por Michael Roberts
Las recientes protestas de los estudiantes de secundaria y universitarios en Francia tienen un objetivo sencillo: conseguir más recursos para la educación. La crisis educativa en Francia se caracteriza por una grave falta de profesores, un empeoramiento de los resultados académicos y enormes déficits de financiación que van desde la escuela primaria hasta las universidades públicas. La educación pública en Francia es una de las más desiguales del mundo desarrollado: los colegios de las zonas más pobres tienen tan pocos recursos que el sistema educativo está consolidando la desigualdad. Las y los alumnos de los barrios más pobres se ven desproporcionadamente afectados por la falta de personal.
Los estudiantes franceses han sufrido una caída catastrófica y sin precedentes del 20 % en el presupuesto educativo por alumno desde 2017. Como dijo el economista francés de izquierdas Thomas Piketty:
El Gobierno, de mala fe, a veces se jacta de que el presupuesto nominal para la educación superior subió de 13 300 millones de euros a 15 500 millones entre 2017 y 2026 (+17 %). Eso es cierto, salvo que la inflación durante ese mismo periodo fue del 22 %, lo que significa que el presupuesto, en realidad, se redujo un 5 % en términos reales. A esto hay que añadir que el número de estudiantes pasó de 2,6 millones a más de 3 millones, un aumento del 15 %. El resultado es que el presupuesto por estudiante se redujo en torno a un 20 %.
Y continúa:
En la práctica, esto significa que cientos de miles de jóvenes se esfuerzan por conseguir su título de bachillerato, pero no hay nada previsto para acogerlos en la educación superior. El número de titulados de bachillerato en las ramas técnicas y profesionales aumentó considerablemente, pero las plazas en los programas de educación superior para ellos —IUT y BTS— no siguieron el ritmo. Como resultado, muchos acaban en programas universitarios masificados y más baratos que, a menudo, no se ajustan en absoluto a sus necesidades y aspiraciones. Para empeorar las cosas, la escasez de plazas en la educación superior se ha gestionado con la máxima opacidad y mediante un algoritmo incomprensible (Parcoursup), a pesar de los repetidos llamamientos de estudiantes, familias, profesores e investigadores para que se cambie el sistema.
Una investigación de la economista Asma Benhenda, basada en datos de nóminas del sistema educativo nacional francés, muestra que la proporción de profesores con contrato temporal o noveles en zonas privilegiadas como París o Hauts-de-Seine es de solo el 10 %. Esa cifra sube al 50 % en departamentos más pobres, como Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne, en los alrededores de la capital. El sueldo medio por profesor de secundaria es un 20 % más bajo en las zonas más pobres que en las más ricas, incluso teniendo en cuenta las (escasas) primas que se conceden por la educación prioritaria.
Los sueldos de las y los profesores franceses se sitúan sistemáticamente por debajo de la media de las economías avanzadas (OCDE). Un profesor francés con 15 años de experiencia gana menos de 40 000 €, un 20 % por debajo de la media. Quienes empiezan su carrera en Alemania ganan el doble que sus homólogos franceses. Sin embargo, las y los profesores franceses tienen que lidiar con jornadas lectivas más largas y con una de las peores ratios alumno-profesor de Europa. Como resultado, un número récord está abandonando la profesión.
Para cubrir la falta de personal, el Gobierno puso en marcha en 2022 un programa para contratar a profesores «por contrato» (a diferencia del sistema habitual de titularidad, en el que se les considera funcionarios). Se les impartió cuatro días de formación, a pesar de que a menudo no tenían experiencia previa en la enseñanza. Como era de esperar, muchos dimitieron en menos de seis meses, debido a la falta de formación o supervisión adecuadas.
No solo se están yendo las y los profesores. Con la escasez de supervisores, orientadores, médicos escolares y enfermeras, entre otros, es prácticamente imposible ofrecer los servicios de apoyo escolar que necesita el alumnado. La defensora de los derechos independiente de Francia, Claire Hédon, advirtió el año pasado que la falta de personal cualificado y de instalaciones adecuadas hacía que casi una cuarta parte de toda la infancia con discapacidad nunca fueran al colegio.
