por Lucio W. Cabezas
La movilización popular puede poner en jaque a un gobierno, pero no basta con salir a las calles para construir una alternativa de poder. La experiencia boliviana lo demuestra: sin conducción política, objetivos compartidos y una estrategia capaz de convertir el descontento en fuerza organizada, la resistencia corre el riesgo de desgastarse mientras sus adversarios consolidan posiciones. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) se declara en emergencia sin definir sus próximos pasos, en Santa Cruz avanzan proyectos institucionales y de control territorial impulsados por sectores conservadores. La diferencia no es menor: unos reaccionan ante la coyuntura; otros trabajan para modificar las condiciones en las que se librará la próxima disputa política.
El movimiento popular todavía no ha hecho el balance que necesita. Los 53 días de movilización constituyeron una resistencia activa, pero no lograron traducirse en una dirección capaz de articular las demandas sectoriales con un horizonte político común. La eliminación de la subvención al diésel mediante el DS 5716, que elevó su precio de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro, se suma al encarecimiento de los servicios básicos y las tarifas eléctricas. El malestar social tiene causas concretas. Sin embargo, la indignación no sustituye a la organización, ni la convocatoria a la insurrección reemplaza la construcción de una plataforma de lucha.
Hay errores que seguimos arrastrando. El voto nulo, las decisiones tomadas sin cálculo político y el respaldo indirecto a candidaturas que terminaron favoreciendo a Rodrigo Paz dejaron consecuencias que todavía no hemos discutido seriamente. También fue un error convertir la renuncia presidencial en consigna sin evaluar la correlación de fuerzas ni construir una salida política compartida. Un gobierno que controla el aparato estatal, dispone de recursos coercitivos y tiene capacidad de instalar su relato en los medios puede aprovechar esas debilidades. La judicialización de la protesta y las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales son parte de ese escenario. Llamar dictadura a cualquier forma de represión no basta: necesitamos explicar qué características tiene el poder que enfrentamos y cómo organizar una resistencia capaz de disputarle la iniciativa.
Mientras tanto, Santa Cruz avanza con una agenda propia. La creación de la Defensoría de las Cruceñas y los Cruceños, la proyectada Guardia Departamental y la propuesta de subordinar los comandos policiales a los gobernadores expresan una disputa que va más allá de la administración autonómica. Recuperan aspiraciones históricas de los sectores conservadores de la Media Luna y buscan ampliar su capacidad de intervención territorial. Frente a esa iniciativa, la fragmentación popular y las disputas por el liderazgo constituyen una desventaja estratégica.
La lección de la Guerra del Agua de Cochabamba, en el año 2000, sigue vigente. Nadie necesitó proclamar la insurrección como punto de partida: la lucha se articuló alrededor de una reivindicación concreta, comprensible y compartida. La defensa del agua frente a su mercantilización permitió que la movilización creciera hasta convertirse en una fuerza capaz de derrotar una política y cuestionar al poder que la sostenía. La insurrección fue el resultado de la organización, no un sustituto de ella.
Hoy, la unidad tampoco puede confundirse con la subordinación a un dirigente, una corriente o una organización. La marcha evista hacia La Paz, inicialmente planteada contra el DS 5716 y luego postergada sin fecha, evidencia las dificultades para articular una respuesta común. La fórmula de la unidad detrás de un liderazgo preestablecido termina expulsando a quienes no aceptan esa conducción. La unidad popular exige democracia interna, congresos representativos y capacidad de construir acuerdos, incluso entre sectores que discrepan políticamente.
En la tradición andino-amazónica, el consenso supone ceder para construir algo común. No podemos exigir al adversario que retroceda mientras nosotros nos negamos a resolver nuestras diferencias. Si el Gobierno apuesta por prolongar las medidas excepcionales y convertir cada conflicto en una oportunidad para reforzar su posición, la respuesta popular necesita organización, análisis y planificación. La resistencia pasiva puede evitar provocaciones que favorezcan la represión; la resistencia activa requiere objetivos, dirección y un plan para sostener la movilización.
No se trata de renunciar a la lucha, sino de impedir que el sacrificio de quienes salen a las calles termine favoreciendo a sus adversarios. Una insurrección popular sin liderazgo colectivo, sin plataforma política y sin estrategia para sostener sus conquistas no es el camino a la victoria: es el camino a la derrota. Antes de convocar nuevamente al pueblo, hagamos el balance, reconstruyamos la unidad desde abajo y preparemos una lucha que no se limite a resistir, sino que sea capaz de transformar la correlación de fuerzas.
