por Wilmar Castillo

El 10 de agosto, nos sacudió un terremoto que quitó la vida a 331 personas, dejó heridas a 4.519 y no se encuentran entre los escombros a 136 víctimas. Sin dejar a un lado la afectación a casas, hospitales, centros educativos, empresas, edificios de apartamentos, iglesias, cuya recuperación económica se calcula en 42.1 billones de pesos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Desastres (Ungrd), lo que representa el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.

Son muchos los temas críticos que se desprenden de esta reciente crisis humanitaria que sufre el pueblo colombiano, por lo que centraré la atención en la iniciativa de algunas familias para resolver la falta de hogar y la respuesta represiva del Estado. El gobierno ilegítimo de Abelardo De La Espriella (ADLE) es blanco de críticas en las redes sociales desde el inicio del terremoto. No alcanzaría este artículo a desarrollar una a una las cagadas de ADLE, el gabinete ministerial y de los socios empresarios que también están buscando negocios entre los escombros.

Una de las respuestas oficiales de ADLE, ha sido el subsidio de arriendo por tres meses que va entre los 600.000 y 800.000 aproximadamente, para las personas que no pueden vivir en sus casas, dañadas por el terremoto. Así mismo, el tema de la reconstrucción de los hogares, ya sean casas o edificios de apartamentos, no tiene una hoja de ruta clara que permita establecer fechas exactas de implementación y entrega de inmuebles, pues se menciona una diversidad de actores privados, nacionales e internacionales, que supuestamente van a apoyar esta reconstrucción, junto al Estado colombiano.

Ante la incrementada necesidad de tener pronto un techo digno para sobrevivir, los y las damnificadas lo hacen en albergues construidos por las alcaldías y gobernaciones, otros han acudido a sus familiares, y otro sector tomó la decisión de levantar asentamientos en zonas rurales, en predios públicos. Sobre este último, resalto el caso de la comunidad del refugio temporal “Fénix-Bendición de Dios”, ubicado en el Parque de la Vida, vía Combita-Marsella, departamento de Risaralda.

Fueron desalojadas 30 familias el 1 de septiembre por miembros de la policía y el ejército nacional, porque según las instituciones, el predio hace parte del batallón San Mateo. Las denuncias con pruebas en fotos y videos circulan en redes sociales, medios alternativos y en Personería de Pereira, la Defensoría del pueblo y la Procuraduría, para que se haga justicia ante la represión sufrida por parte de los cuerpos armados y se les resuelva pronto su condición de damnificados a estas víctimas (1).

El Estado colombiano no responde eficazmente este tipo de crisis, por el contrario, aplica una serie de acciones que revictimizan a las familias afectadas por el terremoto, que al final, terminan resolviendo colectivamente un espacio donde vivir mientras se reconstruye su patrimonio. A estas salidas populares e inmediatas, el Estado responde con brutalidad policial y militar, campañas de estigmatización oficial y no oficiales, dentro del marco de las soluciones del gobierno nacional que demoran por sus trámites burocráticos y resuelven parcialmente a la población damnificada.

Esta ola de revictimizaciones, acumulan el desencanto frente a las instituciones del Estado: Porque quienes “nos defienden”, nos expulsan violentamente de un predio público; porque quienes administran las ayudas económicas, no conocen la realidad de un territorio; porque los tiempos vigentes de los tramites estatales son igual o peor de lentos ante una crisis humanitaria como la que dejó el terremoto del 10 de agosto. Al final, el Estado actual no sirve para garantizar los derechos de las personas y mucho menos la dignidad.

¿No hay alguna luz de esperanza entre tanta ansiedad y oscuridad hacía el futuro? Creo que la materialización particular de la solidaridad, a partir del 10 de agosto, es una pista de la solución real que tenemos las comunidades. Los colectivos de voluntarios/as que buscaron personas entre los escombros, reúnen víveres, así como aquellos que están apagando los incendios en otros territorios del país, son la muestra concreta de qué se puede hacer frente al Estado colombiano. Así mismo, debe encontrarse una materialización solidaria para el problema de la falta de vivienda y las necesidades que se le suman para poder sobrevivir.

No soy un creyente de las denuncias llevadas a las entidades como la Defensoría del Pueblo o Personería, porque tienen la función de recibir las quejas de las víctimas del Estado para hacerles creer que tendrán una solución eficaz del mismo victimario. Por el contrario, sí es palpable una ayuda cuando se reúnen colectivos y logran que las víctimas de un terremoto o un incendio, reciban un mercado; falta, claro está, ampliar la perspectiva de la crisis humanitaria y organizar una manera colectiva de resolver aquellos problemas de largo plazo, como el espacio para sobrevivir, pues requiere de mayor esfuerzo y creatividad.

Habría que mirar las experiencias de las recuperaciones de tierras a manos del campesinado y pueblos indígenas; así como de la ocupación de edificios o lotes abandonados en las ciudades por parte de familias sin techo; pero esto también parte de no solo el establecimiento de redes solidarias populares, sino de cambiar la visión que se tiene del actual Estado colombiano, y asumir la voluntad de reconstruir colectivamente la vida, con iniciativa, imaginación, voluntad de poder popular, autonomía y capacidad de defender esos proyectos colectivos.