Así pues, no es de extrañar que, a medida que los colegios públicos se desmoronan poco a poco, las familias con más recursos se decanten por la educación privada. Pocos ministros del Gobierno tienen experiencia directa en el sistema educativo público, ya que muchos han estudiado en colegios privados de lujo. Sin embargo, estos colegios de pago también reciben financiación pública. Mientras tanto, las universidades públicas francesas se enfrentan a un déficit estimado de 8000 millones de euros, lo que ha llevado a casi todas las 75 instituciones públicas a tener presupuestos deficitarios.
Christine Renon, directora de una escuela infantil en Seine-Saint-Denis, se quitó la vida en su lugar de trabajo en 2019. Según una carta que había enviado al consejo de administración del centro, estaba «agotada». A continuación, detallaba las deficiencias y la falta de recursos de una organización que se había dejado pudrir. Esta tragedia debería haber conmocionado a las autoridades y llevado a una profunda revisión de la situación. Macron se comprometió a hacer de la educación una prioridad para su segundo mandato presidencial. Pero nada ha cambiado para mejor, solo para peor.
Lo que más preocupa a los estudiantes y profesores (y a los padres) en Francia es la educación, pero la educación es solo un aspecto del deterioro de los servicios públicos básicos. Francia ha contado con un sistema sanitario que era la envidia del mundo, por no hablar de Europa. El gasto era elevado, un 11,5 % del PIB anual. Como resultado, la esperanza de vida era mucho mayor que la media de la UE. Pero en las últimas décadas, el gasto público en sanidad se ha recortado hasta quedar muy por debajo del aumento de la demanda de servicios sanitarios, ya que la población francesa envejece y, por lo tanto, necesita más atención médica. Antes de 2008, el gasto sanitario aumentaba un 0,3 % del PIB al año. Desde 2009, la tasa de crecimiento del gasto sanitario se ha reducido a la mitad, hasta situarse en solo un 0,17 % del PIB al año. Y, sin embargo, la proporción de mayores de 65 años en Francia ha aumentado un 40 % durante el mismo periodo, es decir, más de diez veces el aumento del gasto sanitario. Como resultado, la esperanza de vida prácticamente ha dejado de crecer.
Crecimiento anual del gasto sanitario per cápita (en términos reales), 2014-2019 y 2019-2024 – fuente: OCDE
Al igual que en todas las grandes economías capitalistas, el coste de la vida para el hogar francés medio ha subido mucho, sobre todo desde que acabó la recesión por la pandemia –que trajo un repunte importante de la inflación– y, más recientemente, se ha visto agravado por la escasez de energía derivada de la guerra con Irán que sigue en marcha. Los precios para los hogares franceses medios están ahora entre un 18 % y un 20 % más altos que hace solo cuatro años y están empezando a subir de nuevo por culpa de la guerra con Irán. Los salarios reales (después de la inflación) solo han subido un 2,4 % respecto a hace cinco años y los niveles salariales siguen por debajo de donde estaban tras la pandemia. El poder adquisitivo no deja de bajar.
Teniendo en cuenta los impuestos y las prestaciones, el crecimiento de la renta media disponible de los hogares franceses ha seguido una tendencia a la baja en las tres primeras décadas de este siglo, ralentizándose hasta menos del 1 % anual bajo la presidencia de Macron.
En 2024, 9,8 millones de personas que vivían en viviendas normales en la Francia metropolitana se encontraban por debajo del umbral de pobreza monetaria (1337 euros al mes). La tasa de pobreza está en su nivel más alto (15,4 %) desde 1996, año en que comenzó la serie estadística. Las y los desempleados y las familias monoparentales siguieron siendo los grupos más afectados por la pobreza.
