por Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN
En Colombia, los gobiernos pasan inexorablemente, sus discursos y narrativas se tornan intrascendentes, como un cambio de traje entre desfile y desfile de una pasarela.
Así, después de décadas de guerras, acuerdos de paz y promesas de seguridad llega un nuevo presidente con un programa centrado en la «seguridad», ofreciendo «mano dura» y la «amenaza abierta del uso de la fuerza».
En 1978, Julio César Turbay Ayala promulgó el Estatuto de Seguridad como instrumento para combatir la subversión. Bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, se amplió la intervención militar sobre la población civil y se restringieron garantías fundamentales. Organizaciones de derechos humanos e investigaciones históricas documentaron detenciones arbitrarias, torturas y persecución contra sindicalistas, estudiantes, intelectuales y opositores.
La categoría de enemigo interno convirtió la sospecha política en justificación represiva. La seguridad del Estado terminó confundiéndose, peligrosamente, con la protección del orden establecido. En ese entonces se hizo famosa la sentencia: «es preferible condenar un inocente que un culpable quede libre».
Décadas después, Álvaro Uribe Vélez institucionalizó la Seguridad Democrática. Su gobierno cacareó la recuperación del control territorial, el fortalecimiento militar y la derrota de las guerrillas como condiciones para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, esa estrategia fue inseparable de graves violaciones de derechos humanos, así como de la expansión y consolidación del paramilitarismo, cuyas estructuras y relaciones con sectores del establecimiento y de las instituciones estatales han sido objeto de investigaciones judiciales y de variados testimonios de implicados en los acontecimientos.
A ello se suman las ejecuciones en estado de indefensión, ampliamente documentadas. La supuesta promesa de proteger a la población convivió con prácticas que victimizaron a civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. Como siempre, la seguridad estaba asociada a la protección de grandes propietarios, poderes mafiosos y élites económicas y políticas, antes que a la garantía efectiva de los derechos de una población empobrecida y marginada.
Hoy, don Abelardo, vuelve a traer la propuesta de un estatuto antiterrorista, que resulta interesante examinar sus alcances a la luz de sus vínculos profesionales previos con clientes y sectores de poder, que podrían verse favorecidos por determinadas decisiones. A ello se suma el endurecimiento de las medidas de intervención policial frente a las protestas.
El Gobierno ha anunciado herramientas jurídicas para enfrentar a los grupos armados ilegales y combatir el terrorismo; sin embargo, organizaciones y sectores críticos advierten sobre los riesgos de definiciones excesivamente amplias, poderes extraordinarios y disposiciones que terminen extendiendo la sospecha y la criminalización a la movilización social.
Es cuando la seguridad es la doctrina recurrente que amenaza. Aunque los contextos son distintos, se da la tendencia a reducir conflictos sociales, políticos y territoriales complejos a meros problemas de orden público, exigiendo respuestas primordialmente militares, convirtiendo al contradictor en una amenaza absoluta, la protesta se vuelve sospechosa y la diferencia política queda expuesta a la vigilancia y la persecución. La contradicción es clara, mientras se invoca la democracia, se estrangulan las condiciones materiales para ejercerla.
Colombia ha conocido despojos, desplazamientos, concentración de la tierra y expansión de proyectos extractivistas por medio de la violencia. Hay que investigar quién se beneficia de la militarización, qué intereses económicos protege y qué derechos vulnera.
Otro elemento conecta estos períodos: las relaciones entre sectores del poder político, redes mafiosas y estructuras paramilitares, así como el conocimiento que de ellas tenían funcionarios estadounidenses. Archivos desclasificados del National Security Archive documentan que Washington recibió información y señalamientos sobre presuntos vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares y narcotraficantes, sin que ello impidiera el fortalecimiento de la cooperación militar con su gobierno.
Para el período de Julio César Turbay Ayala, los documentos estadounidenses registran políticos afines al gobierno relacionados con narcotraficantes. Los archivos dejan claro que Washington sí conocía, pero al ser aliados y partícipes de dicha doctrina conservaron su respaldo y garantizaron silencio.
Igual acontece con Abelardo de la Espriella, su nacionalidad estadounidense y sus vínculos políticos con sectores republicanos están reportados públicamente. Los procesos que se siguen contra Alex Saab, y ex socios o ex clientes señalan sus turbias prácticas. Sin embargo, sigue siendo respaldado por Washington, así como lo ha hecho con gobiernos cuestionados por sus relaciones con estructuras ilegales, siempre y cuando garanticen cooperación militar y alineamiento estratégico.
La experiencia colombiana muestra que los intereses de seguridad de Estados Unidos pesan más que los derechos humanos y la dignidad del país.
A esta arquitectura se suma la dependencia militar y tecnológica y la protección de intereses corporativos transnacionales, el respaldo irracional a Israel, en medio de las graves denuncias internacionales por su actuación en Gaza.
Hoy, se agrega otro componente, el espectáculo mediático y la egolatría televisada completan el dispositivo, el gobernante convertido en protagonista, la fabricación permanente de enemigos y la política como espectáculo desplazan o anulan el debate sobre la desigualdad, la deuda, la devastación ecológica y la construcción de paz. Se crea mucha niebla para ocultar los temas de interés de la población.
La ironía es brutal, se destinan recursos públicos a ampliar los dispositivos de control mientras las comunidades reclaman agua, vivienda, educación, salud y participación efectiva. Más represión, menos derechos; más negocios, menos soberanía.
Estamos ante una realidad donde la paz se ha reducido a firmar acuerdos y la democracia a votar. Se requiere entonces que las comunidades decidan sobre sus territorios, que se investiguen los vínculos entre criminalidad, redes empresariales, poderes políticos y Estado, y que se respeten los derechos colectivos frente a los intereses económicos.
Ningún estatuto puede convertir la protesta en delito. Ningún showman sustituye a la justicia. El pueblo no nació para ser audiencia de los poderosos ni territorio disponible para el negocio ajeno y el poder extranjero. La paz se construye con derechos, la soberanía se ejerce desde los pueblos y la democracia comienza cuando las comunidades pueden decidir, realmente, sobre su propio destino.
ADENDA 1: Si bien las élites recompensan a quienes les sirven, no significa que les profesen lealtad o respeto. Y cuando el libreto no se sigue al pie de la letra aparecen los Rodrigo Lara. Aunque para don Abelardo también le puede correr la receta. Todos sabemos dónde reside el verdadero poder.
ADENDA 2: El show no es cuento, es la niebla que nos cubre. Se retiran las obras de arte y se difunden fotografías que denotan su ausencia, al mismo tiempo aparece De la Espriella con su discurso sobre la «contrarrevolución cultural» haciendo que todos miremos a ese mismo lugar. Mientras tanto, sin que nadie se dé cuenta, se produce «el milagro» de un Decreto.
Fuente: ELN Voces
