por Chile Mejor sin TLC

Desde Chile Mejor Sin TLC rechazamos categóricamente la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast y la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, porque ambas iniciativas forman parte de una peligrosa ofensiva destinada a ampliar las facultades represivas del Estado, debilitar los controles democráticos y criminalizar la legítima protesta social.

No desconocemos los graves problemas de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado que afectan al país. El Estado tiene el deber de combatirlos con eficacia. Pero la seguridad ciudadana no puede convertirse en la excusa para restringir derechos fundamentales, debilitar las libertades públicas ni otorgar poderes excepcionales al Ejecutivo.

La reforma constitucional promovida por el Gobierno pretende ampliar considerablemente las facultades presidenciales durante los estados de excepción, debilitando los contrapesos políticos e institucionales y permitiendo restricciones prolongadas de derechos y libertades. El eje de la discusión no puede estar en acortar los tiempos de restricción sino en abordar el conjunto de medidas propuestas, su efecto real y las causas por las cuales avanzó el crimen organizado.

A nuestro juicio, esto no constituye simplemente un endurecimiento de la política de seguridad. Representa un grave retroceso democrático, de inspiración autoritaria y pinochetista. Lo que se busca normalizar es un Estado con crecientes facultades para restringir libertades públicas, eludir los controles democráticos y perseguir la movilización social utilizando el legítimo temor de la población frente a la delincuencia, como justificación para concentrar poder en el ejecutivo y reducir los espacios democráticos de organización, protesta y resistencia social.

A ello se suma la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, para perseguir penalmente incluso interrupciones parciales y pacíficas del tránsito. La ley Antibarricadas aprobada en el gobierno de Boric ya está afectando directamente a movilizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, medioambientales, de pueblos originarios y de organizaciones sociales. Nuevas víctimas fatales se han agregado este año por el uso del “gatillo fácil” por las policías.

Chile Mejor Sin TLC advierte que el mayor riesgo de esta iniciativa es que pueda utilizarse como un instrumento de persecución política e impunidad por las violaciones a los derechos humanos.

Para Chile Mejor Sin TLC, esta amenaza adquiere una importancia particular. Durante años, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones campesinas, medioambientales, territoriales, pueblos originarios y amplios sectores ciudadanos nos hemos movilizado contra tratados de libre comercio e inversión, contra el TPP-11, contra mecanismos de solución de controversias que privilegian a las corporaciones transnacionales y contra políticas que restringen la soberanía alimentaria, económica, regulatoria y democrática de Chile. Con el TPP11 y el Tratado con la UE ya vigentes, hoy vemos el impacto de esas políticas en nuestra vida cotidiana así como el aumento persistente de las ganancias de las grandes corporaciones.

Esos impactos más la política de shock en curso pueden generar respuestas en los territorios, tales protestas por las alzas de precios, el recorte de presupuestos en salud, vivienda o educación, por la generación de nuevas zonas de sacrificio humano y de la naturaleza. Y el gobierno pretende encararlas tratándolas como un problema penal. Eso es inaceptable.

Existe, además, una profunda contradicción en un modelo que pretende mantener un Estado débil frente a los grandes poderes económicos, financieros y las corporaciones transnacionales, pero cada vez más fuerte y represivo frente a trabajadores, sindicatos, comunidades y movimientos sociales.

No estamos, por tanto, frente a simples reformas técnicas en materia de seguridad. Estamos frente a un proyecto político autoritario que busca convertir la excepción en normalidad y colocar bajo sospecha a quienes se organizan, protestan y luchan por sus derechos. Hoy permanece militarizado el territorio mapuche. Mañana la militarización se extendería a otras regiones del país.

Chile ya conoció una doctrina del “orden” basada en la persecución y represión de trabajadores, organizaciones populares durante la dictadura. No aceptaremos la reinstalación de esa lógica pinochetista ahora instalada bajo un ropaje civil.

La delincuencia debe combatirse con firmeza, persiguiendo al crimen organizado, al narcotráfico u el tráfico de armas. En ese marco destacamos la contradicción existente entre los objetivos de seguridad planteados, y el permanente rechazo del gobierno y partidos oficialistas, al levantamiento del secreto bancario, una forma eficiente de combatir el narcotráfico, las mafias, el lavado de dinero y las asociaciones ilícitas que lo sustentan. Respecto de las capacidades investigativas y de inteligencia del Estado, estas siempre deben estar bajo control democrático y pleno respeto de los derechos humanos, sin aceptar tutelas como la de Estados Unidos bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Porque la protesta social no es delincuencia. La organización sindical, estudiantil y del pueblo mapuche por sus derechos, no es delincuencia. Defender los territorios, los recursos naturales, la soberanía nacional y los derechos sociales tampoco puede ser considerado una amenaza para el orden público. Por el contrario, la movilización y la participación activa de la sociedad constituyen componentes esenciales de una democracia verdadera.

Chile requiere prepararse para avanzar hacia una democracia participativa y popular, fortaleciendo la organización social, la participación vinculante de la ciudadanía y la capacidad de los pueblos, trabajadores y comunidades para incidir efectivamente en las decisiones que afectan sus vidas.

Desde Chile Mejor Sin TLC llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, feministas, territoriales, medioambientales, de derechos humanos y a todas las fuerzas democráticas del país a rechazar estas iniciativas y a defender las libertades públicas, el derecho a la organización y la legítima movilización social.

Rechazamos el retorno del autoritarismo pinochetista bajo rostro civil, la criminalización de la protesta social y toda concentración autoritaria del poder. Chile necesita más democracia y participación popular, no menos. Defendemos una política de seguridad subordinada a la democracia, los derechos humanos, la soberanía popular y la justicia social.