Aunque las desigualdades de ingresos y riqueza en Francia no son ni de lejos tan extremas como en Estados Unidos, siguen siendo escandalosas. De hecho, la desigualdad ha empeorado en los últimos 40 años. En 1983, el 1 % con mayores ingresos se llevaba el 7,5 % de todos los ingresos personales, el 10 % se llevaba el 30 %, y el 50 % con menores ingresos solo recibía el 21,4 %.
En 2022, el 1 % con mayores ingresos se llevaba el 12,7 % (un aumento de más del 60 %), mientras que la cuota del 10 % con mayores ingresos subió al 34,8 % y la del 50 % con menores ingresos bajó al 20,3 %. La desigualdad en la riqueza (riqueza personal neta) es, como suele ocurrir en todas las grandes economías, mucho peor. En 1983, el 1 % más rico de Francia poseía el 15,9 % de toda la riqueza personal, el 10 % más rico tenía el 50 %, y el 50 % más pobre solo poseía el 8,9 %. En 2022, esas desigualdades se agravaron aún más. El 1 % más rico ahora poseía el 24 % (un aumento de más del 60 %), el 10 % más rico poseía el 57,7 %, y el 50 % más pobre vio cómo su parte de la riqueza personal caía hasta apenas el 5,1 % (una caída del 48 %).
La jubilación y las pensiones son temas clave para los trabajadores y trabajadoras. Las pensiones no son prestaciones de asistencia social, sino salarios diferidos que se deducen en forma de cotizaciones del salario actual para garantizar una vida digna en la vejez. Las y los trabajadores franceses llevan décadas luchando para conseguir pensiones a una edad de jubilación razonable. Francia destina alrededor del 14 % de su PIB a las pensiones, una de las tasas más altas de Europa y significativamente superior a la de países como el Reino Unido, que gasta alrededor del 5 % de su PIB y, por lo tanto, ofrece la pensión estatal más baja del mundo capitalista avanzado. Pero las tasas de cotización (salarios diferidos), tanto de las y los trabajadores como de sus empresas, son, en consecuencia, elevadas: un 28 %.
Las empresas francesas y los sucesivos gobiernos han dedicado mucha energía en las últimas décadas a intentar revertir estos derechos de pensión mediante una combinación de aumento de las cotizaciones, reducción de las pensiones en términos reales y ampliación de la edad de jubilación. El argumento de los gobiernos, incluido el de Macron, es que una sociedad que envejece ya no puede permitirse estas pensiones generosas. Afirman que el sistema de pensiones se enfrenta a déficits estructurales, es decir, que los pagos superan ahora de forma habitual a las cotizaciones.
Cuando Emmanuel Macron se presentó a la reelección en 2022, dijo al electorado que habría que subir la edad de jubilación para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones del país. Impuso un cambio en la edad de jubilación, que pasó de los 62 a los 64 años. Pero subir la edad de jubilación y recortar las pensiones en términos reales afectará mucho al nivel de vida de los franceses cuando se jubilen.
Una vez más, al igual que en muchos otros países de Europa, Francia está atravesando una crisis de la vivienda cada vez más grave. Hay dos millones de solicitudes de vivienda social pendientes; nunca verán satisfechas sus necesidades. El aumento de los alquileres, la inflación y la presión económica están llevando a las familias al límite como nunca antes. Desde ciudades superpobladas hasta un coste de vida que se dispara, la situación se está volviendo insostenible para millones de personas. Millones de ciudadanos y ciudadanas franceses se ven ahora obligados a vivir en sus coches mientras la crisis de la vivienda en toda Francia sigue saliéndose de control.
En resumen, los servicios públicos de Francia –asistencia social, carreteras, transporte, centros juveniles, recogida de basura, alcantarillado y suministro de agua, etc.– llevan décadas deteriorándose. Un gobierno tras otro responde diciendo que estos servicios ya no son asequibles. Y sus economistas defensores de la corriente dominante sostienen que hay que poner fin al enorme aumento de la deuda del sector público y a los continuos déficits presupuestarios anuales. En los últimos 15 años, la ratio de deuda pública (deuda respecto al PIB) ha aumentado significativamente. La deuda pública francesa alcanzó el 119 % del PIB a mediados de 2026 y se espera que aumente hasta el 121,7 % en 2027.
