por Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN

Colombia se encuentra en una nueva fase de la reingeniería neocolonial estadounidense en Nuestra América.

El 7 de agosto de 2026, el Departamento de Estado anunció una profundización de la cooperación económica y de seguridad con Colombia, y un paquete de hasta mil millones de dólares en asistencia. El discurso vuelve a invocar la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y la seguridad hemisférica.

Pero detrás de esta retórica surge una pregunta decisiva: ¿qué lugar ocupará la DEA en esta nueva arquitectura? Su papel trasciende la lucha antidrogas, producción e intercambio de inteligencia, investigaciones criminales y financieras, identificación de amenazas, mapeo de estructuras y coordinación de operaciones transnacionales. Así, puede convertirse en un dispositivo de gobernanza indirecta de la seguridad latinoamericana. Incluso, hasta invisibiliza a la CIA, otrora omnipresente.

Nace, entonces, la ‘DEA Republic’, una categoría para describir la progresiva penetración institucional y externalización de funciones soberanas hacia agencias estadounidenses. Inteligencia, investigación criminal, vigilancia financiera y cooperación operativa quedan articuladas a estructuras externas, mientras emerge el llamado ‘Plan Colombia 2.0’, orientado hacia inteligencia avanzada, drones, inteligencia artificial, vigilancia tecnológica, fortalecimiento de la Fuerza Pública y recuperación del denominado “control territorial”.

La Guerra contra las drogas, impulsada y ejecutada por Estados Unidos y la DEA, desde hace décadas ha fracasado, pues estas economías continúan reproduciéndose y tejiendo los entramados económicos, políticos y militares, que parecen eternizar su existencia. Entonces, cabe preguntar ¿qué función política cumple realmente el dispositivo antidrogas? Ahí reside el poder estratégico de la DEA, no necesita controlar formalmente un gobierno; basta con participar en los circuitos de información que determinan quién es investigado, qué estructura constituye una amenaza, qué redes financieras se persiguen y qué operaciones reciben prioridad; y, además de eso, a quien se contamina para luego incriminarlo y declararlo enemigo prioritario.

La inteligencia no es neutral, quien produce la información participa en la construcción de la realidad, sobre la cual actúa el Estado. Por eso la Guerra contra las drogas se transforma también en una guerra de datos, inteligencia financiera, bases de información, interceptaciones, análisis de redes, vigilancia tecnológica, drones e inteligencia artificial. La guerra se digitaliza y con ella se digitaliza el control territorial.

El contexto geopolítico de comienzos de siglo ha cambiado, hoy Estados Unidos enfrenta una disputa creciente con China y Rusia, mientras los BRICS amplían su influencia y aumenta la competencia por minerales críticos, energía, agua, biodiversidad y corredores marítimos. Así, Colombia adquiere un valor estratégico excepcional, conecta Caribe y Pacífico, Andes y Amazonía, Sudamérica y Centroamérica. Buenaventura no es solamente un puerto, sino un nodo geopolítico del Pacífico.

El ‘Plan Colombia 2.0’ puede ser visto como una actualización tecnológica del viejo dispositivo, con menos dependencia de los instrumentos clásicos de la guerra antidrogas y mayor incorporación de drones, inteligencia artificial, vigilancia electrónica, inteligencia financiera, análisis masivo de datos y operaciones especiales.

Y en el centro vuelve a aparecer la DEA instrumentalizando la lucha antidrogas, como puerta de entrada a una creciente dependencia institucional y estratégica.

¿Qué ocurre cuando la seguridad nacional depende de información producida por una agencia extranjera? ¿Cuándo la definición de las amenazas se construye mediante sistemas externos de inteligencia? ¿Cuándo las investigaciones nacionales se articulan con prioridades estratégicas definidas en Washington?

La soberanía termina perdiéndose mediante Tratados, cooperación policial, dependencia tecnológica, inteligencia compartida, entrenamiento y financiamiento. Se anida en el corazón del Estado una dependencia más profunda, donde la DEA es quien define al enemigo y proporciona la información con la cual el Estado decide combatirlo.

La ‘DEA Republic’, una modalidad contemporánea de colonialismo, que no necesita ocupación militar territorial directa, porque opera mediante datos, inteligencia, instituciones, tecnologías, financiamiento y alianzas selectivas. Una soberanía formal puede coexistir, así, con una profunda dependencia estratégica.

En este contexto la CIA se «subsume» en la DEA para degradar a las amenazas de Estados Unidos que los presenta a todos como «narcotraficantes», como sucede con el ELN, así como también con varios Estados que no comulgan con ellos. Todo se hace mejor como DEA. También las Fuerzas Militares se convierten en Policías antinarcóticos y les han orientado decirle a la opinión nacional e internacional que todo cuanto ven es «narcotráfico». También han colonizado las mentes de la policía y militares.

Colombia no puede analizarse separadamente de Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Haití, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Se configura una arquitectura regional diferenciada, unos territorios aportan inteligencia, otros infraestructura militar, puertos, corredores marítimos, plataformas logísticas o cooperación policial y judicial. Ecuador profundiza la cooperación militar con Washington; Perú y Argentina estrechan sus vínculos estratégicos; Bolivia reabre canales de seguridad; el Caribe adquiere creciente valor marítimo y Colombia recupera una posición privilegiada. No son piezas idénticas, pero pueden articularse dentro de una arquitectura hemisférica liderada por Estados Unidos.

En medio de la disputa por la hegemonía mundial se suma la convergencia entre intereses estadounidenses e israelíes, en tecnologías militares, inteligencia, vigilancia, seguridad fronteriza y control territorial.

Por eso debemos mirar más allá del discurso, cuando hablan de Guerra contra las drogas, ¿qué información se produce?; cuando hablan de control territorial, ¿qué territorios?; cuando ofrecen cooperación, ¿quién decide?; cuando financian seguridad, ¿qué dependencia institucional construyen?

La disputa no es solamente contra los Carteles; es por el territorio, los recursos, la información y la capacidad soberana de decidir. Mientras se destinan miles de millones a seguridad, los pueblos enfrentan militarización, desplazamiento, pobreza, contaminación, despojo y criminalización. La historia demuestra que cuando la guerra llega a los territorios, rara vez permanece limitada al enemigo declarado.

Para terminar, todo parece indicar que tendremos narcotráfico para rato. A los Estados Unidos y la DEA les interesa que siga existiendo y expandiéndose, para ellos es mejor combatir ese «enemigo degradado», que ellos mismo reproducen y alimentan, que enfrentar a los pueblos que se levantan por construir un mundo mejor.

Lo complicado del cuento, es quién crea y reproduce una realidad ficticia, termina creyéndosela y pareciéndose a ella.

¿Acaso los Policías y Militares colombianos no saben que no existen vínculos del ELN con el narcotráfico y que son historias inventadas por ellos? Claro que sí. El talante y el valor de los guerreros se mide en la verdad de lo que se dice y de lo que se defiende.

Fuente: ELN Voces