostigamiento que también alcanzaron a nuestro colectivo. Integrantes de nuestra comisión fueron interceptadas/os en la carretera a la altura de Montero, trasladadas/os a una dependencia policial para ser identificadas, y posteriormente llevados a oficinas de Migración en Santa Cruz, donde se recibieron por parte de oficiales de la inteligencia policial, advertencias sobre posibles represalias, en caso de desarrollar actividades consideradas políticas. Todas estas actuaciones se realizaron sin orden judicial y sin garantías mínimas de debido proceso. El objetivo es claro: silencio, nadie puede hablar.

Agradecimiento y llamado a la solidaridad

Los datos y análisis que aquí presentamos, con resultado del diálogo y la información de numerosas personas y colectivos a quienes agradecemos. Destacamos el aporte de la ProDHCre en La Paz, de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, de las compañeras del Feminismo Comunitario, y de las feministas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, de las organizaciones campesinas y de pueblos originarios, de los abogados de los presos políticos, de los familiares de los heridos. Agradecemos a todos ellos, a quienes nos recibieron en sus casas, y a las organizaciones de Argentina que contribuyeron para el viaje.

Llamamos a los pueblos de Abya Yala y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y solidarios con el pueblo boliviano. Exigimos la liberación de las personas detenidas por motivos políticos o sociales, el cese de los procesos de judicialización contra manifestantes y dirigentes, la atención médica integral para las personas heridas, el fin de las políticas de terror y persecución, y el restablecimiento pleno de las garantías democráticos y los derechos fundamentales de toda la población boliviana. La defensa de la vida, de los derechos y la dignidad de los pueblos, exige hoy la más amplia solidaridad internacional.

Con la memoria viva de Sebastián Moro, Facundo Molares, Tania y el Che.

Con la fuerza y dignidad de Bartolina Sisa.