La austeridad es el mensaje del Gobierno de Macron: no hay otra opción, le dice a la gente. El proyecto de presupuesto tiene como objetivo reducir el déficit público al 5 % del PIB en 2027, tras el 5,4 % de 2026 y el 5,1 % de 2025. Para ello se necesitan 43 000 millones de euros en nuevas medidas. Sin ellas, el Gobierno calcula que el déficit alcanzaría alrededor del 6,5 % el año que viene. Las nuevas medidas consistirían en la supresión de 3000 puestos de la función pública para 2027 sin sustitución; la eliminación de 1500 puestos de la función pública, un límite máximo de 5000 millones de euros para el gasto público en sanidad; recortes en el seguro de desempleo y en los planes de pensiones, la supresión de dos días festivos nacionales (el Día de la Victoria y el Lunes de Pascua) para aumentar la productividad; y, una vez más, nuevos recortes en el gasto regional y local.
Por supuesto, hay una parte del gasto público que no se recortará: la defensa. El Día de la Bastilla de 2025, Macron anunció que el presupuesto militar de Francia alcanzará los 64 000 millones de euros para 2027, tres años antes de lo previsto. En concreto, este año se añadirán 3500 millones de euros, y otros 3000 millones en 2027; todo ello para cumplir el compromiso de la OTAN de aumentar el gasto nacional en defensa de los países miembros hasta el 5 % del PIB para 2035 (un 3,5 % en gastos militares y un 1,5 % en infraestructuras). Como miembro clave de la OTAN que percibe la amenaza rusa como grave, Macron se ha comprometido a cumplir este objetivo.
Le Monde, el principal medio de comunicación francés, considera que la «máxima prioridad de Francia debe ser tranquilizar a los inversores sobre su capacidad para sanear sus finanzas». Así que los mercados financieros mandan. Pero todo este discurso sobre el gasto público desmesurado y la deuda no es más que una cortina de humo de los gobiernos franceses y de los vigilantes de los bonos de los mercados financieros, que están vendiendo bonos del Estado francés y aumentando el coste de financiación tanto para los gobiernos como para los hogares.
Lo que siempre se pasa por alto es que la deuda del sector privado no financiero de Francia es, en realidad, mucho mayor que la del sector público. La primera alcanzó el 134,2 % del PIB en 2026, más de un 30 % por encima de la media de la zona del euro. Es el sector privado (con el endeudamiento inmobiliario y la especulación financiera) el que resulta más vulnerable. Y cuando se produce una crisis financiera en el sistema capitalista, es el sector público el que tiene que rescatar a los bancos privados o a los principales prestamistas. Además, en las recesiones capitalistas, el Gobierno tiene que gastar más en prestaciones por desempleo y recauda menos en impuestos, por lo que los déficits públicos se disparan.
La historia de la deuda pública francesa muestra que es precisamente en los periodos de recesión capitalista y crisis financieras cuando la deuda pública aumenta más y, después, los tenedores de bonos exigen al gobierno que reduzca esa deuda recortando servicios y pensiones y subiendo los impuestos. Tras la recesión de 1980-82, un crecimiento económico más rápido y las medidas de austeridad frenaron el aumento de la ratio de deuda en 1987. Luego, la siguiente recesión de 1991-93 aceleró de nuevo el aumento de la deuda antes de que la recuperación económica (y más medidas de austeridad) acabaron provocando una caída de la ratio de deuda. Después, la crisis financiera mundial y la Gran Recesión que le siguió provocaron un aumento del 20 % en la ratio de deuda. Las severas medidas de austeridad aplicadas durante la Larga Depresión de la década de 2010, caracterizada por un crecimiento lento, acabaron frenando cualquier nuevo aumento de la ratio de deuda antes de que la recesión provocada por la pandemia la hiciera subir de nuevo. Lo que esto demuestra es que, sin el impacto de varias crisis del capitalismo, la ratio de deuda pública respecto al PIB apenas habría aumentado. Cada ronda de medidas de austeridad tiene como objetivo reducir la ratio de deuda pública causada originalmente por las crisis del sector privado, donde la deuda sigue aumentando.
La verdadera causa de la crisis de capacidad de pago de Francia es su importante desaceleración económica. En el siglo XXI, Francia ha experimentado un bajo crecimiento del PIB real: en constante descenso durante los últimos cuarenta años. Y ahora, en la década de 2020, prácticamente se ha estancado.
Francia: crecimiento medio anual del PIB real (porcentaje). Fuente: FMI
No hay más que ver las pensiones: si el crecimiento económico de Francia fuera solo un 1 % anual superior a la media actual del 1,5 %, eso generaría 30 000 millones de euros al año en ingresos públicos, cifra que ascendería a 40 000 millones de euros en 2035. Con las tasas de cotización actuales, eso supondría 10 000 millones de euros adicionales al año en cotizaciones a las pensiones, lo que revertiría fácilmente los déficits previstos. «El problema fundamental es que la economía no ha crecido lo suficientemente rápido», afirma Rupert Watson, director global de economía de Mercer. «El problema no es lo que reciben las y los jubilados, sino la falta de crecimiento económico».
Al igual que en las demás economías del G7, esta desaceleración se debe al débil crecimiento de la inversión. La caída del crecimiento de la inversión productiva suele provocar un estancamiento de la productividad laboral, y Francia no es una excepción. De hecho, la productividad total de los factores (una medida del impacto de la «innovación») está disminuyendo en términos absolutos.
Detrás de cualquier estancamiento relativo en el crecimiento de la inversión y la productividad se esconde la caída de la rentabilidad del capital francés. La rentabilidad del capital francés empezó a descender bruscamente a principios del siglo XXI (con la llegada del euro) y se aceleró tras la Gran Recesión. La rentabilidad media se encuentra ahora cerca de su mínimo histórico tras una caída durante la crisis de la pandemia.
¿Qué hay que hacer? En abril-mayo de 2027 se celebran en Francia las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las encuestas actuales sugieren que el partido racista y antiinmigrante Rassemblement National, liderado por la veterana Marine Le Pen, va muy por delante y ganará la primera vuelta de las presidenciales. Pero, ¿cuál es el eje central del programa económico de Marine Le Pen si gana las elecciones presidenciales el próximo abril? ¡Austeridad fiscal! Promete recortes de 136 000 millones de euros en el gasto público, así como la privatización y el cierre de diversos activos estatales, con el fin de reducir el gasto público por debajo del 50 % del PIB para 2032. Rassemblement National afirma que reducir la inmigración y dejar de pagar a la Unión Europea resolverá la crisis de la deuda.
El partido de izquierdas La France Insoumise (LFI) y su candidato, Jean-Luc Mélenchon, podrían muy bien quedar segundos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, así, entrar en una lucha directa con Le Pen. La respuesta de Mélenchon a la llamada crisis de la deuda pública es condonar la parte de la deuda que tiene el banco central (ya que el banco central forma parte del Gobierno) para permitir un mayor gasto público. Pero eso seguiría dejando la mayor parte de la deuda pública (el 82 %) a merced de los vigilantes de los bonos, que venderían los títulos del Estado francés a la primera de cambio si Mélenchon ganara. Mélenchon propone subir los impuestos sobre el capital y sobre los hogares más ricos para que pueda aumentar el gasto en servicios públicos. Como es lógico, esto es un anatema para las grandes empresas, los vigilantes de los bonos y el Banco Central Europeo.
En una próxima entrega, más cerca de las elecciones del año que viene, hablaré de cuál debería ser la alternativa socialista a la crisis de sostenibilidad de Francia.
Fuente: Blog de Michael Roberts
Traducción: Viento sur
